Dos años después que el electorado de la Florida aprobara restablecer el derecho al voto a expresidiarios, el Gobierno estatal de Florida sigue sin decidir cómo afrontar la disyuntiva creada ante el deseo de cobrar “cuentas monetarias pendientes” que no han sido saldadas.
El gobernador Ron DeSantis, que validó la ley promulgada por el Congreso estatal de “cobrar esas deudas”, ante la voluntad de los electores, sabe que la medida está a la espera del fallo de la Corte Suprema estatal y propone salir adelante con la revisión de caso por caso.
Al menos eso fue lo que se planteó en una reunión de jefes regionales de elecciones, en la que la directora estatal, Maria Matthews, instruyó a sus subalternos cómo proceder ´para saber si un expresidiario ha pagado las multas y gastos asignados por el tribunal, cuando fue juzgado.
De hecho, si finalmente el proceso de verificación es aceptado por el máximo organismo de Justicia del estado, “no se tendrá en cuenta las necesidades financieras” que una persona pueda tener.
El 6 de noviembre de 2018 la Florida votó reinstaurar el derecho al voto a personas con condenas por delitos graves que hayan cumplido sus condenas, con la excepción de quienes cometieron algún tipo de asesinato o violación sexual.
Desde entonces, legisladores estatales republicanos y demócratas se acusaron mutuamente de “manipular” las intenciones de restablecer el derecho al voto, tratando de atraer a los “nuevos votantes” a sus respectivos partidos.
Jueces
Mientras la Corte Suprema de Florida analiza si debe permitir o no a expresidiarios inscribirse para votar, sin tener que pagar supuestas deudas contraídas, la cuestionada ley estatal permite a jueces declarar si alguien ha cumplido todos los términos de su sentencia, independientemente de si debe dinero.
Por ello, una jueza de Miami-Dade se adelantó al esperado fallo del Supremo y dictaminó el pasado mes que una docena de exconvitos que reclamaba restablecer el derecho al voto.
Aplausos y vítores estallaron en la sala del tribunal de Miami-Dade, cuando la jueza Nushin Sayfie, del onceno circuito judicial de la Florida, optó por descalificar la necesidad de pagar “gastos y tarifas pendientes”, que el Congreso estatal considera “obligaciones financieras”.
El programa adoptado en Miami-Dade supone simplificar los casos en que las personas aún deben dinero, para permitir que la cantidad máxima de personas pueda votar.