La Justicia sudafricana pospuso de nuevo hoy el comienzo del juicio contra el expresidente Jacob Zuma (2009-2018) por un acuerdo armamentístico supuestamente corrupto, al informar la defensa de que apelará contra los cargos que se le imputan.
La decisión se dio a conocer en la sede del Tribunal Superior de Pietermaritzburg, en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal (este), y la próxima vista quedó provisionalmente fijada para el 4 de febrero.
Sudáfrica aguardaba con expectación esta audiencia, ya que el pasado viernes la Justicia había denegado la petición interpuesta por los abogados de Zuma para que se retirasen todos los cargos, alegando que las acusaciones tenían motivos políticos, que hubo muchos retrasos que dificultan la defensa y que, en definitiva, no estaba garantizado un juicio justo.
Ese veredicto allanaba el camino para que el proceso comenzase hoy después de más de un año de prórrogas y procedimientos preliminares, pero la intención de la defensa de recurrir los cargos ante una instancia judicial superior deja de nuevo el inicio en suspenso.
“El señor Zuma ha estado listo para hacer frente a este juicio durante más de 14 años”, aseguró su abogado, Thabani Masuku, antes de aclarar que, no obstante, el expresidente “pretende ejercer el alcance completo de sus derechos constitucionales, lo que incluye el derecho a apelar”.
Así pues, el equipo defensor tendrá hasta noviembre para solicitar la apelación.
Por su parte, fiscal del caso, Billy Downer, recalcó durante la audiencia que la acusación pública está “lista” para comenzar el proceso y anticipó que la Fiscalía argumentará en contra de la apelación anunciada por el equipo de Zuma.
Al terminar la sesión, el exmandatario se dio un pequeño baño de masas junto a los varios cientos de seguidores que se congregaron en Pietermaritzburg para mostrarle su apoyo.
En ese marco, desde un escenario, el exmandatario y sus seguidores recalcaron la tesis de que es víctima de una caza de brujas política.
La muchedumbre, sin embargo, era esta vez más pequeña que en otras ocasiones, ya que, según los medios locales, los afines de Zuma ya no cuentan con tantos fondos para fletar autobuses con seguidores.
De hecho, los medios locales especulan con una potencial falta de capacidad financiera del exmandatario para afrontar el juicio si hubiera comenzado hoy.
En esta causa a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude por cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas realizadas en relación a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
La imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, la Fiscalía anunció finalmente la acusación formal contra el expresidente.
Zuma había dimitido solo un mes antes, forzado por su propio partido debido a los múltiples escándalos de corrupción que le salpicaban y que habían acabado con su imagen de “presidente del pueblo”.
De forma paralela a esta causa, Zuma también es protagonista de otras investigaciones por presunta corrupción.
La más notoria es la conocida como la “Captura del Estado”, una presunta trama corrupta durante su gobierno mediante la cual el aparato del Estado quedó, supuestamente, supeditado a beneficiar al expresidente, a otros altos cargos del oficialismo y a empresarios afines.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
EFE