Líderes separatistas catalanes serían condenados a hasta 15 años de cárcel

Miembros de los medios de comunicación se reúnen ante el Tribunal Supremo antes de un juicio contra políticos separatistas catalanes, en Madrid, España, el 12 de febrero de 2019. REUTERS/Susana Vera

 

El Tribunal Supremo de España planea condenar a líderes separatistas catalanes a un máximo de 15 años de prisión por su papel en la estrategia independentista de 2017, dijo el sábado una fuente judicial a Reuters.

Algunos de los más destacados líderes catalanes juzgados serían declarados culpables de cargos de sedición y malversación de fondos públicos, pero no de la acusación más grave de rebelión, dijo la fuente a Reuters.





La decisión fue tomada de forma unánime por los siete miembros del tribunal superior, agregó la fuente, quien indicó que se espera que el veredicto sea firmado por los jueces y se haga público la próxima semana, probablemente el lunes.

El principal juez del caso, Manuel Marchena, se negó a comentar sobre las filtraciones a los medios de comunicación.

Sin embargo, añadió que “todo está abierto (porque) una sentencia no se completará hasta que sea firmada por todos los jueces”. Marchena habló con la prensa durante un acto de celebración del Día de la Fiesta Nacional de España y sus comentarios fueron citados por medios españoles como La Vanguardia y ABC.

Una portavoz del Supremo declinó comentar las informaciones.

Los principales periódicos españoles -como El País, La Vanguardia y El Mundo- han publicado información similar sobre la sentencia, citando también fuentes.

El fallo podría provocar una fuerte reacción en Cataluña, donde el empuje independentista de hace dos años desencadenó la mayor crisis política que vive España en décadas.

También podría complicar la política española en el período previo a la cuarta elección nacional en cuatro años.

Las acusaciones se basan en el papel de los líderes en un referéndum celebrado en octubre de 2017, a pesar de haber sido declarado ilegal por los tribunales españoles, y de una efímera declaración de independencia de la región económicamente más importante de España.

Nueve de los doce políticos y líderes sociales catalanes llevan casi dos años en prisión preventiva.

La Fiscalía acusó a los nueve dirigentes encarcelados de cargos de rebelión y había pedido la pena de prisión más larga, 25 años, para Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña. Pero el tribual planea sentenciarlo a 13-15 años de cárcel, dijo la fuente judicial.

La sedición es considerado un delito contra el orden público, mientras que la rebelión implica acciones más fuertes.

Las penas serían más bajas para los otros ocho líderes que ya están en la cárcel, dijo la fuente. Los tres políticos que actualmente están fuera de prisión serían declarados culpables de desobediencia, lo que no conduce a la prisión, agregó.

En los argumentos finales del juicio de junio, los líderes separatistas dijeron que no hicieron nada malo y que estaban siendo procesados por actos políticos. Algunos de sus abogados admitieron que podrían haber sido culpables de desobediencia pero negaron la acusación más grave de rebelión.

“INJUSTO”

Los partidos separatistas han pedido una desobediencia civil masiva, pero pacífica, si los líderes no son absueltos.

“Una sentencia que no sea absolutoria es totalmente injusta”, dijo el sábado en un acto político Pere Aragonès, un importante dirigente de la izquierda separatista catalana Esquerra Republicana de Catalunya, cuyo presidente es Junqueras.

“Han tratado de decapitarnos y ahora quieren culminarlo pero no lo lograrán (…) no harán desaparecer a los millones de separatistas de este país”, agregó el partido en un comunicado.

El partido antiindependentista de centroderecha Ciudadanos hizo un llamamiento al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para que defienda el tan esperado veredicto.

“Sea cual sea la sentencia, debe cumplirla, no perdonar (a los condenados) o darles privilegios no merecidos en prisión”, dijo la portavoz en el Congreso de los Diputados de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en un mitin en Barcelona.

Reuters