Griselda Reyes: Minorías deben presidir Asamblea Nacional en 2020

Reyes
La secretaria general de Acción Ciudadana en Positivo (ACEP), Griselda Reyes / Prensa

 

Para la responsable nacional de Acción Ciudadana en Positivo (ACEP), Griselda Reyes, un diputado de los partidos políticos de oposición que conforman la minoría en la Asamblea Nacional, debería presidir la junta directiva para el último período constitucional 2020 – 2021.

Nota de prensa





En aras de comenzar a construir consensos que beneficien al país, Reyes pidió respetar el acuerdo que se suscribió comenzando el año 2016 en el cual se establece que para el lapso 2020 – 2021 le toca a las fracciones minoritarias asumir la presidencia del parlamento, recayendo la primera vicepresidencia en PJ; la segunda presidencia en VP; la jefatura de fracción a AD; y la secretaría a UNT.

La máxima representante del partido de los ciudadanos, comparte la tesis según la cual Juan Guaidó – quien fue escogido como presidente de la AN el 5 de enero de 2019 y asumió las funciones del poder Ejecutivo el 23 de enero, siendo reconocido como presidente encargado por seis decenas de países del mundo –, debería separarse de su cargo en el parlamento para centrarse en la búsqueda de una vía para desplazar a Nicolás Maduro del poder.

“Si realmente esta Asamblea Nacional es incluyente, debería respetar el acuerdo de gobernabilidad que firmaron en 2016 y permitir que un diputado de la fracción minoritaria asuma la presidencia. Es momento de bajarle dos al enfrentamiento político. Venezuela clama unión, coherencia y sentido común de su dirigencia políticas. Es momento de darle un voto de confianza a las minorías para que asuman y conduzcan de la mejor manera el último año de este período legislativo”, refirió Reyes.

La dirigente política de ACEP cree que apenas se instale, la Asamblea Nacional debe abocarse a designar el Comité de Postulaciones que tendrá a su cargo la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), antes de que el Tribunal Supremo de Justicia dictamine un supuesto desacato. “El desacato es una figura jurídica que no es aplicable al Poder Legislativo” y que sólo ha sido esgrimida por el oficialismo para arrogarse funciones que no le competen.

“La Asamblea Nacional está en mora con el país. Lo importante es que, más que criticar su gestión, aprovechen este último año que queda para ponerse al día, legislar sobre lo realmente importante y tratar de poner fin a esta crisis que cada año se cobra miles de víctimas inocentes”.

Reyes considera como un error el hecho de que se haya permitido reincorporar a los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional, después del abandono descarado de sus cargos que hicieron en 2016, por cuanto al renunciar a la obligación que tenían con ese electorado que votó por ellos, perdieron su investidura.

A Reyes no le cabe la menor duda de que el oficialismo sólo se incorporará para sabotear cualquier salida que se pretenda a la crisis, pacífica y electoral.

La Asamblea Nacional se prepara este domingo 5 de enero para escoger a su nueva Junta Directiva de cara al inicio del último período legislativo, en cuyo año tendrá el desafío de enfrentar nuevamente a Nicolás Maduro, consolidado en el poder tras las elecciones presidenciales de 2018, a pesar de su desconocimiento por más de 60 países.

Antecedentes

El 4 de enero de 2016, la entonces Mesa de Unidad Democrática (MUD) – que ganó la mayoría calificada en las elecciones parlamentarias de 2015 –, firmó un pacto de gobernabilidad para garantizar su gobierno interno durante los cinco años de gestión y enfrentar como bloque al oficialismo que apenas obtuvo 55 de los 167 diputados. La coalición opositora se alzó con 112 curules.

El denominado “Acuerdo de Gobernabilidad en la Asamblea Nacional” estableció que durante la primera legislatura (año 2016), la presidencia del Parlamento quedaría en manos de Acción Democrática, concretándose la elección de Henry Ramos Allup en el cargo. Para el segundo año (2017), la presidencia correspondió a Primero Justicia, recayendo la responsabilidad en su coordinador nacional y diputado electo por Miranda, Julio Borges.

El tercer año (2018), la presidencia de la AN tocó a Un Nuevo Tiempo y fue asumida por su líder Omar Barboza; mientras que para el cuarto año (2019), el acuerdo cedía la presidencia a Voluntad Popular que correspondió a Juan Guaidó.

El acuerdo de gobernabilidad señala que en el último año del período 2016 – 2021 la Junta Directiva debería ser presidida por elección entre los partidos minoritarios de la Asamblea Nacional.

Sin embargo, la disolución de la MUD y su desplazamiento por el denominado G4 (AD, VP, PJ y UNT); los numerosos cismas ocurridos dentro de la oposición, que han derivado en la conformación de nuevas fracciones parlamentarias; las escabrosas denuncias de corrupción que han salpicado a por lo menos una decena de diputados; y la reincorporación a última hora de los diputados del PSUV al parlamento – instancia que abandonaron para participar de la írrita Asamblea Nacional Constituyente –, ha dejado en el aire el mencionado acuerdo y, hasta la fecha, se desconoce si se respetará el consenso de 2016 o si finalmente reelegirán a Guaidó al frente de la AN.

Mientras la oposición decide qué hará en el parlamento y si asiste o no a las elecciones legislativas que corresponden este año, Nicolás Maduro ha dicho que van con todo para recuperar la AN en 2020.

Según Maduro, las encuestas que él maneja arrojan una imagen de “fracaso” e “inutilidad” de la actual Asamblea Nacional para resolver los problemas ciudadanos. Esto, según él, porque la AN ha sido empleada para atacar su gestión al frente de la presidencia. “Se avecina un gran cambio en el país con las elecciones parlamentarias. Esperamos rescatarla para ponerla al servicio del pueblo”, ha dicho Maduro.