Procesan a jefes militares y subalternos por nexos con el pranato minero de La Paragua

La complicidad de cuerpos de seguridad del Estado con los grupos irregulares que controlan las minas del sur de Bolívar quedó de manifiesto una vez más con la detención de ocho funcionarios militares en La Paragua, municipio Angostura.

Por Jhoalys Siverio / correodelcaroni.com

Los castrenses son acusados de presuntos vínculos con el grupo irregular armado conocido como El Ciego, el cual opera en el municipio bolivariano Angostura,

Los apresados son el teniente coronel Pedro José Arévalo Alvarado, comandante del Destacamento N° 620 de la Guardia Nacional; el coronel de fragata Robert Casanova Mora, comandante del Comando Fluvial de Infantería Marina N° 52 de la Armada Nacional; los capitanes Rusbelys Montilla Rujano y Adán Alberto Matos Chávez; así como los sargentos Larry Prado Leal, José Fuentes Rojas, Daniel Tillero Fortiz y Dixander Lorenzo Navas.

Los dos capitanes y los cuatro sargentos, todos adscritos al Destacamento 620 de la Guardia Nacional en La Paragua, fueron presentados el 18 de mayo ante el Tribunal Militar N° 17 de Control del estado Bolívar e imputados por los delitos militares: desobediencia, contra el decoro militar, abuso de autoridad, abandono de funciones y ultraje a la Fuerza Armada Nacional. El lugar de reclusión dispuesto fue la cárcel La Pica, en Monagas.

El caso está bajo el expediente N° FM43-006-2020, cuya investigación abrió la Fiscalía Militar N° 43 de Ciudad Bolívar.

Vinculación con El Ciego

Las detenciones se desprenden de una investigación a cargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por medio de intercepción de llamadas, relación de estas y entrevistas, ordenadas por la Fiscalía Militar N° 43 y autorizadas por el Tribunal Militar N° 17 de Control.

Las pesquisas determinaron la presunta vinculación de los comandantes Arévalo y Casanova con un miembro del grupo delictivo El Ciego, apodado Caracas. Ambos recibían oro a cambio de permitirle a dicha banda el traslado de combustible y materiales utilizados para la minería ilegal. La salida la controlaban desde el aeródromo La Paragua hacia las distintas zonas mineras de la zona.

Los comandantes también son acusados de permitir que el pranato minero de El Ciego controlara los puntos de abastecimiento de combustible destinados al parque automotor. El municipio Angostura, así como el resto del sur de Bolívar, tenía serios problemas de abastecimiento legal de combustible desde antes de la pandemia de COVID-19, incluso desde antes que el desabastecimiento general que desde hace un año se registra en la entidad y otras regiones del país.

Además, los funcionarios -indica el parte oficial- permitían el libre tránsito de esta banda minera, con armas de fuego y granadas fragmentarias, en las poblaciones del municipio Angostura; y usaban al personal subalterno “para materializar las acciones delictivas, en relación a lo anteriormente descrito”.

Antecedentes de El Ciego

El 22 de noviembre de 2019 ocurrió lo que hoy se conoce como la masacre de Ikabarú. Esa mañana asesinaron a ocho personas en el sector pemón N° 7 de la parroquia Ikabarú, en el municipio Gran Sabana. El hecho se le atribuyó precisamente a la banda de El Ciego.

Al menos ocho personas fueron detenidas, aunque los mismos habitantes de Santa Elena de Uairén aseguraron que no todos estaban realmente involucrados.

El líder de este grupo irregular armado es Reiniero Albert Murgueytio Bastardo, de 32 años. Aunque se dictó su aprehensión por la masacre de Ikabarú, ya tenía una orden de captura por el delito de homicidio intencional.

La violencia minera al sur de Bolívar sigue en crecida. Grupos irregulares se enfrentan por el control de minas, mientras que otras matanzas se han dado por incursiones militares que terminan en ejecuciones extrajudiciales reportadas en partes oficiales como enfrentamientos.

En los distintos municipios mineros de Bolívar no solo se denuncia la existencia del pranato minero, sino la complacencia militar para con algunas de estas bandas delictivas, así como la presencia de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Estas zonas mineras también han sido un atractivo para ciudadanos de todo el país, que recurren al trabajo en la mina para obtener ingresos económicos que les permita subsistir a la hiperinflación en el país, pese a los riesgos que implica laborar en esas zonas donde la ley la impone el pranato.

Luz verde a la minería fluvial

La noticia de la detención y procesamiento de los militares de La Paragua ocurre un mes después de la publicación de una resolución del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, a través de la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.526, la cual autoriza actividades mineras en los ríos Caura, Cuchivero, Aro, Yuruari, Cuyuní y Caroní.

En la resolución considera como zonas estratégicas para la explotación de minerales estas cuencas vitales para la Amazonía.

La extracción de minerales en la cuenca del río Caura como en Alto Paragua es de viaja data por lo que la resolución vino a encubrir mediante Gaceta Oficial una actividad amparada por el Estado.