Roger F. Noriega: Los narco regímenes contraatacan

 

Los dictadores latinoamericanos amplifican el descontento público legítimo en toda la región, y lo manejan como una potente arma política.

Después que el narcorégimen de Venezuela sobrevivió una campaña apoyada por Estados Unidos para deponer a Nicolás Maduro, los criminales están financiando el contragolpe. La quema de vagones del metro en Chile, marchas violentas en Quito , la renovada lucha armada en Colombia y la represión destinada a robar una elección en Bolivia son pruebas inquietantes de que la izquierda criminal no dará cuartel en la lucha por el poder. Ese también fue el mensaje claro cuando un ejército de gángsters mexicanos en el estado de Sinaloa obligó a liberar al hijo de “El Chapo” Guzmán de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Ciertamente, estos incidentes reflejan problemas domésticos muy diferentes. Sin embargo, hay un enemigo común en ellos: estados revolucionarios con una trayectoria de décadas que atacan la democracia y el estado de derecho, que colaboran con el crimen organizado transnacional y comandan recursos financieros masivos y una red de activistas radicales.

Las batallas callejeras contra las “medidas de austeridad” no son nuevas, y las protestas que se tornan violentas no son exclusivas de América Latina. Sin embargo, los comunistas y los delincuentes en las Américas no han ocultado su agenda destructiva. Si bien Cuba una vez organizó guerras de guerrilla con el respaldo soviético, la lucha se trasladó a batallas urbanas en las calles, financiada por narcodólares y el saqueo de los ingresos petroleros de los venezolanos.

En junio, la 25ª reunión del Foro de São Paulo, una reunión de activistas de izquierda de 20 países de las Américas, atacó la “agenda agresiva” del presidente Sebastián Piñera en Chile, denunció la “ofensiva reaccionaria” del presidente Lenin Moreno en Ecuador, y respaldó la candidatura inconstitucional de Evo Morales en Bolivia. El comunicado final de la reunión en Caracas también condenó el “genocidio” en Colombia y etiquetando de “neoliberales, autoritarios y profascistas” a los presidentes Jair Bolsonaro de Brasil, Mauricio Macri de Argentina, Iván Duque de Colombia y muchos otros.

A principios de este mes, refiriéndose a los disturbios en varios países cuyos gobiernos han criticado el narcorégimen de Venezuela, el dictador Nicolás Maduro declaró que los planes del Foro “están avanzando perfectamente”. Su cohorte Diosdado Cabello se jactó alegremente: “Esto es solo una brisa suave, el huracán viene ahora “.

La Organización de los Estados Americanos no se equivocó al culpar de “las recientes corrientes de desestabilización” a las dictaduras de Cuba y Venezuela” Este mes de octubre en un comunicado emitido por el actual Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, respondió a las amenazas de Cabello, diciendo: “Durante años, la dictadura venezolana, con el apoyo de la dictadura cubana, institucionalizó la cooptación sofisticada, la represión, la desestabilización y las estructuras de propaganda mediática en la región”.

Por supuesto, hay quejas legítimas que han fomentado el descontento en la región. Sin embargo, no se puede descartar el papel deliberado de los dictadores en la región al manipular ese descontento como arma política. De hecho, estos regímenes se destacan por avivar los disturbios populares para avanzar en sus agendas políticas. Su dominio de las tácticas de seguridad interna les ha permitido someter a sus países, incluso cuando los han destruido. Se estima que los expertos chavistas, con participación cubana, han saqueado $ 350 mil millones, una fracción de los $ 5-7 mil millones en subsidios soviéticos anuales que mantuvieron a flote al régimen de Castro mientras sembraba el caos en Centroamérica. Alimentar la violencia de la mafia es mucho más barato y exige un alto precio a los líderes democráticos que intentan preservar el orden sin derramar sangre.

Lleno de dinero y liderado por caudillos criminales durante 20 años, hoy el narcorégimen venezolano está totalmente integrado en una red transnacional de crimen organizado. La destrucción de las instituciones gubernamentales y la destrucción de las fuerzas de seguridad son parte de su modelo de negocio criminal. Así, también, está financiando partidos y candidatos políticos corruptos, apuntalando a líderes corruptos y atacando a cualquiera que se interponga en el camino.

Es poco lo que la diplomacia estadounidense puede hacer para ayudar a un gobierno a lidiar con los problemas domésticos. Sin embargo, el apoyo político de EE. UU., el intercambio de inteligencia, los recursos de aplicación de la ley y los dólares de ayuda deben movilizarse para detectar, exponer y contrarrestar la interferencia criminal. Como mínimo, Estados Unidos debe alentar al presidente de México a adoptar una política de seguridad interna creíble para enfrentar a los grupos del crimen organizado que operan con virtual impunidad en la actualidad. Un desglose a gran escala en México tiene implicaciones asombrosas para la seguridad fronteriza y el bienestar económico de los Estados Unidos.

El líder chileno Piñera debería dejar en claro que, si bien ha remozado su gabinete para abordar las quejas legítimas de los pobres y la clase media, no se rendirá al gobierno de la mafia. Los líderes chilenos responsables en el centro-izquierda deberían cooperar con Piñera para dar forma a una agenda de reformas; y deberían declarar que un presidente expulsado del cargo por alborotadores sería un duro golpe para la restaurada democracia de Chile.

El brasileño Bolsonaro ha dejado en claro que su gobierno está listo para sofocar las violentas protestas. Aún así, el Partido de los Trabajadores (PT) está profundamente integrado en la izquierda internacional y tiene recursos masivos mal adquiridos para alimentar los disturbios. Bolsonaro debería hacer un mejor trabajo implementando y explicando sus esfuerzos para impulsar y compartir la prosperidad. También debe implementar medidas urgentes para desmantelar las redes criminales que apoyan al PT.

Colombia está lidiando con una explosión de coca, guerrillas resurgentes y el impacto económico de 1,5 millones de refugiados de la vecina Venezuela. El presidente Duque debería invocar el Tratado de Río para contrarrestar a los grupos terroristas respaldados por Venezuela que planean ataques y acumulan fortunas por su contrabando de cocaína y oro.

La OEA debe continuar sus esfuerzos para evitar que Morales se robe una victoria de primera ronda en Bolivia. Queda por ver si una auditoría detectará sospechas de fraude, si la oposición puede sostener sus protestas pacíficas, o qué tan lejos irán las fuerzas de seguridad bolivianas para ayudar a Morales a evadir una segunda vuelta.

El Grupo Técnico de la OEA sobre Delincuencia Organizada Transnacional debería convocar una conferencia entre los estados dispuestos a compartir información sobre el movimiento de personas sospechosas, fondos o armas a través de las fronteras para fomentar la violencia política. Estados Unidos debería compartir lo que su Administración de Control de Drogas y la comunidad de inteligencia saben sobre la extensa red criminal, financiada por el narcorégimen venezolano, que amenaza a los estados democráticos. Y todos los gobiernos deben comprometerse a cooperar para investigar, exponer, condenar y desmantelar esa interferencia extranjera subversiva.

Los gobiernos de ideas afines deben organizar una cumbre de líderes políticos, activistas de la sociedad civil y empresarios para lanzar una alternativa constructiva al Foro de São Paulo, comprometidos con la promoción de la libertad económica y política y el empoderamiento individual.

Finalmente, mientras haya un narcoestado operando en Venezuela, ideado por Cuba, la agitación reciente en América Latina continuará. Washington debe revisar urgentemente su política hacia Venezuela y obtener el apoyo de los estados de primera línea para llevar ante la justicia a los criminales que lideran el régimen ilegítimo en Caracas. Y, por fin, es hora de que la dictadura cubana pague un precio por sembrar la violencia contra las democracias de la región.


Roger F. Noriega fue Embajador de los Estados Unidos ante la OEA y Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental desde 2001-05. Es miembro visitante del American Enterprise Institute, y su firma Visión Américas LLC representa a clientes estadounidenses y extranjeros.

Publicado originalmente en The American Interest el 7 de noviembre de 2019 como “The Narcoregimes Strike Back”. Traducción libre del inglés por lapatilla.com