La Junta Administradora Ad Hoc de la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP), filial de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), ratifica su compromiso institucional, legal y contractual con todos nuestros socios, esenciales para la reconstrucción de la industria petrolera y gasífera de Venezuela. Ésta también reconoce la importancia del sector privado y sus aportes a la industria. Esta Junta Administradora Ad Hoc es respetuosa de los contratos y acuerdos suscritos debidamente, no solo en el marco de la legalidad, aprobados por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sino en el marco de los principios de transparencia y buena fe entre las partes involucradas.
En virtud de lo contenido en el Artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Sección Tercera (De las Empresas Mixtas) del Capítulo III (Del Ejercicio de las Actividades Primarias) de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, esta Junta expresa su profunda preocupación sobre la celebración de acuerdos con algunos Socios B para la cesión de su ejercicio correspondiente a las actividades de exploración y producción que están reservadas al Estado.
Al respecto, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha expresado categóricamente su rechazo a la modificación accionaria de las empresas mixtas, así como a cambios en los términos y condiciones aplicables a las mismas y a la nulidad de mecanismos de endeudamiento y constitución de empresas mixtas sin aprobación del mencionado Poder Legislativo. Por consiguiente, esta Junta Administradora Ad Hoc de la CVP invita a las empresas privadas a mantenerse dentro del marco de la legalidad a los fines de garantizar las inversiones realizadas de conformidad con la ley y con los principios del Derecho Internacional de las Inversiones.
Todos aquellos actos destinados a incumplir o violar los niveles legítimos de aprobación necesarios para realizar actividades estipuladas en los contratos, serán desconocidos por esta Junta, la cual representa y resguarda los intereses de la Nación tanto como socio mayoritario en dichas sociedades mercantiles; así como uno de los entes del Estado que contribuye a garantizar las funciones de la Administración Pública.
Toda acción contraria a las normas de cumplimiento regulatorio será igualmente considerada contraria al principio de conveniencia nacional consagrado en el antes mencionado Artículo 302 de la Constitución. En este sentido, cualquier ente nacional o extranjero de naturaleza financiera, económica o regulatoria debe abstenerse de procesar cualquier trámite que viole el espíritu de ley venezolana, so pena del ejercicio de las acciones civiles, administrativas y penales previstas en nuestra legislación y en los acuerdos internacionales suscritos al respecto.
La Junta Administradora Ad Hoc de la CVP será intolerante y considerará espurios todos aquellos contratos o acuerdos que se realicen fuera del marco de los principios antes mencionados. Para que cualquier cesión y transferencia de acciones sea válida, y considerada así en el futuro, debe contar con la aprobación de esta Junta Administradora Ad Hoc de la CVP como representante del Socio A y por el Poder Ejecutivo (E) legítimamente constituido, en resguardo de los intereses de la República. En lo sucesivo, todos los casos serán revisados individualmente.
Nuestro compromiso es promover un ambiente apropiado para el desarrollo de negocios con sociedades presentes y futuras, con la debida recuperación de las inversiones, la obtención de ganancias justas y expectativas de rentabilidad.
Finalmente, esta Junta Administradora Ad Hoc de la CVP trabajará para desarrollar y mantener una relación fluida de negocios con todos nuestros socios, pues consideramos que su apoyo, conocimiento, inversión, credibilidad y confianza serán piezas clave para el éxito de la reconstrucción de Venezuela.