Más temprano que tarde, la impunidad de los delitos sobre el patrimonio público, siempre traerán consigo las calamidades propias de un estado corrompido. El peculado, como se conoce en la legislación, es un delito, una forma de corrupción que comete un funcionario. Normalmente el peculado se refiere en forma genérica al robo de dinero de fondos públicos, sin embargo, la definición se extiende hasta hacer uso de ciertos objetos disponibles para el bien común de la ciudadanía.
El peculado se divide en cuatro tipos: por Apropiación, por Uso, por Error y por Aplicación Oficial Diferente. En Venezuela, en el Código Penal, además del peculado, para los funcionarios se establece la figura de “concusión”; es decir, delito por abuso de sus funciones. Así también, la “corrupción” como elemento aparte, en el cual se distingue el tráfico de influencia con retribución en dinero o en otra cosa y la ineficiencia de funciones propias del cargo.
Básicamente en cualquier sondeo de opinión pública, el principal problema es la corrupción. Producto de la falta de sentido común, de diferenciar entre lo bueno y lo malo, más una dosis de impunidad, se genera este mal que deriva en el caos, alcanzando un nivel de equivalencia en escala, a la pobreza de una nación. La corrupción es un factor común de las instituciones públicas en Venezuela, históricamente hablando y exacerbada en los últimos años.
De esta forma, se han constituido verdaderos bloques de crimen organizado, de funcionarios amparados por el poder y pasando por encima de la legislación vigente, que han destruido todo tipo de convivencia sana; una especie de rebatiña o como dicen algunos: sacar lo más que se pueda al estado. En Venezuela, el germen muy bien inoculado desde hace décadas, permite que este flagelo en el futuro, impida cualquier intento para reconstruir a Venezuela.
Desde hacer negocios con el gas doméstico, tráfico de gasolina, utilización y apropiación de bienes públicos para usufructo propio, entre otras acciones de los que se hacen llamar funcionarios; que van desde cargos nacionales, estadales y municipales, hace que sea imprescindible como acción de justicia, en orden de urgencia una Auditoría Administrativa Exhaustiva; una acción de justicia, una vez sean desplazados los socialistas de las instituciones gubernamentales.
Esta auditoría debe arrojar conclusiones que vayan directamente a sancionar los responsables, los corruptos o los causantes, de tales acciones y si es posible resarcir los daños ocasionados al patrimonio público.
La acción política y ciudadana, como licuación esencial en la construcción de sociedades sanas y estables, debe partir de los pilares de la verdad, la ética y el sentido común. La Auditoría en las instituciones y la reducción del tamaño del estado, conducirán a aumentar sin duda alguna la eficiencia en la gestión pública.