Un grupo de profesores de la Universidad Central de Venezuela y otras instituciones universitarias redactaron un pronunciamiento sobre la Resolución conjunta del pasado 16 de abril de las Ministerios de Ciencia y Tecnología y Salud, donde informaron a la Comunidad Científica los lineamientos generales para investigación relacionada con la pandemia de la COVID-19.
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Alegan los universitarios que “No está en discusión que el Estado, a través de sus organismos competentes, tenga la potestad de orientar la investigación en todas las áreas del conocimiento y diseñar políticas que la promuevan; incluyendo la selección de áreas prioritarias de investigación que permitan orientar recursos y capacidades para acometer problemas específicos”
Los profesores universitarios en su pronunciamiento dicen:
“Sin embargo, el contenido de la Resolución difundida deja serias dudas sobre los propósitos que la animan, por las siguientes razones:
1. No tiene sentido y es contradictorio enmarcar la situación actual en una Resolución que tiene como objetivo promover la investigación científica en la COVID-19, cuando el 13 de marzo 2020 la pandemia generó decretar el estado de alarma nacional.
2. Adicionalmente, la Resolución contradice el llamamiento que la OMS hizo el pasado 11 de marzo, a los gobiernos nacionales de todo el mundo, para que adoptaran un enfoque basado en la participación de todo el gobierno y de toda la sociedad, en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
3. La institucionalidad de la ciencia en Venezuela, en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado, estableció como un principio el respeto a las normas internacionales de ética en los protocolos de investigación. Esto ha sido cumplido siempre por los investigadores en Venezuela y, de manera especial, por aquellos enmarcados en el área biomédica, quienes tienen la obligatoriedad de contar con el aval de la Comisión de Bioética de sus respectivas instituciones. Está establecido que los investigadores y particularmente los entes que financian proyectos de investigación en diferentes áreas del conocimiento, deben estar conscientes de la importancia de los principios éticos y velar por el bienestar de quienes participan en los estudios. Esta práctica no es una novedad en nuestro país y no vemos por qué deba ser incluida, con tanto énfasis, en una Resolución de Estado.
4. El artículo 4 de la Resolución define un conjunto de áreas prioritarias, sin embargo, no se precisa si los ministerios están solicitando la presentación de proyectos de investigación en esas áreas para el financiamiento correspondiente, o debe entenderse que podrá hacerse investigación solamente en las áreas señaladas. Esto último lesionaría el derecho de libertad e independencia, tanto de profesionales como de centros de investigación y universidades, para realizar cualquier otro tipo de investigación.
5. La lista de áreas prioritarias incluye el estudio epidemiológico, la caracterización de la enfermedad en población venezolana, métodos diagnósticos, uso de medicamentos en la profilaxis y el tratamiento de la enfermedad, innovación de equipos y dispositivos, medidas de control ambiental e impacto psicológico, social y cultural. Sin pretender desconocer la importancia de esas áreas, es difícil imaginar cómo puedan priorizarse las necesidades más urgentes en tiempos de pandemia. Además, las bien conocidas dificultades económicas y la creciente carencia de profesionales altamente calificados afectan seriamente la capacidad de hacer investigación de alto nivel en las principales universidades e institutos de investigación el país, lo cual debe ser tomado en cuenta al momento de planificar políticas para la ciencia.
6. En situaciones que requieren especial atención usualmente se convoca a la comunidad de profesionales con competencia en la materia, y se invitaría a los investigadores a presentar proyectos, cuya aprobación va a depender del juicio de pares. Esto, además de mostrar la sana intención de trabajar conjuntamente para dar solución a un problema, ofrecería una importante información sobre las capacidades científicas y tecnológicas con las que cuenta el país.
7. La pandemia de la COVID-19 ha demostrado la enorme necesidad que tienen los países de invertir en el desarrollo de C & T, a fin de proveer el material humano y centros de investigación calificados para afrontar calamidades como la presente. Los gobiernos tienen la obligación de prestar a los ciudadanos la mayor protección posible, y para ello es indispensable que los entes responsables —en este caso, diseñadores de políticas públicas para la ciencia y la educación— lo hagan con la mayor objetividad y contando con la participación de los profesionales más capacitados del país.
Es de hacer notar, el interés de la comunidad científica venezolana en la pandemia de la COVID-19, a través de publicaciones, seminarios, foros, intercambios de experiencias entre diversos investigadores, tanto a nivel nacional como internacional. Todo en el marco de una ciencia abierta, sin otras restricciones que las impuestas por la propia investigación.
Finalmente, reiteramos que la COVID-19 ha puesto en evidencia la importancia, a escala mundial, de una ciencia libre, independiente y abierta, para la búsqueda efectiva de una solución a la pandemia.
Estamos seguros de que nuestra comunidad científica está dispuesta a contribuir con sus capacidades, conocimientos y experiencias, en un marco de libertad e independencia, a la solución de problemas nacionales, tanto en el área de salud como en otras áreas que así lo requieran.
El documento fue redactado por Claudio Bifano, Aura Marina Boadas, Alberto Fernández, Alexis Mendoza León, Pedro V. Castro, Carlos Machado Allison y Félix J. Tapia.