Podemos aseverar, la línea discursiva de los integrantes de la Fracción 16 de Julio ha sido sobria, responsable y sostenida en torno a la suerte de la institución armada en Venezuela. Desde la perspectiva del debate parlamentario, ha cumplido con dos de los requisitos esenciales que marcan el contraste: por una parte, la denuncia de los hechos inmediatos que la aquejan bajo la fortísima hipoteca del Estado Criminal que también le sirve de sustento a los intereses foráneos que explican la propia supervivencia de la dictadura cubana; y, por el otro, respecto a sus consecuencias mediatas, más allá de ejercicio académico, ha profundizado en la tesis el Estado Cuartel.
En días recientes, la tal constituye produjo una tal ley constitucional de la Fuerza Armada que, por lo pronto, nos remite a algunos aspectos de los advertidos en distintas ocasiones por la citada Fracción Parlamentaria, cuando la Asamblea Nacional ha abordado el asunto. El propósito prefabricado, desde siempre, ha sido el de milicianizar a la corporación castrense a la vez que la dictadura logra militarizar a la sociedad civil, como evidentemente lo ha hecho como nunca antes en nuestro país.
Significa la creciente desespecialización y desprofesionalización del sector defensa, lesionando a los componentes tradicionales que lo explican, y, además, afectando severamente nuestra seguridad a favor de la guerra no convencional en curso, suficientemente alertada por los entendidos en este lado del mundo. Situaciones, como las ya denunciadas por la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), por ejemplo, ilustran la reorientación hacia el control por la fuerza de nuestras casas de estudios, mientras una tan elemental noción, como el de nuestra integridad territorial, dice perder significación e importancia.
La “reforma” del texto de la Constitución de 1999 que pretenden, a través de una “ley constitucional”, por cierto, extraña nomenclatura que revela la incapacidad de elaborar una impertinente propuesta constitucional alterna, esperando por la factura cubana, dibuja muy bien la perversión de un procedimiento que, lejos de serlo, versa sobre el cumplimiento de una vulgar orden. Nadie supo de proyecto alguno, antes ni después, por lo que, aprobada por el artefacto constituyente, huérfano de la más elemental discusión, condena a los tales constituyentistas a esperar por su publicación para enterarse de lo que obediente y ciegamente aprobaron.
Por lo demás, valga la ocasión, para referirnos a nuestra cultivada perspectiva teórica, pues, tiempo atrás, intercambiamos opinión con el Dr. José Alberto Olivar sobre el agotamiento y degeneración del Estado Cuartel en Venezuela, y, ahora, nos enteramos que, junto a la Dra. Joann-Peña, desarrollan una interesante y orientadora opción capaz de dar cuenta del nuevo estadio alcanzado. Sostuvimos un año, o menos atrás, que la experiencia ha terminado paradójicamente por destruir el soporte, la Fuerza Armada, ya recanalizada hacia una milicianización que nos deja a la intemperie de los retos estratégicos de otros y más altos calibres cuando esta dictadura pase.