El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, se pronunció sobre las presuntas “incursiones frustradas” anunciadas por el régimen de Maduro suscitadas en los estados Vargas y Aragua el domingo 3 y lunes 4 de mayo.
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“Es notoria y realmente alarmante la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado criminal, que no sólo priva a los venezolanos de sus derechos y libertades, sino que persigue, encarcela y tortura, infringiendo las normas y tratados internacionales y al punto de ocasionar la muerte de sus objetivos políticos”, reza parte del comunicado.
A continuación el comunicado en íntegro:
Ante los acontecimientos recientes ocurridos en las costas venezolanas desde este domingo 3 de mayo, desde el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela alertamos a la comunidad internacional sobre dos actos reiterados en nuestro país: la desaparición forzada de personas y los actos de tortura contra los detenidos vinculados a hechos políticos.
Es notoria y realmente alarmante la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado criminal, que no sólo priva a los venezolanos de sus derechos y libertades, sino que persigue, encarcela y tortura, infringiendo las normas y tratados internacionales y al punto de ocasionar la muerte de sus objetivos políticos.
En este sentido, recordamos la Masacre de El Junquito, en enero de 2018, en la que el régimen ejecutó extrajudicialmente ante la mirada del mundo a siete venezolanos, así como los asesinatos del concejal Fernando Albán y el Capitán (postmortem) Rafael Acosta Arévalo, quienes, estando en custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), respectivamente, perdieron la vida por la tortura ordenada desde los más altos niveles de la tiranía. Este es también el caso más reciente de la masacre en el Centro Penitenciario de Los Llanos, en Guanare, estado Portuguesa, que resultó en el asesinato de al menos 46 personas y más de 70 heridos.
Asimismo, denunciamos el continuado intento de criminalización de las personas defensoras y Organizaciones No Gubernamentales venezolanas que se dedican a la promoción y defensa de los Derechos Humanos en el país. Advertimos sobre la posible ejecución, por parte del Estado criminal, de acciones que impidan o perturben el desenvolvimiento de sus actividades o que vulneren su integridad física y mental, y solicitamos se respete el derecho a la libre asociación y demás derechos contenidos en la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Es por todo lo anterior que desde este Comité de DDHH solicitamos a los organismos internacionales actuar de manera urgente para garantizar la vida e integridad de los presos políticos. Exigimos el cumplimiento de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como reglas Mandela, así como el cumplimiento de El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y el respeto y cese del hostigamiento y amenazas contra los defensores de derechos humanos.
Finalmente, elevamos nuestro apoyo y solidaridad a los familiares de las personas privadas de libertad y asesinadas en este contexto, y a cada uno de los detenidos y presos políticos que se enfrentan al permanente retardo procesal, al hacinamiento, a las deplorables condiciones de reclusión; y a la falta de traslados, de alimentos y de atención médica, que se suman al expediente de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que acumula el régimen.
En Caracas, a los 5 días del mes de mayo de 2020.