Todos sabemos que el principal responsable de las carencias y el desastre que hoy sufrimos en Venezuela es el usurpador y a pesar de la resiliencia de nuestro pueblo, para impulsar el cambio urgente que necesita el país, la dictadura mantiene secuestrado al Estado controlando de manera perversa el poder interno a favor de sus mezquinos intereses.
Como es obvio, con el surgimiento de la pandemia, en Venezuela estamos en una emergencia dentro de la emergencia que nos obliga a actuar con inteligencia en medio de graves complejidades para detener la catástrofe del coronavirus que amenaza la vida de millares de venezolanos ya debilitados por la falta de alimentos, medicinas, tratamientos médicos y servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas y la gasolina, de lo cual, sin duda alguna, el principal responsable es Maduro.
Lo urgente, en una situación de socorro y auxilio como la actual, es salvar vidas y para ello el presidente encargado Juan Guaidó ha dicho que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario a fin de conseguir recursos y apoyo internacional para la adquisición de insumos médicos como mascarillas, guantes, respiradores y demás equipos de protección para enfrentar al virus, a través de la OMS, la OPS y de la Cruz Roja, para entregárselo directamente al personal sanitario a través de la Federación Médica y del Colegio de Enfermeras.
También se podría aprobar en la Asamblea Nacional la creación de una comisión paritaria integrada inclusive con diputados del PSUV, con la asesoría de los expertos y científicos, que podría supervisar y facilitar la gestión de crisis frente a la pandemia.
Es innegable que quien obstaculiza las soluciones que el país reclama es el propio Maduro que se aferra al poder con una ambición desmedida pisoteando la Constitución y la legalidad a su antojo. A lo que debemos agregar ahora la decisión del Departamento de Justicia de EEUU de este jueves que hace graves señalamientos contra Maduro y su entorno: Diosdado Cabello, Maikel Moreno, Vladimir Padrino López, Hugo Carvajal, Tareck El Aissami y Samark López Bello, entre otros.
Al igual que con las sanciones, la responsabilidad es personal contra los integrantes, tal como lo definimos en 2013, de un entramado criminal que sustituyó al Estado de Derecho, convirtiéndolo en un estado delincuente y permitiendo el gran saqueo de los recursos públicos como nunca se había visto en la historia republicana venezolana.
Todo esto plantea, por la urgencia de los eventos que sacuden al país, la necesidad de retomar la hoja de ruta de las conversaciones de Oslo y Barbados donde se planteó la opción de un gobierno de transición de unidad y emergencia nacional con representación de la Asamblea Nacional, la FAN y el Psuv para gestionar la crisis humanitaria compleja y restablecer el orden constitucional con la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias, cumpliendo con los estándares democráticos internacionales para abrir la vía electoral y evitar así que aumente el desastre y la tragedia que viven las mayorías de nuestro país.
Llegó la hora decisiva. Necesitamos mas unidad y una conducción politica que acompañe a nuestro pueblo en esta dura experiencia, acechado por carencias y amenazas.
Los diputados de la AN, siendo el poder más representativo y legitimado con el voto de mas de catorce millones de venezolanos, tienen que declarase en sesión permanente a través de medios tele-máticos y, en medio de la precariedad institucional impuesta por el régimen (diputados perseguidos y en el exilio), para ofrecerle a Venezuela una alternativa realizable en el proceso de reconstrucción en el que todos debemos involucrarnos para salir de esta etapa oscura de desesperanza.
Atender una emergencia de estas características en tiempos de dictadura es un monumental reto para las fuerzas democráticas venezolanas pero es absolutamente necesario si queremos evitar una tragedia sin precedentes.