La organización sindical venezolana tomó un extraordinario vigor en 1936, momento en el cual los partidos políticos echaron raíces y se sembraron definitivamente en el país. Ambas instituciones marcharon en paralelo a lo largo del siglo XX y su auge o declinación, muchas veces, dependió del grado de apertura democrática existente en el país. En ese recorrido, sindicatos y partidos se influyeron mutuamente, pero sobre todo se asociaron para luchar por un régimen de libertades y justicia social.
El 6 de diciembre de aquel año, se celebró el I Congreso de Trabajadores que discutió la creación de la Confederación Venezolana del Trabajo (CVT), central sindical que luego devino en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). En ese evento, también se discutió la famosa huelga petrolera que estaba a punto de estallar, la Ley del Trabajo y los estatutos de las Ligas Campesinas. Para marzo de 1937, mediante decreto, Eleazar López Contreras ya había liquidado la huelga, disuelto las organizaciones de izquierda y expulsado a cuarenta y siete dirigentes políticos acusados de comunistas, entre los que se encontraba la mayoría de la directiva de la recién creada CVT. Con estas medidas, el gobierno comenzó un plan represivo que limitó la acción política y sindical, por lo que a lo largo de este período presidencial, salvo la agitación y difusión de ideas en 1936, fue poco lo que se avanzó en materia de organización sindical independiente.
El arribo de Isaías Medina Angarita a la jefatura del gobierno en 1941 abrió de nuevo las compuertas del debate y la posibilidad de organizar los partidos y sindicatos. Sin embargo, el áspero enfrentamiento intersindical impidió que se consolidara un movimiento obrero fuerte y unido. Precisamente esta controversia sirvió de pretexto al gobierno para disolver de nuevo a la CVT.
Durante el trienio 1945-1948 gobernado por Acción Democrática (AD), la sindicalización de los trabajadores venezolanos experimentó un salto significativo y, mediante la contratación colectiva, se lograron importantes ventajas para la clase obrera. El 15 de noviembre de 1945 se convocó el II Congreso Sindical Nacional que fundó la CTV. Tras el derrocamiento de Rómulo Gallegos el 24 noviembre de 1948, la Junta Militar prohibió las asambleas sindicales y emitió un decreto que disolvió la confederación obrera.
Luego vinieron las persecuciones, torturas y muertes de dirigentes sindicales, especialmente después que se convocó la huelga petrolera de 1950. Movilización que la dictadura reprimió con violencia y crueldad. Es ampliamente conocida la cuota de sacrificio del movimiento sindical durante el mandato perezjimenista, la cual está reseñada en buena parte por la historiografía política venezolana de la segunda mitad del siglo XX.
Luego del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, se creó un Comité Sindical Unificado con el propósito de organizar el movimiento obrero y defender al nuevo gobierno. Sus primeros pasos se dirigieron al restablecimiento de la disuelta CTV y a crear condiciones mínimas de armonía social, con el fin de garantizar la supervivencia de la incipiente democracia. El espíritu unitario que entonces dominó la escena nacional y la necesidad de reducir los conflictos laborales condujeron a la firma de un Convenio de Avenimiento Obrero Patronal en abril de 1958 que, además de facilitar la transición a la democracia, permitió la firma de nuevos contratos colectivos, detener los despidos y consentir la organización de sindicatos libres.
De esta manera, además de administrar con inteligencia las demandas de los trabajadores, el movimiento sindical asumió un papel destacado en la consolidación y desarrollo del sistema democrático, convirtiéndose en una institución básica para su funcionamiento. Este convenio fue un antecedente del injustamente descalificado Pacto de Punto Fijo.
Aquel entendimiento entre los líderes de AD, Copei y Unión Republicana Democrática (URD), con el propósito de sentar las bases del sistema político que apenas comenzaba, estableció como premisas esenciales la defensa de la constitucionalidad y la realización de un gobierno de unidad nacional con base en un programa mínimo, común a todos los firmantes. En lo fundamental fue respetado por los signatarios, con lo cual se garantizó por largos años la gobernabilidad del país.
Durante casi toda la segunda mitad del siglo XX, el pacto garantizó estabilidad y control de los conflictos sociopolíticos, promovió el entendimiento nacional y empleó reglas claras para procesar el disenso entre Estado, patronos, trabajadores, partidos políticos y organizaciones sociales. De esta manera, la sociedad venezolana pudo transitar el camino de la paz y construir un sistema democrático pluralista, que consiguió superar con eficacia pruebas difíciles, como las intentonas golpistas o la lucha guerrillera de la década de 1960.
Hasta comienzos de la década de 1980 Venezuela fue un modelo de democracia en América Latina. Los partidos políticos representaban la lucha por la libertad y la democracia, y como tales promovieron una sociedad tolerante y plural en contraposición a la cultura dictatorial, personalista y militarista heredada del pasado decimonónico y la primera mitad del siglo XX.
Fueron estas organizaciones el vector a través del cual se socializó la política y se expandió la acción de las organizaciones sociales, aunque posteriormente coparon la vida de toda la sociedad, asfixiándola de tal manera que incidió en la desafección de la gente con el sistema democrático.
Ya a finales de la década de 1980, en el país fue creciendo el descontento de la población hacia las instituciones políticas. Una mezcla explosiva de auge de la corrupción con aumento de la pobreza hacía cada vez más difícil mantener del sistema democrático. La nación mostraba un rostro marcado por la desilusión y el desencanto como consecuencia de tantas promesas incumplidas. Se agotaba el modelo de funcionamiento inaugurado en 1958 y los gobiernos no lograban satisfacer las demandas vitales de la mayoría de la población. Los déficits en salud, vivienda, seguridad y educación minaban la confianza que los venezolanos habían depositado en el proyecto de país diseñado en la Constitución de 1961. La drástica disminución de los ingresos fiscales provenientes de la renta petrolera hizo cada vez más ineficientes los mecanismos de distribución de la riqueza y la política del gasto social colapsó.
Estos desajustes sociales se revelaron con fuerza a comienzos de la década de 1990, teniendo como correlato una acentuada erosión de la legitimidad del sistema político que afectó a todas las instituciones. Situación que empeoró al evidenciarse la dificultad de la dirigencia nacional para acometer políticas de inversión social que revirtieran los índices de pobreza. Lo que a su vez trajo como consecuencia un aumento de las frustraciones y la pérdida de la esperanza por mejorar las precarias condiciones de vida de muchos venezolanos. Además de un drástico descenso en la calidad de vida de la población.
Precisamente, como consecuencia de esta realidad, la CTV fue duramente cuestionada. Los líderes sindicales, y en general el movimiento obrero, se convirtieron en blanco de una severa crítica que los estigmatizó en términos morales y políticos.
Esta profunda crisis que vivía la sociedad venezolana fue el pretexto para que, desde 1982, un grupo de oficiales del ejército se conjuraran para derrocar el gobierno, a la usanza del militarismo latinoamericano. Así llegamos al fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, acontecimiento que puso de manifiesto el atavismo autoritario alojado en las Fuerzas Armadas y en una buena porción de la colectividad venezolana. Aun cuando el sistema democrático consiguió dominar la asonada militar, no pudo evitar que uno de los cabezas de la sedición se convirtiera en el usufructuario político de aquel episodio que conmovió la opinión nacional.
Particularmente en la campaña presidencial de 1998, cuando una vez más el electorado venezolano se dejó seducir por la demagogia de un felón carismático, cabalgando sobre un discurso mesiánico que prometía acabar con la corrupción, la pobreza y el clientelismo, el jefe de la asonada contra el sistema democrático organizó un movimiento heterogéneo que lo llevó a Miraflores. De nada valieron las advertencias lanzadas oportunamente. Un electorado entusiasmado con el deseo de cambio y procurando una vida mejor se volcó a darle su respaldo.
Una vez convertido en Presidente, se dedicó a remover la estructura institucional heredada, y sobre sus residuos levantar otra que estuviera al servicio de sus pretensiones hegemónicas. Durante esta primera etapa de la vorágine revolucionaria fue que el chavismo quiso acabar con la CTV y no pudo.
Empleó todos los medios posibles para intervenir y acabar con las organizaciones sindicales independientes. No escatimó recursos a la hora de embestir contra las federaciones y confederaciones nacionales, con la intención de desplazar a la dirigencia sindical y cercenar derechos fundamentales de los trabajadores venezolanos. Su pretensión fue «demoler la CTV» para crear una central obrera según el modelo de los países totalitarios.
El movimiento sindical, y en particular la CTV, tuvo que hacer frente a toda suerte de intimidaciones, insultos y presiones gubernamentales. Sin embargo, por encima de esta dificultad, el movimiento obrero organizado siguió con sus planes de modernización. Precisamente, superando contratiempos se realizó el IV Congreso Extraordinario en abril de 1999 donde se modificaron los estatutos de la central sindical para consagrar la elección directa y por la base. Mecanismo a través del cual se eligieron todas las autoridades sindicales.
Se continuó defendiendo el derecho a la contratación colectiva. Célebre fue la lucha librada por los trabajadores petroleros que obligó a Pdvsa y al régimen a firmar la convención colectiva con Fedepetrol, en aquel tiempo presidida por Carlos Ortega. Con la cual el movimiento obrero organizado obtuvo una importante victoria frente a un régimen que se revelaba autoritario y enemigo de los sindicatos independientes.
Los ataques al movimiento sindical fueron constantes. Primero, desde la Asamblea Nacional Constituyente un sector del chavismo intentó aprobar una resolución para disolver la CTV, la cual fue frustrada; más tarde, el 10 de octubre de 2000, la Asamblea Nacional logró aprobar la realización de un referéndum para consultar a todos los venezolanos sobre la renovación de la dirigencia sindical y la suspensión temporal de los directivos de las centrales, federaciones y confederaciones sindicales establecidas en el país, así como la convocatoria y elección de una Asamblea Constituyente de Trabajadores. La intención era clara: intervenir las organizaciones sindicales y remover de manera arbitraria a sus legítimos dirigentes, por eso sus promotores ignoraron las advertencias que sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad hicieran instancias como la OIT, la Ciosl, la ORIT, y por supuesto la comunidad democrática venezolana.
El sindicalismo se opuso a esta intromisión, alegando violación de los convenios 87 y 98 de la OIT y el artículo 95 de la Constitución vigente. Apelaron al TSJ, pero esta instancia rechazó el amparo constitucional solicitado. Aunque otros juristas conocedores de la materia laboral coincidieron en señalar que se estaba transgrediendo el derecho a la libertad sindical.
El referéndum se realizó conjuntamente con las elecciones regionales del 3 de diciembre de 2000. Cerca del ochenta por ciento de los venezolanos se abstuvieron de participar en esta consulta sobre el destino de movimiento sindical. Era la segunda derrota del oficialismo en sus planes por aniquilar la CTV. El SÍ sólo sacó 1.632.750 votos de 11.202.210 electores, pero le ganó al NO, por lo tanto el «soberano» suscribió el llamado a la relegitimación de las autoridades sindicales.
Apoyados en una sentencia del TSJ, según la cual el referéndum solamente obligaba al desplazamiento de la dirigencia, el mismo diciembre de 2000 se creó la Junta de Conducción Sindical Nacional de la CTV, organismo que logró incorporar representantes de casi todas las corrientes que actuaban en el mundo laboral venezolano. Su principal desafío fue realizar las elecciones para renovar a los líderes sindicales en todo el país. Esta Junta estuvo dirigida por Jesús Urbieta, curtido dirigente sindical, de sólida formación intelectual y con ascendencia dentro del movimiento obrero.
Los comicios se realizaron de manera clara y transparente, participaron más de un millón doscientas mil personas y más de tres mil sindicatos. Se eligieron nuevos cuadros para las federaciones nacionales y regionales. El proceso concluyó con la elección de la nueva directiva cetevista.
Los resultados fueron elocuentes, aproximadamente ochenta y cinco por ciento de la masa trabajadora con derecho a votar se inclinó por las distintas plataformas democráticas; no quedó duda del triunfo avasallante de Carlos Ortega a la presidencia de la CTV. Éxito que se repitió en el resto de la estructura sindical. De esta manera, el movimiento obrero organizado, identificado con las banderas del sindicalismo independiente y autónomo, se anotó una significativa victoria. Por su parte, las fuerzas «bolivarianas» no alcanzaron quince por ciento y, para vergüenza de sus protagonistas, quedó para el recuerdo el triste espectáculo del «Poliedrazo»: un criticado jolgorio que el mandatario nacional y sus ministros montaron para lanzar la candidatura de Aristóbulo Istúriz. Este triunfo relanzó a la CTV en el seno de la sociedad y en el campo Internacional.
Sucesos posteriores han demostrado el carácter dictatorial y anti obrero de los que hoy controlan Miraflores. Han logrado reducir la capacidad de lucha pero no han podido doblegar su disposición a seguir construyendo una fuerza comprometida con la defensa de las libertades sindicales y los intereses particulares de la familia laboral venezolana. En fin, esta autocracia militarista no ha acabado con el ideal de libertad y democracia; ni con la voluntad de los trabajadores dispuestos a seguir construyendo un sindicalismo independiente y autónomo.
Hoy la CTV está duramente golpeada. Algunos dirigentes sindicales han tenido que tomar el camino del exilio. Otros pagan con cárcel el precio de mantenerse firme en la defensa de los trabajadores. Ejemplo emblemático de esta arremetida anti sindical es la salvajada militarista que se ha ensañado contra la digna figura de Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, CVG-Ferrominera del Orinoco. Hoy está por segunda vez tras las rejas. Un Tribunal Militar sumiso de esta dictadura así lo tiene dispuesto. Injusta decisión que ha recibido el rechazo unánime de la sociedad democrática del país. En este nuevo 1 de mayo pedimos su inmediata libertad.