Ramón Flores, Presidente del Parlamento Amazónico, capítulo Venezuela, a propósito de los 517 años de la conquista, aseguró que los pueblos indígenas que habitan el territorio venezolano, desde tiempos ancestrales, “continúan siendo unos desterrados en su propio país, por causa de las políticas económicas, pero especialmente por los efectos nefastos de la minería y otros planes extractivitas insustentables como los mal llamados plan de la patria y arco minero.
“Los Pueblos indígenas de Venezuela, cuya población está conformada por más de 700.000 personas, según el último censo nacional de 2001, a 517 años de la conquista y colonización de América, sufren un nuevo proceso de recolonización, pero ahora por parte del régimen de Nicolás Maduro, quien ha violentado sus derechos ancestrales reconocidos y establecidos en la Constitución de 1999, en el Capítulo sobre los derechos Indígenas (artículos 119 al 126), los cuales forman parte del Título III, correspondiente a los derechos humanos y garantías”, resaltó
Flores precisó que se ha conformado un cuadro de desplazamiento de sus habitats milenarios, como es evidente en los casos de los pueblos Waraos del estado Delta Amacuro y los Pemones del estado Bolívar, “los cuales han sido víctimas del abandono, la represión y persecución sistemática por parte del régimen usurpador, siendo obligados a emigrar hacia Brasil”.
Aumento de las enfermedades
“A 517 años del comienzo de la conquista-colonización de América y 521 años de la llegada de Cristóbal Colon al territorio que es hoy Venezuela, el 2 de agosto de 1498, han aumentado las enfermedades como el paludismo, la tuberculosis, el dengue, la chikungunya, la desnutrición, el VIH, es decir, toda una gama de enfermedades contagiosas que se salieron de control, porque fracasaron de manera rotunda las políticas sanitarias en los últimos 20 años”, precisó Flores.
-En el caso del estado Zulia –prosigue el parlamentario-, la entidad con mayor población indígena de Venezuela, los pueblos Wayu, Bari, Yukpa, Añu, Japreria, comparten los rigores de la falta de agua, electricidad, salud y bienes esenciales, además de la exclusión social y étnica.
Flores hizo especial mención en los planes carboníferos del régimen de Maduro en su mal llamado “plan de la patria”, que impacta el ambiente de la Sierra de Perijá, sus áreas protegidas y las comunidades indígenas Yukpas, Bari, Japrerias y Wayuu, aparte de afectar también las reservas de agua dulce del estado Zulia.
Desconocen la Constitución
“Los derechos indígenas establecidos en la Constitución Venezolana son letra muerta. El régimen no los respeta”, sentenció el parlamentario. “Se ha incumplido en un 78 por ciento, en la demarcación de las tierras y el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas que establece el artículo 119 de la Constitución vigente, así como el mandato de la Disposición transitoria décimo segunda, la cual reza: “La demarcación del hábitat indígena a que se refiere el artículo 119 de esta Constitución, se realizará dentro de dos (2) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución”.
“Los regímenes de Chávez y Maduro, desconocieron la Constitución, ya que apenas han otorgado entre un 12 y 13% de las tierras que ordena la carta magna. En consecuencia, repito, los derechos indígenas constitucionales son letra muerta”.
Durante sus declaraciones destacó la deuda que tiene el Estado con los pueblos indígenas. “Además de la histórica y moral del Estado y la sociedad con sus primigenios habitantes, desde los orígenes de la República, existe la deuda de la Constitución de 1999, así como de lo establecido en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades de 2005, luego de 17 años de discusión, ya que fue el Congreso Nacional que elaboró el Proyecto de Ley original en 1987. Igual sucede con el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo de 1989, ratificado por la Republica en 2000, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos indígenas de 2007, así como la “Ley Orgánica de la Mega Reserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonia”, sancionada por la Asamblea Nacional el 27 de octubre de 2018, que consagra un Titulo sobre la demarcación sustentable de las tierras indígenas, entendida como parte de los derechos y deberes transgeneracionales.
“Hoy se podría afirmar que la resistencia indígena continúa contra el régimen de Maduro, tal como se ha evidenciado con la represión sangrienta que fue objeto el pueblo indígena Pemón”, indicó.
Despojo Consumado
-El Régimen de facto que usurpa el poder en Venezuela –prosigue el Presidente del Parlamento Amazónico-, ha consumado un despojo a los pueblos indígenas, utilizando su imagen y sus luchas, para promoverse como redentor de los excluidos, a cambio de simples dadivas burocráticas. Existen ministerios, representantes legislativos, y otros cargos, pero la pobreza, el hambre, las enfermedades, las migraciones y la exclusión étnica continúa en el régimen despótico y corrupto de Maduro.
-En los estados Amazonas, Bolívar y una parte de Delta Amacuro, en la Reserva Forestal de Imataca, el régimen extractivista y rentista, ha promovido en forma sistemática la minería, precisamente en ecosistemas frágiles, protegidos por las figuras ambientales de parques nacionales, monumentos naturales, reservas de biosfera, reservas forestales y otras áreas bajo régimen de administración especial o de especial importancia ecológica, de la cual dependen las estratégicas reservas de agua dulce, biodiversidad y energía, de la que dependen a su vez los pueblos indígenas y todo el país.
Flores catalogó de anti indígena y anti ambiental al régimen de Maduro, porque además del mal llamado arco minero, promueve la estrategia de implicar a las poblaciones vulnerables, incluyendo a los indígenas en sus planes escocidas para tratar de que ejecuten una especie de atentado contra su propio hábitat, En otras palabras, que se conviertan en corresponsables de su propia destrucción, utilizando todo tipo de necesidades que padecen los pueblos indígenas, que van camino hacia una hambruna socialista.
El Sínodo de Obisos
El diputado Ramón Flores, por otro lado, apuntó que “el Parlamento Amazónico y la Asamblea Nacional, saludan la realización del Sínodo de Obispos, convocado por el Papa Francisco, entre el 6 y el 27 de octubre en curso, cuya temática central es precisamente la Amazonia constituida por Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Surinam, Guayana y Venezuela. Allí se abordarán los problemas de la deforestación, los incendios, la minería, el aumento de la frontera agrícola, forestal y ganadera, el aumento del cambio climático, todo conceptualizado bajo las premisas de una Ecología integral, desarrollada en la Encíclica de la iglesia, lanzada por el Papa, en su Laudato Si, La Casa Común”.
“La Iglesia Católica ha relanzado y fortalecida su doctrina, sin duda, teniendo presente que la creación, representada por los seres humanos y demás seres vivos, el planeta en su conjunto como un órgano con vida, está en peligro ante el avance del cambio climático y sus efectos catastróficos, la destrucción de la PANAMAZONIA, pero también las selvas de África, la desertificación, la contaminación de los océanos, las amenazas de las áreas protegidas y los pueblos vulnerables como los indígenas”, añade con tono esperanzador ante los llamados de la Iglesia Católica.
“Los proyectos políticos que orienten el futuro de la humanidad y de Venezuela, deben contribuir a esa causa de la supervivencia, ya que las actuales formas existentes no son sustentables, tal como lo han señalado las Naciones Unidas y sus órganos especializados. Se requiere un país y un planeta sustentable, en un marco de diálogo de culturas, civilizaciones, de encuentros, para superar los conflictos, las guerras, la pobreza y la destrucción ambiental”, puntualizó Flores a modo de mensaje final.
Nota de prensa