Seis desconocidos durmieron sobre el frío suelo de la cafetería de Ana Bertha el jueves 17 de octubre. Era un día apacible en Culiacán hasta que grupos de hombres armados, ráfagas de balas, explosiones y vehículos incendiados súbitamente transformaron en una zona de guerra a la capital del mexicano estado de Sinaloa. Eran las 14.50 y el narcotráfico desató toda su furia contra la ciudad para que el Ejército liberara a Ovidio Guzmán, hijo del criminal Joaquín «El chapo» Guzmán. Ovidio acababa de ser detenido y el cártel estaba dispuesto a todo por lograr su libertad.
Por abc.es
«Nunca nos habíamos sentido atacados por el narco», dice Ana Bertha sobre ese traumático día, denominado «jueves negro», en el que la relación de Culiacán con el crimen organizado por primera vez se resquebrajó. Tres civiles muertos, las calles bloqueadas y los negocios se convirtieron en improvisados refugios donde se imploraba que terminara el horror. La ciudad era rehén del Cártel de Sinaloa y el mensaje al gobierno era claro: liberar al Chapito o las acciones contra la ciudadanía irían en aumento. Doblegado por el narcotráfico, el Gobierno mexicano optó por soltar a Ovidio.
La polémica liberación de Ovidio ha sido la primera gran crisis que sufre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador desde que tomó las riendas del país en diciembre de 2018. El músculo exhibido por el cártel ha puesto contra las cuerdas al Ejército y a un gobierno que se vieron superados por la rápida y quirúrgica operación del narco. El hijo del Chapo había sido capturado a las 14.30 y veinte minutos después la ciudad era un infierno. Y es que, además, desestabilizaron varias estructuras clave: unos 50 presos se fugaron de una cárcel, mientras que los sicarios rodearon una base donde viven familiares de militares destinados a Sinaloa. Así, el Ejército mexicano también se convirtió en un rehén del narco.
La arriesgada jugada
«Sí, el gobierno perdió con ese operativo; pero el narco perdió mucho más porque ha dañado su relación con la sociedad culiacanense. Jamás puedes darle la espalda a tu aliado que, en este caso, es gran parte de la sociedad», explica Tomás Guevara, sociólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para quién aquél 17 de octubre, o «jueves negro», marca un punto de inflexión en la relación de Culiacán con el Cártel de Sinaloa. «Hay una fisura que podría ocasionar una ruptura mayor».
«Se matan entre ellos, si tú no te metes no pasa nada». Ese es el utópico mantra con el que los culiacanenses, y gran parte de México, se protegen mentalmente para pensar que el crimen organizado no les hará nada mientras ellos se mantengan alejados. El «jueves negro» mostró a Culiacán que ese ilusorio pensamiento es falso. «Pensábamos que el narco cuidaba de nosotros, pero ese día vimos que si tienen que atacarnos para protegerse, lo harán», dice José, taxista.
Precisamente, Sinaloa vivía desde mediados de 2017 un importante descenso de la inseguridad. Mientras que la criminalidad no ha parado de crecer en todo México, el estado del que es originario el famoso Cártel de Sinaloa ha reducido su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 53 en 2017 a 26,1 en 2019 hasta octubre. «Se contrataron 1.200 nuevos policías y ahora hay unos 7.000 elementos», dice Ricardo Jenny del Rincón, coordinador de la organización ciudadana Consejo Estatal de Seguridad Pública, para explicar por qué mejoró la seguridad en Sinaloa.
También hay otros factores. «El Chapo» fue arrestado por tercera vez en enero de 2016. Su captura abrió una batalla entre los hijos del narcotraficante y una facción liderada por Dámaso López, alias «El Licenciado», quien fue capturado en mayo de 2017. El fin de la guerra por el control del cártel es otro factor que ha producido ese periodo de paz relativa en Sinaloa. Y es que la existencia de un solo cártel que controla todo el negocio genera un cierto mayor nivel de seguridad que en lugares donde hay una batalla abierta entre dos o tres grupos por el territorio o la plaza.
«En teoría nos ‘protegen’ de que lleguen otros grupos y se arme desmadre, pero siento que ha sido una manera de ganar nuestra confianza y, así, poder usarnos cuando sea necesario», concluye José.
Rehenes de la ciudad
Culiacán es la cuna de la narcocultura mexicana. Además de «El Chapo», varios narcotraficantes míticos de México son de Sinaloa como Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Marcos Arturo Beltrán-Leyva, o Ismael «El Mayo» Zambada. Todos son personas de orígenes humildes que encontraron en el contrabando de estupefacientes una vía para amasar una inmensa fortuna. Es por eso que el relato sigue atrayendo a jóvenes de los barrios más pobres, quienes ven el narco como la única manera de prosperar en un país de enormes desigualdades. «Más vale vivir cinco años de rey y no 50 de buey», es el lema que convence a muchos a tomar este peligroso camino.
El «jueves negro», sin embargo, ha sido un detonante para que miles de culiacanenses salieran el 27 de octubre a marchar en una manifestación contra la violencia y la mitificación de la narcocultura. La manifestación organizada por Culiacán Valiente congregó a más de 2.000 personas en el Parque de las Riberas, la zona por la que ocurrió todo el enfrentamiento entre los narcos y el Ejército.
«Fuimos rehenes en nuestra propia ciudad: cerraron el aeropuerto, bloquearon puentes y calles. El miedo colectivo nos unió», dice Jorge, uno de los miembros de Culiacán Valiente, un movimiento que al estilo del 15-M no tiene líderes y aglutina a grupos de diferentes tendencias políticas para, en este caso, protestar contra la violencia y la cultura de devoción al narco. «El ‘jueves negro’ se desmitificó esa imagen del narco como ‘el salvador’. La gente no dimensionaba el tamaño del monstruo y es un punto de inflexión para que Culiacán se levante», concluye Majo, quien también pertenece al movimiento.
México va camino de cerrar 2019 como su año más sangriento desde que comenzó a recolectar cifras en 1997. Entre enero y septiembre, el país sufrió unos 29.000 homicidios dolosos, cifra que probablemente supere los 36.685 asesinatos registrados en 2018. «El mensaje que dejó el gobierno con lo de Ovidio fue el de un estado doblegado por la violencia», denuncia José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano.