Fue en 1721 cuando se crea la primera Universidad del País con el nombre de Real Universidad de Caracas, luego de que tanto el Cabildo como el Obispo de Caracas, solicitaran al Rey Felipe V de España, elevar el Seminario de Santa Rosa y concederle la licencia de Universidad. Al año siguiente, en 1722, el Papa Inocencio XIII le otorga el carácter de Pontificia, naciendo así la Real y Pontificia Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela. Sería en 1784 cuando el Rey Carlos III, a través de Real Cédula, consagra el principio de Autonomía Universitaria y establece que el Rector fuera electo por el Claustro Pleno y por un período de dos años, prohibiéndose su reelección.
Años después, sería Simón Bolívar uno de los principales defensores de la Autonomía Universitaria, toda vez que dotó a la Universidad de un robusto patrimonio económico con el fin de que esta pudiese trazar su propio destino, tal y como se desprende de declaraciones del Libertador “…dar a esta Universidad Central y a los Estudios de ellos, la planta que más conviene al presente, y dotarlos más adecuadamente destinados a su sostén varias fincas y rentas que, tienen por objeto otras obras piadosas de menor urgencia”.
El 24 de junio de 1827, se decretan los Estatutos Republicanos de la Universidad Central de Venezuela, que establecían en su Artículo 34 “La elección del Rector se hará el 20 de diciembre cada tres años en Junta General entre los Doctores de la Universidad…” y en su Artículo 250, Bolívar otorgaba todo un patrimonio económico para el buen funcionamiento académico y administrativo, además de la mencionada Autonomía Universitaria.
De este brevísimo paseo por la historia de la primera Universidad del País, damos cuenta de la defensa que hiciera el Libertador Simón Bolívar tanto de la Universidad como de su Autonomía, por lo que no deja de sorprender que un Gobierno que se hace llamar “Bolivariano”, se haya empeñado durante años y gracias a Dios sin éxito en destruir a la Universidad Central de Venezuela y demás Universidades Autónomas por el inconfesable motivo de no estar alineadas políticamente con el Poder de Miraflores. El Gobierno ha sometido a la asfixia económica a la Universidad venezolana con la intención de doblegarla; pero no bastando con esto, arremete nuevamente a través de una infame Sentencia del máximo Tribunal, digna de ser estudiada en las escuelas de Derecho como ejemplo de lo que no se debe hacer, mediante la cual se intenta pisotear el principio de Autonomía Universitaria que tanto defendió Bolívar, suspendiendo varios Artículos de la Ley de Universidades, para intentar un método de elección de autoridades en el que obreros (activos o jubilados), empleados (activos o jubilados), egresados, estudiantes y profesores, participen en igualdad de condiciones para elegir. Ordena también abrir cinco Registros Electorales, (uno por sector), y plantea que, para resultar electo Rector se debe sacar mayoría de votos en al menos tres sectores, además de mayoría de votos del universo electoral universitario.
Cabe preguntarse si el máximo Tribunal considera justo que estudiantes, profesores y egresados sufraguen en igualdad de condiciones que los obreros y empleados a la hora de elegir a sus representantes sindicales; o que profesores, empleados, egresados y obreros intervengan en igualdad de condiciones que los estudiantes a la hora de elegir a la representación estudiantil. Es absurdo pretender al momento de elegir autoridades profesorales, que participen en igualdad de condiciones todos los sectores que hacen vida en la Universidad.
Resulta evidente que esta Sentencia no es más que una nueva maniobra para tratar de establecer un sistema que les permita, violando el ordenamiento jurídico vigente, ponerle la mano a las Universidades Autónomas, o generar un panorama tan confuso en el proceso electoral que les permita desconocer a quien resultare electo.
En días recientes, el mismo TSJ, suspendió el dispositivo que ordenaba realizar elecciones el día 27 de febrero del presente año y bajo las absurdas condiciones establecidas en la Sentencia; pero tal y como suele hacer el Gobierno, deja pendiendo la espada de Damocles sobre la Universidad venezolana.
Debe estar preparada la Universidad para resistir este nuevo atentado contra su Autonomía como lo ha hecho a través de su historia. Estoy seguro que en los cinco sectores en los que divide la Sentencia a la comunidad universitaria, reina por sobre las diferencias el espíritu de defensa de la Universidad y su Autonomía. Solo organizados, preparados y atentos, seremos útiles a nuestras casas de estudio; la inacción no puede ser una opción. Ya en el pasado han ocurrido ataques similares, siendo uno de los primeros el intentado entre 1849 y 1858, cuando a través de reformas a la Ley se llegó al límite de establecer abiertamente que no podían proveerse cátedras a personas desafectas al Gobierno, reservándose también el Ejecutivo la potestad de remover catedráticos por el mismo motivo. Esto ocurrió durante el Gobierno del caudillo militar José Tadeo Monagas; el mismo que el 24 de enero de 1848 tomó por la fuerza el Congreso de la República en los sucesos conocidos como “El Monagaso”.
Cualquier parecido con la realidad actual, es mera coincidencia…
Reinaldo Antonio Sifuentes Ávila @Reinaldosif
Politólogo UCV
Abogado UCV
Profesor de la Universidad Central de Venezuela
Abogado en libre ejercicio
Concejal Metropolitano 2013 – 2017