Las intenciones del chavismo de silenciar a las voces disidentes, sobre todo de organizaciones defensoras de derechos humanos como la ONG Acceso a la Justicia, no cesan. Tras lograr por años acallar a los medios tradicionales, ahora ha puesto su mira en Internet y en las redes sociales, las cuales se han convertido en una gran fuente de información para los venezolanos en vista de la carencia de prensa en papel y la censura generalizada de la televisión y la radio. Sin embargo, en los últimos tiempos el repertorio aplicado para censurar no se limita al cierre físico o a hackear sitios web, sino que también incluye mecanismos más sofisticados y sutiles como las denuncias falsas para que los proveedores de páginas sean quienes las saquen de la red.
Esto último fue lo que le ocurrió al portal de Acceso a la Justicia, bloqueado por su proveedor web en virtud de dos denuncias por presuntas violaciones al derecho de autor, presentada la primera el 30 de diciembre de 2019 y la segunda el 30 de marzo de este año.
La primera denunciante se identifica con un nombre casi igual que el de una periodista española de ciclismo, aseguró a GoDaddy que reside en Los Guayos, estado Carabobo, y puso un número de teléfono inexistente. Esta persona acusó a Acceso a la Justicia por copiar un texto relacionado con un fallo dictado en mayo de 2018 por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que fue publicado en un supuesto blog de periodismo español.
Sin embargo, esta queja contiene varios elementos curiosos: el primero es que el blog, presuntamente español, publicó por primera vez una información sobre una sentencia dictada por el máximo juzgado venezolano, la cual además no afecta a ciudadanos ni a empresas españolas; es decir, no tiene ningún tipo de interés para los lectores del país europeo. Adicionalmente, el texto que reseña la decisión del TSJ, está fechado un día antes de que el organismo rector del Poder Judicial siquiera lo publicara. ¿Periodismo o futurología?, cabría preguntarse.
Como si lo anterior no fuera suficientemente irregular, el texto presuntamente plagiado es un extracto de la sentencia antes mencionada, que es un documento de uso público una vez que está contenido en la página web del TSJ, por lo que no puede haber violación a derechos de autor, menos aún si se cita la fuente, como siempre ha hecho Acceso a la Justicia al difundir estos textos. Otra peculiaridad es que al final del extracto de la sentencia aparece citado el tradicional comentario que Acceso a la Justicia acostumbra ofrecer a los lectores en cada reseña de una decisión judicial, que se titula «Comentario de Acceso a la Justicia». Así pues, el blog es quien que cita a la ONG y no al revés. Este último hecho comprobaría que la plagiada no fue la denunciante, sino la denunciada.
La segunda queja es aún más sospechosa, por cuanto la supuesta autora de la misma, quien dice llamarse igual que una diputada canadiense, también informó residir en el estado Carabobo, solo que en su capital (Valencia), y su dirección y número de teléfono es el de una empresa ubicada en un centro comercial de esa ciudad. Además, su denuncia está presentada en portugués y en su señalamiento menciona una sentencia que el sitio web vlexvenezuela replicó de la página del TSJ y no alguna que Acceso a la Justicia haya analizado. Ello significa que la sentencia supuestamente plagiada por la ONG no es la misma que la que esta página contiene: son de fechas distintas, con sujetos y temas diferentes, y la de este último sitio no se encuentra en la página de Acceso a la Justicia.
No obstante estas incongruencias, el proveedor web decidió sancionar a la organización y suspender su página.
Desde Acceso a la Justicia se rechaza esta medida, la cual no hace otra cosa más que mostrar «lo complejo del aparato de censura del régimen que gobierna en Venezuela, el cual no es igual al de una dictadura clásica», como apunta Alí Daniels, director de la ONG. Por su parte, Laura Louza, también directora de Acceso a la Justicia, denuncia:
«El régimen acude a métodos sofisticados para silenciar a las organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la falta de independencia judicial es un hecho notorio, por lo que el ataque a nuestra página web no cambia ese hecho, es más lo confirma».
La defensa de los derechos humanos en Venezuela es una tarea riesgosa. Entre 2018 y 2019 se registraron 121 ataques contra activistas y organizaciones, según un informe elaborado por el Comité de Familiares de las Víctimas de la Violencia (Cofavic), el Centro para los Defensores y la Justicia, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con apoyo de la Unión Europea, en el cual se asegura que la mayoría de dichos ataques fueron difamaciones, amenazas y hostigamientos por parte de funcionarios públicos. No obstante, lo ocurrido con la web de Acceso a la Justicia revela que las autoridades están ampliando la gama de acciones para acallar a las voces disidentes.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
El bloqueo de la página web de Acceso a la Justicia implica otro golpe a la libertad de expresión e información en Venezuela, pues, a través de la misma esta ONG suministraba información relacionada con el mundo jurídico no solo a los abogados sino también a los la ciudadanía en general. A menor información, menor capacidad de tomar decisiones y también menor democracia.
Asimismo, esta acción se suma a la ya larga lista de ataques que las organizaciones de la sociedad civil, en particular, las dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, vienen sufriendo desde años y que han sido registrados por instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Aclaratoria: por motivo de la suspensión de nuestra página web, redirigiremos todos nuestros contenidos al perfil de Facebook de Acceso a la Justicia mientras dure la contingencia.
Nota de prensa