Controlado de hecho el territorio y las armas de la República, tardando una semana en divulgar la Gaceta Oficial correspondiente, por fin conocemos el decreto de Estado de Alarma y, por cierto, las numerosas carteras ministeriales existentes. La tentación es la de hacer una básica consideración jurídica en la materia, pero la sola y desprevenida lectura del texto es de una inmoralidad que agobia.
La inamovible introducción, versiona al régimen como la expresión más consumada para la defensa y el respeto de los derechos humanos, de las libertades públicas, de la democracia y de todo lo que cada consultor jurídico de Miraflores le ha puesto a un párrafo de origen orwellianamente chavista. No hay derecho que no haya sido reivindicado por la revolución bolivariana, jura la apostilla orgüelianamente madurista, dejando – cual Digesto – consagrado como principio universal que las sanciones exclusivamente manufacturadas por Estados Unidos impiden arbitrar los recursos necesarios para afrontar el problema.
A pesar de todos los pesares, el coronavirus nada tendría que venir a buscar a Venezuela por el perfeccionamiento insólito de sus instituciones, de la salud y de la infraestructura de salubridad, según la más o menos cuidadosa redacción de un decreto que dice tener por único destino el TSJ. Además, aunque nadie sepa, se da por divulgada la diaria actualización de los informes relativos a los centros de salud públicos y privados (artículo 6) y están suspendidas todas las actividades con excepción de la telefonía, combustibles y lubricantes, traslado y custodia de valores, distribución de alimentos y gas, etc. (artículos 8 y 9).
Ha sido tan esmerada esta versión del Estado de Excepción que, rayando en la ficción literaria, hace del Ejecutivo usurpador garante de la producción de los medicamentos esenciales para enfrentar los brotes del virus; evaluador de la construcción o constructor de los inmuebles de carácter temporal o permanente necesarios; y presupuestador de las investigaciones científicas sobre el COVID19(artículos 19, 21 y 22). No obstante, violentando la Constitución y el propio decreto en el que se esmeraron los amanuenses para su redacción y, aún más, tardando, su publicación, la mafia dominante del poder anuncia medidas confiscatorias y extravagantes para los próximos meses (suspensión de alquileres, etc.), no sintiendo vergüenza alguna por el incremento de las unidades tributarias en medio del problema, en pie el IVA y otros impuestos, impaciente ante la declaración del ISLR.
Cuarentena adentro, el énfasis se ha puesto en la dimensión militar de la peste china, como si ella temiera por las bayonetas, siendo pobre la atención que se esperaba de la población civil que razona sobre las consecuencias de la falta ya prolongada de alimentos, medicamentos y antibacteriales. Somos más prisioneros de esta dictadura que del coronavirus, por lo que hemos visto ya en una semana.