Un juez del Tribunal Supremo español pidió este viernes al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del expresidente catalán Carles Puigdemont en tanto que eurodiputado, a fin de que pueda ser extraditado a España y juzgado por el intento de secesión de 2017.
En un auto, el juez instructor Pablo Llarena pidió a la Eurocámara la suspensión de la inmunidad de Puigdemont y del que fuera su consejero regional de Sanidad, Toni Comín.
Ambos huyeron a Bélgica en octubre de 2017 tras el fallido intento de secesión unilateral en Cataluña, y en mayo de este año fueron elegidos eurodiputados.
Contra ambos pesan sendas euroórdenes, por las que la justicia española pide a Bélgica que se los entregue para ser juzgados, como ya lo fueron este año 12 de sus correligionarios.
En diciembre, Puigdemont y Comín pudieron recoger sus credenciales como parlamentarios europeos, gracias a una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre otro líder separatista catalán, Oriol Junqueras, elegido también eurodiputado en mayo.
En aquel momento, el dirigente, ex vicepresidente regional, se encontraba en prisión preventiva y no recibió permiso para cumplimentar los trámites a fin de asumir formalmente su cargo.
En una resolución en diciembre, el alto tribunal europeo le reconoció la condición de eurodiputado desde el momento de la proclamación de los resultados y la consecuente inmunidad, que debería haberle permitido salir de la prisión preventiva.
La decisión no alteró la situación del líder preso, condenado en España en octubre a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por sedición y malversación, pero permitió la toma de funciones de Puigdemont y Comín en la Eurocámara.
Ambos se anotaron una victoria adicional el 2 de enero cuando, según su abogado, un juez belga decidió suspender la orden de detención europea a la espera de que el Parlamento europeo, eventualmente, decida levantarles a ambos la inmunidad, como pide España.
Contraponiéndose al parecer de este juez belga, Llarena pidió este viernes a Bélgica que “deje sin efecto los plazos para resolver sobre las euroórdenes”, y ratificó también la orden de detención contra ambos en territorio español, “donde si son arrestados no les alcanzaría la inmunidad”.
El juez Llarena recordó que los cargos imputados a ambos, sedición y malversación, “son muy anteriores a su elección y no guardan relación alguna con su actividad en la Eurocámara”. AFP