Lorenzo Bernaldo de Quirós: Para salir de la crisis (en España)

El principal objetivo de la política económica es evitar que el shock derivado del Covid-19 se traduzca en una recesión profunda y duradera. Para ello hay que diseñar y ejecutar una estrategia macro y microeconómica destinada a paliar los efectos inmediatos de la crisis y propiciar la recuperación.

Esto implica seguir un camino radicalmente opuesto al elegido por el Gobierno, que conduce a la configuración de un modelo socioeconómico que no permitirá crecer, generar riqueza, crear empleo y elevar el nivel de vida de todos los ciudadanos. En la práctica, el impacto depresor del Desastre del 20 y la acción del Ejecutivo para combatirle conducen a una disyuntiva crucial: optar entre una economía controlada por el Estado o una basada en la iniciativa privada.

La frágil posición de las finanzas públicas, definida por unos elevados niveles previos de déficit y de deuda pública, se va a deteriorar de manera dramática. Ante este panorama, los esfuerzos presupuestarios en el ámbito sanitario son racionales y necesarios, pero no lo es aumentar el gasto discrecional con el objetivo de elevar-mantener rentas que de facto tienen una cobertura suficiente con los programas de protección social vigentes y las transferencias suministradas por los estabilizadores automáticos.

Por ello es fundamental no elevar el gasto estructural. De lo contrario, se consolidará un gigantesco binomio déficit-deuda que será una losa para el crecimiento, pondrá en cuestión la solvencia del Estado y desembocará en una crisis fiscal.

Ante un shock de oferta negativo, la terapia es reducir los costes fiscales, regulatorios y sociales de las empresas, así como proporcionar a las solventes la liquidez suficiente para evitar su bancarrota. En paralelo ha de abordarse una masiva liberalización de los mercados en los que las fuerzas competitivas no operan, por ejemplo, los servicios profesionales, y no insertar rigideces adicionales en el marco laboral que impidan ajustar la fuerza de trabajo a un entorno hostil.

Una estructura económica rígida no es capaz de adaptarse a un shock y, por tanto, conduce a una intensificación de las pérdidas de producción y puestos de trabajo causadas por él y a la imposibilidad de recuperar el potencial de crecimiento destruido por la crisis.

En el plano de la fiscalidad, es mucho más efectivo aplicar una reducción de los impuestos y de las cotizaciones empresariales a la seguridad social que una exoneración o un aplazamiento transitorios de la factura tributaria.

Las rebajas impositivas temporales no se gastan ni se invierten porque no constituyen un incremento de la renta permanente. Tienden a ahorrarse, sobre todo, en un contexto de expectativas adversas y de duración imprevisible. Además, la postergación de las obligaciones fiscales sólo difiere ese coste, lo que se traduce en una acumulación de la carga impositiva que las empresas han de afrontar a la hora de saldarla. Esto no tiene utilidad alguna cuando las compañías no tienen perspectivas de obtener ingresos durante un tiempo imprevisible.

Sin duda, esa iniciativa supondría una disminución adicional de la recaudación y un alza del déficit a corto plazo, pero permitiría sobrevivir a muchas empresas y las proporcionaría los incentivos adecuados para reactivar la economía. Por añadidura, la ausencia de aumentos discrecionales del gasto limitaría su crecimiento al derivado de los estabilizadores automáticos, por lo que disminuiría a medida que la actividad comenzase a recuperarse.

Para dar consistencia y sostenibilidad a la reducción de impuestos, el Gobierno debería anunciar su compromiso de acometer un plan de consolidación presupuestaria a medio plazo, basado en el recorte-reducción del déficit estructural.

Al mismo tiempo hay que dejar a los mercados funcionar con libertad; evitar la tentación de controlar los precios y salarios. Este tipo de actuaciones no funcionan y tienen efectos distintos a los esperados: distorsionan el funcionamiento de aquellos y les impiden asignar los recursos de manera eficiente creando una escasez y un encarecimiento de los bienes y servicios cuyos precios están fijados por el Gobierno y estimulando el nacimiento de mercados negros. La fijación gubernamental de los precios es uno de los medios más eficaces para destruir una economía de mercado.

O España se convierte en una verdadera economía de mercado o está condenada a un empobrecimiento generalizado y duradero. Ya no hay alternativa y esta es la lección anticipada que nos proporciona el Desastre de 2020.


Este artículo fue publicado originalmente en El Español (España) el 19 de abril de 2020.