Publicaron polémica ley en Guatemala para evitar corte de servicios por pandemia

 

El Congreso guatemalteco publicó este jueves una ley resistida por el sector privado que protege de cortes de los servicios básicos de agua, electricidad e internet a las personas y negocios afectados por la crisis económica provocada por el nuevo coronavirus.

La norma, que entra en vigencia el viernes tras vencer un veto del presidente Alejandro Giammattei, establece que los proveedores públicos y privados no pueden suspender los servicios básicos a personas y negocios que están siendo golpeados por las medidas para frenar los contagios de COVID-19, entre ellas un toque de queda parcial y la prohibición de eventos masivos.

“La presente ley tiene por objeto establecer medidas económico-financiaras adicionales que permitan a las familias guatemaltecas, micro, pequeñas y medianas empresas, afrontar las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria”, según un extracto de la ley publicada en el Diario de Centro América, la gaceta oficial.

La normativa, que provocó roces entre diputados y Giammattei, estará vigente a partir de este viernes hasta que finalice el estado de calamidad pública ordenada por el gobierno desde marzo cuando se reportaron los primeros contagios.

También obliga a las empresas que prestan los servicios a pactar convenios de pago con los usuarios.

La normativa fue aprobada con urgencia a principios de abril y un mes después fue vetada por el presidente Alejandro Giammattei, quién señaló que parte del texto era inconstitucional alegando la existencia de ambigüedad en los términos de los servicios y los plazos en los que se pueden concretar los convenios de pago.

Giammattei señaló que no se oponía al “espíritu” de la ley sino a la redacción, que a su juicio está expuesta a ser invalidada en los tribunales.

El veto presidencial fue rechazado por los diputados y el parlamento publicó la ley este jueves en la gaceta oficial.

La discusión sobre el tema estará en manos de la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país, que ha recibido numerosos recursos de empresas privadas para dejar sin efecto la normativa.

AFP