Ante la conducta reiterada de un estado fallido a través de las acciones y omisiones de los Jefes de INPARQUES,con la cual no se garantiza la protección del ambiente y a su vez aplican una injusta y continuada degradación de los Derechos Laborales, el Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos del Instituto Nacional de Parques (SUNEP-INPARQUES) le solicitó al Ministro del Ecosocialismo, Ingeniero Oswaldo Rafael Barbera Gutiérrez, su actuación inmediata dada la grave situación en que se encuentra la institución.
Uno de los planteamientos presentados al Ministro del Ecosocialismo fue la homologación del monto de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Instituto Nacional de Parques al monto del salario del cargo que ocupaban al momento de salir jubilados con respecto a lo que recibe un trabajador regular, por cuanto al no hacerlo, las autoridades de INPARQUES violan “el principio de igualdad y no discriminación” establecido en el artículo 21 de la constitución y violan “el principio de intangibilidad y progresividad” de los derechos y beneficios laborales establecidos en el artículo 89 dado que, cuando notifican al trabajador mediante oficio su Jubilación, de una vez le informan que le reducen considerablemente su salario, en abierta violación a la Constitución, situación que se agrava por cuanto a los jubilados le eliminaron el beneficio laboral correspondiente al Bono de alimentación. La organización sindical afirma que en forma reiterada le han realizado dicha solicitud a las aitoridades del Instituto Nacional de Parque y a la fecha no han obtenido la oportuna y adecuada respuesta que establece la Constitución.
Por otra parte, SUNEP-INPARQUES le solicitó al ministro Barbera Gutiérrez, la destitución de las autoridades del Instituto Nacional de Parques “por permitir, autorizar y consentir actividades prohibidas” que destruyen y degradan el ambiente en el en el Parque Nacional El Ávila, que constituyen delitos ambientales sancionados en la Ley Penal del Ambiente.
El sindicato denuncia que en el Parque Nacional El Ávila se han estado construyendo lujosas mansiones en violación de toda la normativa legal dictada para regular y proteger los parques nacionales. A título de ejemplo, señalan el sitio denominado La Loma, donde hay una construcción para una vivienda sin permiso de INPARQUES; en San Antonio bajando hacia Vargas, después de la posada Hacienda Vieja y la Posada Miradas, hay una mega construcción de una vivienda; y en San José sector Los Mangos, otra afectación de grandes dimensiones.
SUNEP-INPARQUES sostiene que las autoridades del instituto son responsables por permitir y autorizar estas prácticas degradantes del ambiente en el Parque Nacional El Ávila y afirma que, por falta de transparencia, no se sabe quienes son los verdaderos propietarios de esas lujosas mansiones, permitidas y autorizadas por las autoridades del instituto pero, en ejercicio del derecho a la contraloría social que tienen los ciudadanos para proteger el ambiente se comenta que los propietarios de esas lujosas mansiones serían altos funcionarios del gobierno o relacionados con el gobierno.
Así mismo, la organización sindical denunció que recientemente, que el día 19/10/19 se realizó en el Parque Nacional El Ávila una actividad de bicicletas “expresamente prohibida” en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional, denominada ENDURO SERIES VENEZUELA, promovida como la 2da. Válida de competencia de bicicletas tipo Enduro, la cual contó con la promoción y autorización de las autoridades del Instituto Nacional de Parques.
Este Sindicato, en fecha 27/09/19 denunció ante las autoridades del instituto esta actividad “por ser una actividad expresamente prohibida” en el Parque Nacional El Ávila y solicitó que “fuera suspendida” porque se estaría cometiendo un delito ambiental. Las autoridades del instituto, en violación del artículo 51 de la Constitución y de la Ley Orgánica de la Administración Pública “no nos dio la oportuna y adecuada respuesta”, que es un derecho de todos los venezolanos, al contrario “permitieron y consintieron” que se cometiera un delito ambiental.
SUNEP-INPARQUES sostiene que, con esta conducta, el Estado Venezolano demuestra que “es un Estado fallido”, porque no se respeta la constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela “como norma suprema del ordenamiento jurídico”, ni se respeta el ordenamiento jurídico que regula las actividades en los Parques Nacionales.
Como agravante a esta situación, las autoridades de INPARQUES, habiendo permitido la violación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, ahora promueven su revisión y modificación, presumiblemente para cambiar la zonificación a fin de hacer permisibles los usos y actividades actualmente prohibidos, que se encuentran en desarrollo o que se han efectuado al margen de la ley.
En este mismo orden, el sindicato le hace referencia al ministro que en fecha 15/10/19, solicitó ante la Fiscalía Ambiental 87 con competencia nacional, que dictara una medida cautelar urgente de suspensión de la actividad de bicicleta “expresamente prohibida” en los Parques Nacionales denominada ENDURO SERIES VENEZUELA. La Fiscalía ambiental “tampoco dio respuesta” permitiendo que en forma abierta “se cometieran delitos ambientales” sancionados en la Ley Penal del Ambiente y, afirma el sindicato que esta falta de acción demostró nuevamente, que el Estado venezolano “se está convirtiendo en un Estado fallido” donde las instituciones no son capaces de cumplir con la Constitución y con la ley.
El Sindicato de los Trabajadores de INPARQUES no solo fundamentó las solicitudes y denuncias anteriormente señalada sino que también formalmente le solicitó al Ministro Barbera Gutiérrez que, en los términos del artículo 51 de la Constitución y en ejercicio de sus competencias, realice una investigación rigurosa y urgente sobre lo que está ocurriendo en el Parque Nacional El Ávila, que se establezcan las responsabilidades administrativas pertinentes y, en consecuencia, se proceda a la destitución de las autoridades del Instituto Nacional de Parques “por permitir, autorizar y consentir actividades prohibidas” en los Parques Nacionales; que se solicite a la Fiscalía del Ministerio Público que haga un investigación y establezca las responsabilidades penales por los delitos ambientales que se estarían cometiendo y que se establezcan las responsabilidades civiles por los daños causados al ambiente.
Comunicado de Prensa
