El gobierno interino de Bolivia abre este sábado conversaciones con la oposición para acabar un mes de violencia que deja 32 muertos, mientras el Senado se apresta a dar luz verde a nuevas elecciones.
“Estamos comenzando a dialogar para pacificar el país”, afirmó el viernes el ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, uno de los encargados de establecer puentes de acercamiento con vecinos y campesinos leales al expresidente Evo Morales.
El gobierno provisorio estuvo labrando durante días un acercamiento con los sectores que encendieron protestas en varios departamentos del país en apoyo a Morales y en rechazo a su sucesora, la derechista Jeanine Áñez.
Según Núñez, en caso de alcanzar un acuerdo durante la reunión de diálogo en el Palacio Quemado (sede presidencial), de la que participarán “todas las organizaciones que están movilizadas”, los opositores “suspenderían los puntos de bloqueo” que aún se mantienen en algunas zonas del país, como en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, y en la cocalera Chapare (centro), bastión inexpugnable del exgobernante indígena.
Bolivia pasa por su peor crisis en 16 años tras las elecciones generales del 20 de octubre.
En ellas Morales, tras casi 14 años en el poder, fue proclamado vencedor para un nuevo mandato de cinco años, pero la oposición alegó fraude y encendió las calles contra el líder indígena. La OEA encontró irregularidades en el proceso.
Presionado por las protestas y tras perder el apoyo de las fuerzas militares y la policía, el entonces presidente se vio forzado a dimitir el 10 de noviembre.
Morales partió al exilio en México denunciando un golpe de Estado, mientras sus leales lanzaron una contraofensiva que hundió en el caos a buena parte del país.
Las protestas dejan 32 muertos, al menos 17 de ellos en enfrentamientos con las fuerzas combinadas de militares y policías.
– “Terrorismo” o “montaje” –
La crisis pareció tomar un rumbo más incierto cuando la fiscalía anunció, más temprano el viernes, una investigación formal contra Morales por “terrorismo y sedición”, a raíz de una denuncia del ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.
El funcionario acudió a la justicia con un audio en el que se escucha supuestamente a Morales instruyendo a un partidario cocalero a cercar las ciudades e interrumpir el suministro de comida, mediante el bloqueo de vías.
El jueves el exgobernante denunció en Twitter los planes del gobierno de Áñez para enredarlo en un “juicio internacional” con base en un “montaje”.
En principio, Morales, de 60 años, respondería en su condición de expresidente, desprovisto de fuero especial, en un proceso que podría terminar en su enjuiciamiento y eventual condena de hasta 30 años de cárcel.
– A la espera de comicios –
El nuevo giro en la crisis coincide con la expectativa frente a la convocatoria a elecciones generales y la anulación del proceso del 20 de octubre.
El consultor político y excatedrático Iván Arias dijo a AFP que la medida contra Morales podría bien llevar a que “se fidelice su gente” o a asumir que “Evo ya es historia”.
Con mayoría en el congreso bicameral, el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, afina un acuerdo con las antiguas fuerzas de oposición para renovar el Tribunal Supremo Electoral y dar paso a nuevos comicios. Se espera que para este sábado haya luz verde.
Entretanto, la exsenadora Áñez soporta el descontento del sector indígena y campesino que apoya a Morales, y que en los últimos días ha librado fuertes choques con la policía y los militares.
El viernes, la mandataria interina pidió a sus opositores que la dejen cumplir con su trabajo por el “tiempo corto” que estará en el poder.
“Este es un gobierno de estricto carácter provisorio y tiene como propósito la pacificación del país y la convocatoria de elecciones libres y transparentes en el más breve tiempo”, añadió luego la exparlamentaria en un discurso oficial. AFP
