Durante el período correspondiente a los dos meses del estado de alarma en Venezuela, del 13 de marzo al 13 de mayo de 2020, producto de la pandemia del COVID-19, se constató un patrón de persecución y hostigamiento contra personas críticas de diferentes gremios y sectores de la sociedad civil. Durante el primes mes la denominada Furia Bolivariana, un llamado realizado desde el propio Nicolás Maduro, se generó una ola de hostigamiento contra viviendas de líderes sociales y políticos de oposición, así como a personas críticas. El marcaje de viviendas familiares por parte de la Furia Bolivariana con epítetos amenazantes se extendió por todo el país. En total 58 viviendas en 19 estados fueron vandalizadas y marcadas como enemigos del gobierno nacional. Una advertencia preocupante que pone en riesgo la integridad y vida no sólo de sus habitantes sino para todas las personas que tienen posturas críticas al Ejecutivo Nacional. Sus perfiles fueron: 51 personas activistas de partidos políticos, 2 defensores de DDHH, 4 comunicadores sociales y 1 hermano del ex alcalde del municipio El Tigre.
Por Provea
En estos dos meses se pudo constatar al menos 85 detenciones de carácter arbitrario que no cumplieron con los procedimientos del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en su integridad. Contra periodistas, comunicadores y miembros de medios de comunicación se realizaron 22 detenciones; Contra funcionarios públicos o personas vinculadas a funcionarios de oposición 11 detenciones; médicos o personal de salud 12 detenciones; trabajadores de las empresas públicas 3 detenciones; defensores de derechos humanos 4 detenciones; educadores 3. Un grave patrón detectado fueron las detenciones arbitrarias contra familiares de personas que están siendo buscadas o solicitadas por los órganos de seguridad como forma de presión para que revelen el lugar donde pudieran estar o para que se entreguen. Se monitorearon 8 detenciones adicionales contra personas con perfil diverso. En el caso de las detenciones a la academia de béisbol Valhis Academy sumaron 5 detenciones.
Se pudo tener registro, con nombres y apellidos, de 51 personas que fueron arbitrariamente detenidas en el marco de protestas. Manifestaciones como mecanismo de denuncia y exigencia de la intervención del Estado en materia de cortes eléctricos, acceso al agua, al gas, y de necesidades de alimentos. En este conteo hay subregistro ya que han ocurrido detenciones masivas sin que quede registro, o sin que las personas posteriormente hagan las denuncias correspondientes.
Por último, se contabilizó el lamentable saldo de 2 personas asesinadas en el contexto de las protestas. La primera en Upata estado Bolívar y la segunda en Mérida. Ambos hombres se encontraban manifestando pacíficamente por demandas de alimentación y servicios. Aún se desconoce, en ambos casos, los perpetradores y no existen resultados de investigación por parte del Ministerio Público para determinar culpables.
La nueva prórroga del estado de alarma y de excepción, la respuesta militarizada a la pandemia, la cada vez mayor falla en los servicios fundamentales como agua vital para enfrentar al Covid-19, la falta de programas sociales universales de alimentación, la imposibilidad de la normalización de jornadas de trabajo que permitan a los más necesitados y las personas que sobreviven generando ingresos diarios, así como el cierre de casas de alimentación y colegios que asistían en alimentos a un amplio sector de la población más necesitada, nos lleva a aumentar las alarmas y preocupaciones sobre las condiciones de deterioro del acceso a derechos económicos, sociales y culturales y sus consecuencias. La respuesta a demandas válidas, y que necesitan atención inmediata por parte del Estado, no puede seguir siendo la represión indiscriminada, las detenciones arbitrarias o el asesinato de personas con necesidades vitales y más vulnerables.
Exigimos el cese de la represión, la persecución y el hostigamiento frente a la crítica y un abordaje, diferenciado, participativo, universal y con transparencia en los datos y las cifras de casos, que permitan disminuir las violaciones a derechos humanos en tiempos donde la concertación, la promoción y garantía de derechos es la forma adecuada de enfrentar la Pandemia que aqueja al planeta y a nuestro país.
A continuación, se presentan los datos pormenorizados del monitoreo realizado en estos 2 meses de estado de Alarma por el Covid-19.
Contexto normativo: Estado de alarma y de excepción; emergencia económica.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece, en su artículo 338, que podrá decretarse “Estado de Alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación, o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más”. El 13 de marzo de 2020, en el marco de la Pandemia por el Covid-19, Nicolás Maduro emitió el decreto 463/2020, publicado en Gaceta Oficial N° 6.528, decretando el estado de alarma.
Es importante recordar que, desde el 15 de enero de 2016, en Venezuela se aprobó un decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, prorrogado por más de 4 años de manera inconstitucional. Esto le ha permitido a Nicolás Maduro ignorar la Asamblea Nacional para gobernar de manera discrecional y sin contraloría durante los últimos años.
El decreto de estado de alarma se renovó el 12 de abril y aunque la CRBV dice que será prorrogable sólo una vez, el 12 de mayo volvió a prorrogarse, siendo publicado en Gaceta Oficial Nº 6.534 la extensión del decreto de estado de excepción y emergencia económica en todo el país. La medida entró en vigencia desde el 4 de mayo y tendrá una duración de otros 60 días.
Actualmente Venezuela se encuentra bajo un Estado de Excepción y Emergencia Económica y de Alarma. Es en el marco de este período, del 13 de marzo al 13 de mayo, que Provea y el Laboratorio de Paz hemos realizado un monitoreo de las actuaciones gubernamentales que podrían estar vulnerando derechos a la libertad personal, libertad de información y expresión, a la vida y a la manifestación. Aunado al seguimiento a procesos de criminalización, amenazas y hostigamiento contra personas que pudieran hacer críticas a las políticas gubernamentales en este período.
1. Furia Bolivariana. Ataques a viviendas
El 26.03.2020 Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, habló de la Furia Bolivariana como una respuesta de la “unión cívico-militar y policial” frente a la decisión del poder judicial de Estados Unidos de ofrecer una recompensa por información que permitiera la detención de altos funcionarios del Ejecutivo Nacional. Expresó: “la unión cívico militar policial, indestructible unión cívico militar policial. (…) si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atreviera a tocarnos un pelo prepárense para la Furia Bolivariana, la Furia Bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes. Primera vez que lo digo, quizás primera y última, pero que lo sepan”
El 28.03.2020, en unas declaraciones para el programa La Hojilla, transmitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), Nicolás Maduro expresó: “La Furia Bolivariana ha agarrado más cuerpo que nunca. Si antes era un plan más o menos secreto, ya la Furia Bolivariana es un plan de todos y de todas. El plan de la Furia Bolivariana.(…) Ahora Diosdado va a mostrar algunos pequeñitos ejemplos de hasta dónde podemos llegar, en el programa de ahora después. “Yo le pido a los Consejos Comunales, a los CLAP, a las UBC, a las Unidades Populares de Defensa Integral, que nos ayuden a identificar cualquier lugar sospechoso donde ustedes creen que puede haber un grupo de mercenarios y paramilitares de los que ingresaron a Venezuela en la noche más oscura de marzo. Pido el apoyo de la Furia Bolivariana”.
El 28.03.2020, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, en su programa semanal “Con el mazo dando” en VTV, utilizó la etiqueta para Twitter #FuriaBolivariana y se convirtió en tendencia. En la emisión televisiva dijo: “Cuidado que alguien pudiera pensar “¡ahora sí, llegó el momento pa’ mi!”, cuidado, eso sería gravísimo, que alguien intentara dividir el movimiento revolucionario, se va a llevar una sorpresa… bueno, una sorpresa no, eso no es una sorpresa, se va a llevar una lección de lo que va a hacer este pueblo. (…) Aquí lo que hemos dicho, y por eso la etiqueta de hoy #FuriaBolivarianaEnAlerta. Por eso la etiqueta de hoy, Furia Bolivariana, aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones (…) Pero siendo por esa vía, tremendo lío los metieron ustedes, oyeron, señores de la oposición, porque este pueblo se convertirá en Furia Bolivariana. Se convertirá en Furia Bolivariana. Los metieron en tremendo rollo.”
Al día siguiente, el 29.03.2020, amanecieron 48 viviendas de 48 personas distintas señaladas como opositoras y enemigas al gobierno, con marcas y señas de amenazas, acompañadas de la frase “Furia Bolivariana”. A los dos días posteriores 4 casos adicionales para 52 ataques en 19 estados del país más en la Capital.
En los 2 primeros meses correspondientes al estado de alarma y la cuarentena por el COVID-19, desde el 13 de marzo al 13 de mayo, en el marco de la Furia Bolivariana se registraron 58 ataques contra residencias de personas quienes fueron marcadas con palabras y amenazas por ser críticos al gobierno de Nicolás Maduro. 54 casos fueron en el primer mes de la cuarentena, siendo el día 29.03 el de mayor ataque con 48 ataques, el día 30.03 con 2 ataques, el 31.03 con 2 ataques adicional. En el mes de abril se registraron 4 casos. Los ataques se registraron en 19 estados, más el Distrito Capital, con excepción de 5 estados: Apure, Aragua, Mérida Sucre y Zulia. La viviendas atacadas y marcadas fueron de 51 personas activistas de partidos políticos, 2 defensores de DDHH, 4 comunicadores sociales y 1 hermano del ex alcalde del municipio El Tigre.
1.2 Ataques contra viviendas de diputados de la Asamblea Nacional.
Durante los actos de intimidación contra personas señaladas como enemigos y críticos al régimen se registraron 16 ataques contra 16 diputados en sus viviendas en 9 estados del país. 5 pertenecientes del partido Acción Democrática (AD); 1 de Un Nuevo Tiempo; 5 de Primero Justicia (PJ); 3 de Voluntad Popular; 1 de Camina; y 1 Independiente. (Tabla.1)
1.3 Ataques contra viviendas de miembros de partidos políticos y líderes regionales.
Un total de 18 ataques contra 18 líderes regionales representantes de partidos políticos, de 11 estados del país. Vente Venezuela 3; Causa R 2; Primero Justicia 1; Un Nuevo tiempo 6; Alianza Bravo Pueblo 1; y Voluntad Popular 5 representantes.
1.4 Ataques contra actual y ex gobernadores y alcaldes
Los ataques a viviendas también se realizaron contra el actual gobernador del estado Nueva Esparta Alfredo Díaz, del partido opositor Acción Democrática, así como contra 2 ex gobernadores, Liborio Guarulla de Amazonas y Orlando Fernández Medina del estado Lara. 2 ocurrieron contra ex alcaldes: Miguel Chacón del Municipio Ayacucho, en el estado Táchira y Alfredo Ramos de Iribarren, estado Lara.
1.5 Ataques contra viviendas de Líderes municipales
Contra líderes políticos municipales también fueron marcadas sus viviendas, en 11 casos contra 11 personas diferentes, en 6 estados del país. Entre ellos 7 representantes del partido Primero Justicia; 2 de Voluntad Popular; y 2 de alianza Bravo Pueblo.
1.6 Ataques contra viviendas de Comunicadores sociales.
Un total de 4 comunicadores sociales, fueron víctimas en sus viviendas de estos ataques. Pertenecientes a medios independientes, 3 comunicadores en la ciudad de Caracas, distrito Capital y el Presidente y editor del diario Los Andes del estado Trujillo.
1.7 Ataque contra Defensore/as de Derechos Humanos
Entre las personas atacadas a través de marcas y pintas amenazantes en sus viviendas se encuentran 2 defensores de ddhh, ambos del estado Táchira. Javier Tarazona Presidente de Fundaredes y Adriana Carrillo quién es la representante de la Coalición contra la Corrupción en la entidad.
2. Detenciones durante los 2 meses de Estado de Alarma y Cuarentena.
Durante el período correspondiente al primer mes de la cuarentena, del 13.03 al 13.04, se registraron al menos 36 detenciones. En el segundo mes, del 13.04 al 13.05, se contabilizaron al menos 49 detenciones. Para un total de al menos 85 detenciones en el marco del COVID-19 y el Estado de Alarma.
2.1 Detenciones contra Comunicadores y periodistas
Durante el período del 13.03 al 13.05 se registraron al menos 22 detenciones contra comunicadores, periodistas y personas vinculadas a los medios de comunicación. En 10 estados del país: Táchira 4; La Guaira 1; Miranda 5; Caracas 4; Cojedes 1; Guárico 1; Mérida 1, Delta Amacuro 3, Apure 1 y Zulia 1. (Anexo Tabla.8)
A continuación, algunos casos emblemáticos de detenciones que ejemplifican algunas acciones arbitrarias, discrecionales, así como de la violación al derecho a la información y libertad de expresión.
Caso. Davinson Rojas. Detenido por tuitear información sobre el Covid-19
Detención del periodista Darvinson Rojas, en Caracas, el 21.03.20 por la FAES. Darvinson Rojas denunció a través de su cuenta Twitter que funcionarios de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se encontraban a las afueras de su vivienda solicitando que los acompañara a su comando. Funcionarios se negaban a mostrar orden de allanamiento “yo no necesito una orden de allanamiento (…) Mi jefe va a venir y no va a venir por las buenas”, informó Rojas. Afirmaban buscarlo por la publicación de un tuit. Luego de 30 minutos funcionarios entraron a la fuerza a su vivienda llevándose detenido al periodista y a sus padres, Miriam Sánchez y Jesús Rojas, (estos últimos liberados esa misma noche). Ilegalmente allanada de su vivienda extrajeron computadoras y celulares. El 23.03.2020, fue presentado a Tribunales el 23.04.2020, acusado de instigación al odio e instigación públicas por sus tuits. Se le negó la posibilidad de abogados privados obligándolo a la Defensa pública. Se le dio una medida cautelar por fianza, en la que se requirió a 4 fiadores. Fue excarcelado y sigue con juicio el 02.04.2020.
Caso Jesús Torres y Jesús Manuel Castillo. Detenidos por difundir vídeo en redes sociales.
Jesús Torres locutores de Radio Cima 96.7 y estudiantes de comunicación social de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) fueron detenidos por las FAES el 12.03.2020, en la sede de la emisora tras publicar un vídeo sobre supuesto casos de Covid-19 en el Hospital Victorino Santaella en Los Teques, Estado Miranda. Permanecieron en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hasta el domingo 15.03.2020, con medida sustitutiva y régimen de presentación cada 8 días.
Caso Arnaldo Sumoza. Detenido por cubrir una protesta.
El 16.04.2020, Arnaldo Sumoza, director de la TV regional Canal 15, locutor en 1300 AM, del circuito FM Center fue liberado con medidas sustitutivas tras ser presentado en el tribunal N°14 del circuito judicial de San Juan de los Morros en Guárico por falta de agua en El Sombrero. Estuvo 3 días recluido tras registrar una protesta ciudadana, se le acusó de instigación al odio y asignó régimen de presentación cada 60 días, además de la continuación del proceso una vez culmine la cuarentena.
Caso Eduardo Galindo Peña. Detenido por publicar un artículo en página web.
Eduardo Galindo Peña, periodista, director del portal Senderos de Apure y secretario de organización del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Apure, fue detenido el 15.05.2020, cuando funcionarios del CONAS y la GNB, lo buscaron con una citación para declarar por un artículo que publicó en la página web “Senderos de Apure”. Según relató Galindo, la comisión integrada por 3 oficiales y 3 civiles, le pidieron llevar su equipo celular, a lo cual se negó. Luego funcionarios volvieron a su casa para llevarse la laptop del periodista. Su esposa, Yoleide Rodríguez se negó y la detuvieron junto a su sobrino Leonardo Galindo. Del lugar se llevaron tres computadoras, y los celulares de los detenidos. Sus familiares fueron liberados con cautelares luego de la audiencia de presentación en el Tribunal Tercero de Control de San Fernando de Apure, mientras Galindo le otorgaron una sustitutiva, pero pidieron 5 fiadores. El 04.05.2020, fue excarcelado, debe presentarse en tribunales en 8 días.
2.2 Detenciones de Funcionarios públicos, personal vinculado a dirigentes políticos.
Durante los 2 meses del Estado de Alarma, al menos 11 personas que fueron privadas de libertad son funcionarios públicos de la Asamblea Nacional, dirigentes y personal vinculado a dirigentes políticos. Encontramos 2 Diputados suplentes de la Asamblea nacional fueron detenidos: Renzo Prieto Tony Geara: 4 personas vinculadas al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó; 1 concejal activo, 2 ex concejal, 1 ex alcalde, 1 director de protección civil de Nueva Esparta. (Anexo Tabla 9)
Entre los detenidos, todos por motivaciones políticas, destacan algunos incidentes que muestran un patrón de actuación que viola el debido proceso y el derecho a la Justicia
Caso Demostenes Quijada y Maury Carrero. Detenidos por ser asesores de Juan Guaido
El 02.04.2020, funcionarios de Dgcim, ingresaron a la residencia de Demóstenes Quintana, asesor del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, alegando estar allí por un contagiado de coronavirus, llevándoselo ilegalmente. El Tribunal 18 de Control la privativa de libertad del ingeniero por delitos de terrorismo, tráfico de armas y explosivos, asociación para delinquir y le precalificaron el delito de ocultamiento de drogas en menor cuantía. Permanece detenido en la sede del DGCIM. Maury Carrero, 40 años, asesora de Juan Guaido, fue secuestrada por agentes del DGCIM, aproximadamente 15 funcionarios llegaron a las 4am de la madrugada, llevándosela sin orden judicial y tras varios días presentada en el mismo tribunal 18 de control quedando privada de libertad, por similares cargos.
Caso Concejal Heddye Cristancho por grabar a GNB vendiendo gasolina
El 22.04.2020, el concejal Heddye Cristancho, fue detenido por funcionarios de la GNB por grabarlos mientras vendían gasolina a los ciudadanos que hacían la cola en estación de servicio Cuatricentenaria, en la zona sur de Guanare estado Portuguesa. Liberado el 23.04.2020.
2.3 Detenciones contra Personal de salud
El personal de salud, ha sido uno de los más criminalizados y perseguidos durante este periodo de cuarentena y estado de alarma. La vigilancia, el hostigamiento y el castigo para quienes emitan declaraciones públicas relacionadas a la pandemia han sido reiteradas. Recabamos al menos 12 casos de personal del sector salud que sufrieron detenciones en el ejercicio o la divulgación de sus labores. 7 médicos; 2 personal de enfermería; 1 Bioanalista, 2 personal de salud. En 9 estados del país: Monagas 1; Táchira 1; Miranda 3; Trujillo 1; Bolívar 1; Lara 1; Nueva Esparta 1; Aragua 1; y Falcón 2.
Destaca que en los primeros días el seguimiento, hostigamiento, y las actuaciones se realizaron para dar un castigo ejemplarizante que inhibiera la emisión de información por parte del personal médico. Un mensaje de la actuación gubernamental contra médicos, enfermeras y todo personal en el ámbito de la salud, para mantener el control absoluto por parte del Estado de la información relativa a la pandemia.
Caso Luis Araya. Detenido por publicar una crítica al gobierno nacional por WhatsApp
El 15.04.2020, el ginecólogo Luis Araya, médico del Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora, estado Lara, fue detenido arbitrariamente por el DGCIM en su consultorio privado, por publicar una crítica a un representante del gabinete de Nicolás Maduro en un estado de WhatsApp. Retenido por 24 horas en el comando de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) de Barquisimeto.
Caso Jorge Yéspica. Detenido arbitrariamente por tomarse un refresco y bajarse el tapabocas.
El médico Jorge Yéspica declaró: “Fui a ver a una paciente que se encontraba en mal estado, y como médico ese es mi deber; sin embargo, me llama la atención porque fui detenido por tener el tapabocas abajo. Me lo bajé para tomarme un refresco», explicó. Al tiempo, se refirió a la labor de los profesionales de la salud e Venezuela. “Nosotros los médicos estamos dando nuestra vida por toda Venezuela y no podemos seguir siendo tratados de esta manera. Estamos exponiendo nuestras vidas. Seguiré en esta lucha”. Fue detenido el 19.04.2020, en Villa de Cura, municipio Zamora del estado Aragua. Permaneció 30 horas detenidos y fue puesto en libertad sin cargos el 21.04.2020.
Caso Andrea Sayago. Arresto domiciliario por uso indebido de información privilegiada.
Andrea Sayago fue arrestada el 04.04.2020 en Valera, estado Trujillo. Bionalista del Hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo. Detenida arbitrariamente por efectivos de la policía del estado Trujillo luego de advertir a un grupo de colegas vía Whatsapp sobre la detección de casos positivos de COVID-19 en la entidad. Se le imputó “Uso Indebido de Información Privilegiada a Cargo de Funcionario Público”, se le dictó arresto domiciliario de conformidad con el Art. 242, Num. 1º, del COPP. Se encuentra detenida en su casa el 06.04.2020.
2.4 Detenciones a Trabajadores empresas públicas
El sector de las empresas públicas también fue objeto de vigilancia y hostigamiento por parte del gobierno nacional. Al menos 3 trabajadores de las empresas públicas fueron detenidos durante el periodo por hacer críticas al gobierno nacional a través de diferentes medios. 1 en Anzoátegui a PDV y 2 en el estado Bolívar, pertenecientes SIDOR y Ferrominera (Anexo Tabla 11)
Detención de Elio Mendoza de SIDOR por reenviar un whatsapp
Elio Mendoza, supervisor en Planta de Pella de la Siderúgica del Orinoco (Sidor), fue detenido por funcionarios del Dgcim el 01.04.2020, tras haber reenviado un mensaje de Whatsapp. Mendoza habría sido llamado por el gerente de Planta, Francis Villega para que trabajara esa noche aunque no era su turno, le dijeron que no iría a buscarlo un transporte de la empresa sino una camioneta. Salió y sus familiares perdieron todo contacto, hasta el día siguiente 02.04.2020, a la 1pm cuando le permitieron llamar a su esposa, donde informó que estaba detenido en la sede del DGCIM Puerto Ordaz. Le fue dictada privativa de libertad y le imputaron los cargos de instigación al odio y difamación contra el presidente del TSJ. El lugar de reclusión, en San Félix.
Caso Tania Rodríguez, ex empleada de CVG detenida por criticar al gobierno nacional.
Tania Rodríguez ex empleada de CVG Ferrominera fue detenida arbitrariamente el 03.04.2020, por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana, llevada a la sede de ese organismo en Puerto Ordaz. Tania Rodríguez hace varios meses habría denunciado las políticas de Nicolás Maduro y participado en marchas convocadas por Juan Guaidó. En 2019 fue hostigada en su puesto de empleo y despedida por denunciar irregularidades dentro de la fábrica del sector hierro. Presentada ante tribunales el 05.04.2020, le dieron medida cautelar con presentación cada 45 días.
2.5 Defensores de Derechos Humanos DDHH
El Estado de alarma, también ha significado una reducción en el espacio de acción y acompañamiento para defensore/as de DDHH a víctimas. No sólo por las limitaciones de movilidad sino también por la negación de permisos para tránsito que permita seguir acompañando peticiones, denuncias e incluso para los actores humanitarios en su labor de apoyo a terceros en situación de vulnerabilidad. En el monitoreo, al menos 4 defensores de derechos humanos fueron víctimas de detenciones arbitrarias en el contexto del Covid – 19 y el estado de alarma, mientras realizaban labores de acompañamiento o de asistencia. (Anexo Tabla 12)
Caso Henderson Maldonado. Detenido por acompañar a pacientes renales en protesta
Henderson Maldonado de la organización Movimiento Vinotinto, fue detenido el 31.03.2020, en Barquisimeto estado Lara, tras acompañar a pacientes renales y oncológicos en una protesta por combustible para poder realizarse los tratamientos. Cuando el abogad y defensor intento grabar unos vídeos con testimonios fue abordado por funcionarios de la GNB, quienes lo detuvieron llevándolo al destacamento 121 de la GNB. Allí fue golpeado, torturado psicológica y físicamente. Su teléfono fue destruido. Fue presentado en tribunales y le otorgaron medida sustitutiva con presentación cada 30 días.
Caso Gabriel Aranguren. Detenido por poseer donaciones de material sanitario.
El 23.04.2020, Gabriel Aranguren se dirigió a su lugar de trabajo en la sede de CADEF acompañado de un colega con el objetivo de planificar la entrega de equipos de protección personal para COVID-19 a las comunidades vulnerables de la zona. Posteriormente, visitó la casa de una voluntaria de CADEF quien elabora las mascarillas protectoras que la organización distribuye en Tinaquillo, finalmente se dispuso a regresar a su hogar. Alrededor de las 4.30 p.m. encontrándose a 100 metros de la puerta de su casa, fue detenido por agentes de la policía municipal de Tinaquillo, quienes lo registraron e identificaron aproximadamente 80 tapabocas bajo su posesión. Alrededor de las 5.30 p.m. Aranguren fue trasladado a la comisaria municipal. Allí, le informaron que permanecería en la estación de policía el tiempo que los agentes de policía dispusieran“estas cosas le suceden por ser un conspirador contra la revolución”. Después de aproximadamente 4 horas fue puesto en libertad.
2.6 Detenciones a Personal Militar
Uno de los sectores con detenciones durante el Estado de Alarma, fue el militar. Sin incorporar las vinculadas a la incursión armada denominada “Operación Gedeon” se registraron al menos 8. Todos militares hombres, 6 fueron realizadas por miembros de la Dirección de inteligencia militar, DGCIM. En Miranda 7 detenciones y 1 en Caracas. (Tabla 13)
2.7 Detenciones a educadores
Se realizaron 3 detenciones de personas vinculadas al gremio educativo. En el estado Apure, Miranda y Nueva Esparta. (Tabla 14)
2.8 Detenciones Academia de Beisbol Roberto Vahlis Academy estado Nueva Esparta.
El 05.05.2020, Delcy Rodríguez Vicepresidenta informó un brote infeccioso de coronavirus en Nueva Esparta en la academia de béisbol Valhis Academy. Al no mantener la cuarentena se generó un contagió de 49 personas, para la fecha los casos confirmados sumaban 367 casos de los cuales 117 tendrían ubicación en dicho estado. El incumplimiento de la cuarentena hizo que el ministerio público dictara orden de aprehensión contra directivos y personal de la misma. (Anexo Tabla 15)
Caso Academía de Beisbol Roberto Vahlis Academy
El 17.04.2020, 5 personas fueron detenidas e imputadas representantes de la Escuela de Beisbol Roberto Vahlis Academy: Roberto Alejandro Valhis, gerente general; José Luis Rodríguez, entrenador; María Esparragoza, médico de la academia, Robertho Vhalies Director y Carmen Hernández.
La detención se llevó acabo por funcionarios de la Regiones de Defensa Integral Insular y las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), informó Tarek William Saab, por “comisión por omisión de lesiones gravísimas en grado de continuidad y negativa de suministrar información sobre el estado de salud de las víctimas al Estado Mayor de Salud. Expresó: “Según la investigación, el pasado 13 de marzo el ciudadano Roberto Alejandro Valhis ingresó al país desde República Dominicana a Maiquetía, sin acudir a ningún centro de salud a fin de realizarse la prueba de despistaje de Covid-19”.(…) Luego, el 14 de marzo ingresaron 5 adolescentes también desde República Dominicana, quienes pertenecen a la misma academia, y a quienes tampoco les realizaron ninguna prueba de despistaje», relató el funcionario. (…) “Entre el adulto y los adolescentes había dos contagiados. Todos fueron encontrados el 15 de abril dentro de la academia conviviendo con otras 57 personas, violentando la cuarentena social y el estado de alarma decretado por el Presidente de la República. En consecuencia, de esa irresponsabilidad fueron contagiadas otras 18 personas, para un total de 20 en esta academia”.
2.9 Detención de familiares y terceros vinculadas a personas buscadas
Una de las situaciones que vienen repitiéndose por varios años y que, durante el periodo de Estado de Alarma, se repitió en 09 ocasiones es la detención de familiares o terceros vinculados a una persona buscada por organismos de seguridad del estado. Las mismas se realizan de forma arbitraria, convertidas en desapariciones por horas o días -en algunos casos- con el uso de extrema violencia verbal y usando el amedrentamiento y las amenazas para que den información del paradero de la persona solicitada.
De las 9 detenciones arbitrarias 7 fueron contra mujeres: 2 esposas; 1 pareja de los solicitados, 2 hermanas, 1 amiga y la dueña de la residencia. De los 2 hombres detenidos fueron un hermano, y un primo. Tres personas vinculadas al teniente Richard Alemán Castellanos; 2 al periodista Eduardo Galindo; 3 al Coronel retirado GNB Oscar Pérez Romero; y 1 Andrea Bianchi pareja de Rafal Rico asesor de Juan Guaido. (Anexo Tabla 16).
Caso Familia Alemán Castellano. 4 miembros de su familia detenidos arbitrariamente.
El lunes 20.04,2020, el Dgcim realizó un allanamiento en la residencia del teniente retirado Richard Alemán Castellanos. Al no encontrarlo detuvieron a sus dos hermanas, Yolimar y Andreína Alemán Castellanos; a su primo Manuel Castellanos, y a su cuñado Ericsson Chaya Barrueta. Alemán Castellanos, fue detenido el 20.04 por un supuesto intento de asalto al parque de armas del Destacamento 441 de la GNB en Los Teques (Miranda). El hermano del teniente (r) de la GNB, el 24.04.2020, denunció que tenían incomunicada a su familia, tras acusarlos de terrorismo y detenerlos arbitrariamente. “La Dgcim irrumpió en mi casa a las 3:30 am y secuestraron a mi familia, alegando que nosotros somos terroristas. Durante el allanamiento de la vivienda, en Puerto Cabello (estado Carabobo), los funcionarios se llevaron computadoras, teléfonos y varios documentos.”
Caso Andrea Bianchi. Detenida por ser pareja del asistente de Juan Guaidó
El 30.03.2020, Andrea Bianchi, fue secuestrada por presuntos funcionarios del FAES, luego que acordará un sitio para que la encontrarán tras recibir presiones amenazando a su familia. En la vía pública a la altura de Chacaito, Caracas, fue obligada con armas de fuego a entrar a un vehículo. Fue desnudada, golpeada, y amenazada con violación sexual. Abandonada alrededor de 2 horas posteriores en la vía pública cuando un motorizado la auxilio y llevó a su casa. Andrea Bianchi es pareja del asistente de Juan Guaido.
3. Detenidos por protestar
Debido al exponencial deterioro de acceso a alimentos; el déficit y restricciones de combustible, así como el empeoramiento en las condiciones de vida y la calidad de los servicios públicos como constantes apagones y periodos de entre 6 y hasta 14 horas de cortes de electricidad; el deficiente acceso a agua, se han llevado a cabo una serie de protestas en diversos sitios del país solicitando soluciones al Ejecutivo.
La respuesta ha sido la represión a través de la acción de los cuerpos de seguridad nacionales, regionales y municipales con un lamentable saldo de heridos y detenidos. En el periodo de 2 meses del estado de alarma y la cuarentena hemos registrado al menos 51 detenciones confirmadas con nombres y apellidos en el marco de protestas social en el país. Sin embargo, reconocemos que existe un subregistro debido a la falta de información pública y la negativa de algunos manifestantes a denunciar una vez son liberados.
Las detenciones han sido al menos contra 41 hombres y 10 mujeres, entre ellos 3 adolescentes: joven 17 años detenido en Miranda, adolescente 15 años en Anzoátegui y un adolescente 16 años en Barinas. 2 hombres y una mujer. Las mismas han ocurridos en 11 estados del país: Táchira 3; Monagas 4; Miranda 2, Sucre 1, Anzoátegui 15, Barinas 5, Aragua 6 , Lara 1; Zulia 1, Carabobo 5, y 8 en Falcón.
En estas acciones represivas el cuerpo que más ha realizado detenciones es la GNB con 14 detenciones y 10 en operaciones conjuntas con policías regionales, PNB y una con participación de colectivos armados; Poliguanipa realizó 8 detenciones, PNB 6 detenciones; Poliaragua 6; Polilagunillas 1; Cicpc 1; 5 detenciones no se ha especificado el cuerpo que las realizó.
Asesinados en protestas
Nuevamente la acción desmedida con participación de civiles armados en actuaciones conjuntas con órganos de seguridad se ha repetido en las protestas llevadas a cabo por demandas de servicios públicos y derechos económicos y sociales. Esto ha dejado un saldo de 2 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones. Sin la identificación clara a la fecha del perpetrador y por tanto en total impunidad. Charlis Antonino Nuñez, asesinado el 23.04.2020 en Upata, estado Bolívar fue la primera víctima cuando participaba en una protesta por alimentos. El 04.05.2020, fue asesinado en Mérida, Rafael Hernández de 21 años, cuando participaba en un cacerolazo por los constantes cortes eléctricos en la región.