Moisés Rendón, director de Iniciativa por el Futuro de Venezuela (FVI) y seguidor del Programa para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Csis), expuso en detalle los graves crímenes cometidos en el mal denominado “Arco Minero”, que van desde la explotación ilegal de oro, pasan por la destrucción de ecosistemas sensibles y culminan en la trata de personas.
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“El oro de sangre venezolano termina en el Medio Oriente, Europa, África y los Estados Unidos”, explicó Rendón en una serie publicaciones en su cuenta oficial de Twitter. “El Arco Minero, aproximadamente del tamaño de Portugal, se extiende por los estados de Amazonas y Bolívar, siendo un área rica en minerales”.
Rendón, quien es oriundo de Venezuela, aseguró que la extensa zona “contiene bauxita y coltán (utilizados para la producción de aluminio y dispositivos electrónicos respectivamente), diamantes industriales y, lo más importante, oro”.
Rutas del oro de sangre
Según verificó, “la mayor parte del oro se legaliza de manera fraudulenta después de pasar de contrabando a Colombia, Brasil y Guyana, entre otros”.
Rendón reveló que “grupos armados no estatales pasan oro a través de la frontera colombiana utilizando barcos fluviales, aviones privados, camiones o refugiados venezolanos pobres” que son tratados de forma similar a las “mulas” en el narcotráfico internacional. “Una vez en Colombia, el oro se lava y se falsifica como oro legal antes de ingresar al mercado global”.
Puntualizó que “otra ruta involucra al Caribe. Por ejemplo, el oro extraído ilegalmente llega a Curazao, donde es manejado por empresas de fundición y comercialización”. De acuerdo con Rendón, los comerciantes de oro luego usan papeles de la aduana local para ocultar el verdadero origen del mineral, antes de exportarlo al mercado global.
La devastación ambiental
“Primero, la minería ilegal está causando daños irreversibles al medio ambiente”, afirmó el director de la FVI. “El Arco Minero se cruza con la selva amazónica, un área de biodiversidad que contiene 36 áreas protegidas, incluidos parques nacionales”.
Cuatro años después de la creación del Arco Minero, como lo denominó el régimen chavista de Nicolás Maduro, “más de 2.821 kilómetros cuadrados (aproximadamente 1.090 millas cuadradas) de bosque han sido destruidos, el 50 por ciento de esa área en territorios protegidos”, alertó Rendón. La siguiente imagen compara el complejo minero “Las Claritas” y su expansión desde 2016.
La devastación también se ha extendido a lo largo del río Icabarú, cerca de la frontera con Brasil.
Violaciones de Derechos Humanos y enfermedades
El asesor del Csis estimó que “aproximadamente 500 mil trabajadores están involucrados en las operaciones mineras” debido que “muchas de las comunidades indígenas locales que han sido obligadas a trabajar por amenazas de violencia o por necesidad económica”.
Rendón enfatizó que “la mayoría de estos mineros son venezolanos pobres, y se estima que el 45% son menores de 18 años. Trabajan en condiciones deplorables bajo la amenaza de castigo por parte de grupos armados y pandillas. El agua estancada y las condiciones insalubres han aumentado las enfermedades transmitidas por el agua y los mosquitos”.
Sin embargo, advirtió que “los hombres y niños que trabajan en las minas no son los únicos que han sido explotados”. El tráfico sexual de mujeres y niñas también se ha convertido en un problema importante. “Las enfermedades de transmisión sexual (incluido el VIH / SIDA) se han disparado en la región debido a la explotación sexual”.
Ley de la selva
Para Rendón, “pranes, megabandas, sindicatos criminales, colectivos y guerrilas de Colombia operan en la región”. Esto provoca un incremento de la violencia considerable, denunciado por organismos a favor de los derechos civiles que han catalogado al demandado metal venezolano como “oro de sangre”.
Aunque “los disidentes de las FARC y el ELN han usado a Venezuela como un refugio seguro durante décadas, más recientemente han ampliado sus actividades ilegales para incluir la minería ilegal”.
Inclusive, Rendón aseguró que “es típico que los grupos armados impongan ‘impuestos’ a los mineros y a las comunidades locales”, mientras “los grupos armados han ampliado su control, haciendo del territorio de Venezuela un campo de batalla por sus recursos”.
La dictadura
Finalmente, como era previsible, para Rendón “el régimen de Maduro se beneficia directa e indirectamente de la minería ilícita. Las empresas estatales obtienen recursos de minas ilícitas y los exportan oficialmente a otros países, especialmente Turquía y los Emiratos Árabes Unidos”.
Para el estudioso del “Arco Minero”, los “beneficios de estos intercambios van directamente a las arcas del régimen de Maduro, dándole el dinero necesario para sortear la presión financiera internacional. Pero estas operaciones semioficiales solo representan un pequeño porcentaje de las exportaciones de oro de Venezuela”.
Tras ser extraído ilícitamente de Venezuela, el oro de sangre se formaliza en el mercado global. “En casi cada paso, las fuerzas de seguridad del Estado toman una tajada, alimentando lo que ahora es uno de los países más corruptos del mundo”, señaló Rendón.
El investigador del Csis planteó que “la minería ilegal también ayuda al régimen de Maduro a asegurar la lealtad de los militares. Para un soldado o guardia, un puesto en Bolívar o Amazonas representa una oportunidad extremadamente lucrativa en una economía que de otra manera estaría fallando”.
Lo mismo habría ocurrido con los líderes políticos. En 2019, Maduro anunció “que otorgaría a los 19 gobernadores chavistas el control directo sobre una mina de oro cada uno y que las ganancias podrían usarse para complementar los presupuestos locales”.
En cuanto al futuro, Rendón proosticó que los problemas del oro de sangre no acabarán apenas caiga el régimen chavista. Un Gobierno de transición “tendrá que lidiar con el hecho de que el Estado venezolano se ha convertido en un centro de actividades criminales”.