Luego de saludarlos cordialmente, nos dirigirnos a ustedes a fin de manifestar nuestra sorpresa al conocer la información aparecida en la página 184 del informe 2020 Global Report on Food Crises, donde se indica que el 96% de la población venezolana tiene acceso básico al agua potable. Según señala el mismo informe, ese dato fue tomado del Joint Monitoring Program 2017.
La referida información reproduce un dato cuestionable, muy desactualizado y fuera de contexto, que no representa la realidad actual de la población venezolana y que crea una imagen completamente falsa sobre las masivas, urgentes y múltiples necesidades de las poblaciones y comunidades de Venezuela, dentro de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive el país desde el 2015. A esas desesperadas necesidades, se suma ahora la pandemia del Covid-19, para la cual, la primera línea de defensa, según declara la propia Organización Mundial de la Salud, es el acceso al agua y al jabón.
El dato mencionado para Venezuela,se refiere específica y únicamente a la capacidad instalada que tuvo el sistema de acueductos en la última década del siglo pasado. Hoy en día, ese sistema no garantiza un suministro suficiente ni regular del servicio de agua, ni mucho menos que el agua sea potable en caso de recibirse. La realidad actual es que el 82% de la población venezolana no recibe agua en forma continua ni en la cantidad suficiente.
Además, la calidad de lo que se recibe es bastante cuestionable desde el punto de vista de su potabilidad. En relación con la falta de continuidad del servicio de agua, la periodicidad en la recepción del líquido fluctúa de una vez a la semana, cada quince días, un mes, y hay zonas donde el servicio simplemente no llega. Aproximadamente, solo el 18% tiene servicio continuo; un 65% servicio con interrupciones severas frecuentes y unos 3.000.000 de habitantes que no reciben nunca agua por tubería.
La cantidad está siempre por debajo de lo requerido. La falta de agua ha incidido en un cambio muy severo en la vida cotidiana de las personas, interrumpiendo incluso horas de sueño o su posibilidad de ir a trabajar, ya que las familias se ven obligadas a recoger agua en las madrugadas o en horas laborales, y de forma imprevista, porque no se cumplen los racionamientos ofrecidos por las hidrológicas.
Adicionalmente, la privación de agua ha causado el cierre o suspensión de actividades en escuelas y centros o servicios de salud, sólo por mencionar dos de los sistemas nacionales que vienen sufriendo años de deterioro crónico, y que hoy se encuentran ampliamente colapsados
por la emergencia humanitaria.
Una población sobreviviendo en estas condiciones, difícilmente puede enfrentarse a la pandemia del Covid-19. En distintas zonas del país la cuarentena se está incumpliendo, simplemente porque las personas tienen que salir a buscar agua.
Dicho esto, quisiéramos realizar otras precisiones respecto del dato que menciona el informe:
1. Si bien ese 96% mencionado en el informe corresponde únicamente a la capacidad instalada, la vida útil de los acueductos está vencida. La gran mayoría de las instalaciones fueron realizadas durante la segunda parte del siglo pasado y los planes de mantenimiento y reposición de activos propios al servicio no se han cumplido. Como mucho, la infraestructura de las hidrológicas opera al 40% de su capacidad planificada.
2. Las zonas más afectadas en Venezuela por escasez de agua, aún esperan por nuevos acueductos. Ese es el caso del sistema TUY IV para mejorar el servicio a la Gran Caracas, el sistema YACAMBÚ para cubrir las demandas del estado Lara en Barquisimeto y Quíbor, y el nuevo tramo de tubería CAMPOMA-CHACOPATA para suministrar agua a la Isla de Margarita en el estado Nueva Esparta. La única obra para agua potable Inaugurada durante este siglo fue el Acueducto Bolivariano, con 180 kilómetros de tubería. Para ese acueducto se aprovechó la represa del río Matícora, que había sido construida en 1978. La obra no se concluyó porque el embalse era muy susceptible a la colmatación. A pesar de las advertencias técnicas, el gobierno decidió invertir 450 millones de dólares para inaugurar el acueducto en 2017. Hoy, el Acueducto Bolivariano está colmatado.
3. El proceso de potabilización es un proceso industrial que requiere de agua cruda con un mínimo de calidad establecida técnica y legalmente, un equipamiento, sulfato de aluminio y gas cloro. Las 144 plantas potabilizadoras existentes en el país datan también del siglo pasado, mientras que sobre la producción de los dos insumos fundamentales para el proceso de potabilización – gas cloro y sulfato de aluminio – se desconoce la situación actual de producción en el país. Las empresas suplidoras de ambos productos están en cierre técnico y el gobierno no ofrece ninguna información sobre cómo potabiliza la poca cantidad de agua que distribuye por los acueductos. Ni siquiera se
sabe si los está importando.
4. La mayoría de las fuentes de agua están eutrofizadas, contaminadas y han disminuido su caudal por razones sociales, agrícolas y/o ambientales. El agua cruda disminuyó su calidad y las plantas, diseñadas para un tratamiento convencional, están más deterioradas que antes, con su vida útil cumplida, sin reposición de activos ni mantenimiento. No hay planes para la recuperación de cuencas y embalses que permitan mejorar la calidad del agua cruda.
5. Un hecho sin precedentes es que para el año 1999, ante el ascenso de la cota del lago de Valencia, destinatario principal de las aguas servidas de esa cuenca endorreica; las autoridades decidieron descargar el lago hacia el río Cabriales, que a su vez trasvasa hacia los embalses Pao-Cachinche y Pao-La Balsa. Esos dos embalses son utilizados para el abastecimiento del Sistema Regional del Centro (SRC), que surte de agua a los estados Carabobo y Aragua. El resultado de esa descarga es que el SRC ha quedado como un circuito que recircula sus propias aguas contaminadas. El SRC descarga también al embalse Taiguaiguay, el cual a su vez descarga al de Camatagua, contaminando así la principal fuente de abastecimiento de Caracas. Esta situación, que afecta a más de 4 millones de personas, fue llevada ante el Tribunal Supremo de Justicia, en marzo del 2012. Ocho años más tarde, la situación persiste.
6. La poca cantidad de agua que se distribuye por los acueductos, es agua cruda o sin tratamiento. Toda la población del país está expuesta a un agua no potable o contaminada. Las posibilidades de hervirla se han ido reduciendo por la escasez crónica y severa de gas para las cocinas y las fallas frecuentes de electricidad.
7. Al igual que Caracas, otras ciudades del país deben vencer las diferencias de altitud para que el agua llegue desde la cota de las fuentes a la de las plantas potabilizadoras. Ello requiere de estaciones de bombeo que sólo trabajan con energía eléctrica. Garantizar
que el agua llegue potable, pasa por garantizar un flujo constante en la red de distribución. Esa condición no se cumple en Venezuela, debido al colapso estructural del sistema eléctrico que causa permanentes y extendidas interrupciones.
8. El servicio de recolección de aguas servidas y de saneamiento tiene también su vida útil vencida. En su mejor momento, hacia la década de los 90, se llegó a recolectar el 84% de las aguas servidas y a tratar el 48%. Hoy se estima que sólo se colecta un 30% de las aguas servidas, y no hay ningún tipo de tratamiento. Ninguna de las plantas funciona. La Emergencia Humanitaria Compleja se agrava con la llegada del Covid-19. Antes de la pandemia, el 75% de los hospitales presentaban interrupciones severas (2 veces al mes) en el servicio de agua o simplemente no tenían agua a través de los acueductos. Con la pandemia, el personal profesional y los pacientes están mucho más en riesgo, sin que hasta el momento las condiciones hayan mejorado.
Protesta de vecinos del sector la Lira, La Dolorita, Petare #21M
Claman por agua
No cuentan con servicio de agua por tuberias desde hace 11 años
Ahora les cobran en dólares para permitirles llenar sus pipotes #SinAgua #CaracasSeca pic.twitter.com/PYkdTSjSFH
— Marcos Gómez ? (@GomezMarcos) May 21, 2020
El informar en un reporte internacional, elaborado por un conjunto de instituciones internacionales expertas, que la población de Venezuela tiene acceso a los servicios básicos de agua potables es inadmisible. Falsea la realidad, aumenta la vulnerabilidad de las personas a quienes el sistema humanitario debe proteger, afecta la credibilidad de las denuncias realizadas por la sociedad civil y disminuye la posibilidad de apoyos e incidencia en la solución del problema.
También afecta el trabajo del Clúster del Agua que lidera UNICEF en la respuesta humanitaria a Venezuela, ya que no se justificaría su rol humanitario si 96% de la población recibe servicios básicos de agua. Genera desconfianza en las agencias y empaña la credibilidad de las Naciones Unidas, restando apoyo a sus tareas en el terreno.
Por lo antes expuesto, solicitamos a ustedes las gestiones para que se realicen las aclaratorias necesarias y corregir la información proporcionada en el 2020 Global Report On Food Crises con la finalidad de evitar más daño a la grave y delicada situación que afecta a la mayoría de la población venezolana en la emergencia humanitaria del país.
En espera de una pronta respuesta a lo aquí planteado, queda de Ustedes.
Grupo Interdisciplinario Emergencia Humanitaria Compleja y Derecho al Agua
[email protected]
CC:
Antonio Guterres, [email protected]
Qu Dongyu, [email protected]
David Beasly, WFP [email protected]
Miguel Barreto, WFP [email protected]
Ursula Von Der Leyen, [email protected]
IFPRI, [email protected]
Mark Lowcock, [email protected]
Peter Grohmann [email protected]
OCHA Venezuela, [email protected]
OMS Tedros Adhanom, [email protected]
OMS/OPS [email protected]
Unicef Henrietta Fore [email protected]
Unicef/ Venezuela [email protected]
Wash Venezuela [email protected]
Diego Sevillano, [email protected]
David Simon, [email protected]
FAO Venezuela [email protected]
