La Fiscalía General de Colombia anunció el jueves que solicitará la captura de 10 alcaldes por presuntos actos de corrupción durante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, mientras la Procuraduría avanza con 512 procesos disciplinarios que involucran a 26 gobernaciones y 271 alcaldías.
La corrupción es considerada uno de los principales problemas en el país sudamericano de 50 millones de habitantes y anualmente le cuesta unos 13.143 millones de dólares, alrededor de un 5% de su Producto Interno Bruto, según la Contraloría General.
Los organismos de control de Colombia, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, descubrieron sobrecostos en las compras de alimentos y de equipo hospitalario para atender la emergencia del COVID-19, además de la asignación irregular de contratos por motivos políticos o a empresas sin la experiencia para ejecutarlos.
“Estamos en una cruzada de defensa de los recursos públicos de los colombianos, que son sagrados y que en virtud de la crisis cada vez son más escasos”, dijo el procurador general, Fernando Carrillo, en una conferencia de prensa virtual en la que pidió a los ciudadanos continuar denunciando los actos de corrupción.
Mientras la Procuraduría investiga e impone sanciones disciplinarias a los funcionarios públicos, la Fiscalía los procesa criminalmente y la Contraloría inicia procesos de responsabilidad fiscal para recuperar los recursos económicos.
El fiscal general, Francisco Barbosa, reveló que en la revisión de más de 3.000 contratos se descubrieron irregularidades en algunos que permitieron solicitar las órdenes de captura contra los diez alcaldes, entre los que se destaca el mandatario de Armenia, la capital del departamento del Quindío, José Manuel Ríos.
“No se va a permitir que los recursos públicos se utilicen en forma indebida en este país. Aquí la gente tiene que entender que ser funcionario público implica unos deberes de honrar a la ciudadanía, pero no puede implicar los deberes de desfalcarla”, afirmó Barbosa en la misma conferencia de prensa en la que reveló que adicionalmente tres gobernadores fueron llamados a interrogatorio.
Por su parte el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, dijo que en medio de la emergencia sanitaria su oficina ha revisado contratos por 3,1 billones de pesos (815 millones de dólares) destinados a atender la pandemia, en los que se detectaron sobrecostos por 110,4 millones de dólares.
En uno de los casos, la Armada pagó 260.000 dólares, el doble del valor real, por la compra de más de 1,3 millones de tapabocas, mientras que algunos alcaldes pagaron a mayores precios mercados destinados a familias pobres que jamás los recibieron.
La mayoría de los contratos revisados se firmaron para compras de equipos hospitalarios, elementos de bioseguridad y alimentos, así como otros relacionados con contratación de prestación de servicios.
Colombia registra hasta el momento 652 personas muertas por coronavirus y más de 18.300 contagiados.
Reuters