Una excongresita colombiana que fue detenida en Venezuela en enero compareció el jueves en un tribunal de Caracas en medio de una inusual presencia de la prensa, afirmando que no sabe cómo terminó metida en el lío jurídico que vive tras protagonizar una teatral fuga. Aída Merlano, condenada a 15 años de cárcel por la justicia de Colombia en 2019 por compra de votos, se fugó en octubre tras bajar con una soga desde un consultorio en Bogotá y huir en la parte trasera de una motocicleta. Fue detenida a fines de enero en Maracaibo, capital del estado noroccidental de Zulia, en la frontera con Colombia.
Merlano llegó a la sede del tribunal escoltada por agentes uniformados y armados con fusiles, sin esposas en las muñecas e impecablemente vestida con pantalones negros, camisa blanca y chaqueta roja. Habló durante 45 minutos en la sala donde una jueza dijo que la ley venezolana contempla que un procesado puede declarar si así lo solicita.
“De manera desesperada atravesé la frontera”, dijo Merlano sentada en un pequeño estrado. “Le pido al presidente de este país (…) que se me brinde protección”, agregó la excongresista, que aseguró que teme por su vida si es devuelta a Colombia.
Tras narrar parte de su vida personal y carrera política, así como el proceso en el cual terminó condenada, Merlano negó nuevamente las acusaciones por las que fue condenada en su país y sostuvo que “no sé cómo terminé metida en todo esto”.
Su caso se ha convertido en un rompecabezas, porque el gobierno del mandatario colombiano, Iván Duque, reconoce a Juan Guaidó, como el legítimo presidente de la nación suscrita a la OPEP.
Sin embargo, es Nicolás Maduro quien retiene el control del aparato estatal, incluyendo las instancias para una eventual extradición de Merlano.
Merlano fue trasladada a Caracas y está imputada por los delitos de uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir, según la fiscalía. Está detenida en una de las sedes de la policía de inteligencia venezolana (Sebin).
La comparecencia de Merlano en la sede de los tribunales, en el centro de Caracas, fue anunciada por el régimen chavista, que extrañamente invitó a los medios de comunicación a la sesión.
“Esto es un circo”, dijo a las afueras del edificio judicial el abogado Omar Mora Tosta, activista y defensor de derechos humanos, al destacar que familiares de algunos políticos venezolanos presos y la prensa no pueden acceder a los tribunales o las audiencias son aplazadas infinidad de veces.
Reuters