A raíz de los graves problemas económicos de Venezuela, debido a la hiperinflación y a la estrepitosa caída de los precios del petróleo, el régimen ha llegado a depender de las remesas y del contrabando de combustible, drogas y oro con el fin de intentar sostener su economía, cada vez más dolarizada.
Pero los confinamientos en todo el mundo, junto con la creciente presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro, han llevado a que solamente quede intacto uno de estos pilares económicos: el oro.
El desplome del mercado petrolero mundial llevó a que en el mes de abril el precio del petróleo venezolano alcanzara un nivel mínimo después de 20 años: US$9,90 por barril, en comparación con un promedio de US$56,70 dólares en 2019. La producción continúa siendo de alrededor de una cuarta parte de los niveles de 2008, y las posibilidades de exportación se han visto gravemente limitadas por las sanciones internacionales. Debido a la poca capacidad de refinamiento de Venezuela, el combustible procesado, que alguna vez fue una fuente de ingresos del contrabando, ya es tan escaso en Venezuela que ha sido contrabandeado desde Colombia y Brasil por los estados fronterizos, en vez de ser enviado al extranjero como ocurría antes.
Las remesas que los migrantes venezolanos envían a su país, que en 2019 alcanzaron los US$3.500 millones, también se han visto duramente golpeadas por el cierre económico a nivel mundial. La contribución de dichas remesas a la economía venezolana disminuyó un 75 por ciento en marzo y se prevé que disminuya casi a la mitad durante todo 2020, como lo señala la consultora económica Ecoanalítica.
Por otra parte, el aumento de las operaciones antinarcóticos por parte de Estados Unidos en el Caribe ha llevado a que varias grandes incautaciones hayan sido supuestamente vinculadas al gobierno de Maduro, y quizá estén haciendo más difícil el ingreso de la moneda extranjera a Venezuela a través del narcotráfico.
Todo esto significa que el oro, que durante los últimos años ha sido un importante pilar económico del gobierno de Maduro, es ahora más vital que nunca. Desde que comenzó la crisis por el coronavirus, el metal precioso, considerado una inversión segura en tiempos difíciles, ha alcanzado máximos que no se veían desde hace años.
Como resultado, se ha presentado un drenaje acelerado de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela (BCV), lo que incluye el intercambio de grandes cantidades por piezas para restaurar las refinerías de petróleo con aliados internacionales como Irán. Solo en abril se negociaron nueve toneladas de oro del BCV, lo que, según Bloomberg, causó que Venezuela quedara con las reservas de divisas duras más bajas en 30 años.
En este contexto, el país debe mirar hacia el Arco Minero del Orinoco (AMO), con el fin de reponer sus reservas. Este gran territorio al sur de Venezuela, cuya mayor parte se encuentra en el estado Bolívar, ha sufrido durante mucho tiempo violentos enfrentamientos entre grupos criminales y actores estatales por el control de las miles de minas ilegales que se encuentran allí. Actualmente hay señales de que dichos enfrentamientos se están intensificando.
A continuación, cuatro aspectos que muestran la creciente importancia del oro para Venezuela:
1. “Legalización” de la extracción de oro de ríos de Bolívar
El 8 de abril, el gobierno de Maduro declaró seis ríos en Bolívar aptos para la extracción de oro —a pesar de las advertencias de devastación ambiental—. Aunque la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, pronto rechazó la iniciativa, las operaciones han avanzado.
A principios de mayo, grupos armados irregulares asesinaron al menos a dos —incluso hay reportes de que fueron 13 personas— del grupo indígena Yekuana, que habían estado protestando por la instalación de nuevas balsas mineras en el río Caura. Américo de Grazia, representante de la oposición por Bolívar, culpó de los asesinatos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo guerrillero colombiano, que supuestamente había sido encargado de custodiar las nuevas instalaciones.
Aunque todavía no se ha verificado el papel del ELN en los asesinatos, se sabe que la guerrilla está cooperando con actores estatales en operaciones mineras ilegales en otras zonas de Bolívar y ha estado implicada en varias masacres relacionadas con el control de yacimientos mineros.
2. Intento de manipulación de precios por parte de compradores de oro
El 10 de mayo de 2020, un reportaje de Armando.Info señalaba que el precio que se paga a los mineros por gramo de oro estaba a la mitad de su tasa habitual en dólares: US$15 en lugar de US$30. El artículo argumentaba que esto se debía a la colusión entre los compradores de oro para mantener constante el precio pagado a los mineros en bolívares, a pesar de una fuerte caída en el valor del bolívar con respecto al dólar y del creciente valor del oro en los mercados internacionales.
Dado que las rutas de contrabando independientes se encuentran más restringidas de lo habitual debido a los controles de movimiento por la cuarentena, a los mineros no les quedó otra opción que aceptar. Los poderosos compradores locales —entre los que se encuentran actores estatales y militares— aprovecharon la oportunidad y fueron los principales beneficiarios.
El precio del dólar ha vuelto a subir, y las fuentes de InSight Crime en Bolívar advierten que la caída puede haber sido causada en parte por los mercados locales no regulados que luchan por hacer frente a la volatilidad del bolívar.
Sin embargo, también confirmaron que el mercado del oro de Bolívar está estrechamente controlado por un selecto y temido grupo de compradores. Por lo tanto, es plausible que este grupo haya aprovechado la caída del tipo de cambio para mantener el precio de compra artificialmente bajo y maximizar las abundantes ganancias del oro.
3. Más operaciones contra bandas mineras no cooperativas
Gran parte de la violencia en Bolívar en los últimos años se ha debido al intento del Estado de imponer orden a la multitud de bandas mineras de la región y garantizar el acceso a los ingresos del oro. Mediante operaciones militares y colusión con las fuerzas del ELN, la mayor parte de las bandas de Bolívar han estado por lo menos parcialmente subordinadas a los actores políticos y militares que tienen el poder en la región.
Una excepción la constituye la banda liderada por Jhon Valdéz, alias “El Toto”, en el sector de El Perú, en El Callao, que ha resistido violentamente las incursiones del gobierno y la guerrilla en sus ricos territorios mineros.
A lo largo de mayo de 2020, las fuerzas de seguridad realizaron varias incursiones importantes contra las minas de El Toto, consideradas por algunos medios como un intento de “toma” de El Perú. El 13 de mayo, un empleado de la corporación minera mixta Minerven-Mibiturven fue arrestado por supuestamente procesar oro para la banda. Tales detenciones son relativamente raras en Bolívar, a pesar de que este modus operandi está muy extendido.
Los ataques estatales contra la banda de El Toto no son nada nuevo, y las más recientes operaciones fueron desencadenadas por el asesinato, por parte de la banda, del músico y minero local Carlos Clark.
En una región en donde los asesinatos son tan comunes que en su mayor parte pasan desapercibidos, es probable que el asesinato de una figura popular se haya utilizado simplemente como pretexto para intensificar las movidas del Estado contra un viejo enemigo en estos momentos.
4. Medidas para controlar las facciones errantes
El 20 de mayo de 2020, se informó que seis oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habían sido detenidos en La Paragua, en el centro de Bolívar. Fueron acusados de facilitarle la minería ilegal a la banda dirigida por Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo, alias “El Ciego”.
El Ciego fue alguna vez uno de los principales socios criminales del exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, según el testimonio de un denunciante de las fuerzas de seguridad. Aunque su banda ha venido cayendo en desgracia en los últimos años, él parece haberse aferrado al poder en el centro de Bolívar mediante pactos con algunas fuerzas de seguridad corruptas.
En enero de 2020, se reportó la muerte de ocho personas en el territorio de El Ciego en El Manteco, durante enfrentamientos entre la banda y combatientes del ELN. Los residentes de la región le dijeron a El Pitazo que el ELN había estado tratando de entrar en la zona durante dos años, pero no pudieron hacerlo porque un grupo dentro de una unidad local del Ejército se había resistido a la toma de control.
Tales pactos criminales-militares han formado parte de un sistema que distribuye el control de la minería ilegal en Bolívar entre actores políticos y militares, en un intento de mantener aplacadas a diferentes facciones. Sin embargo, los recientes arrestos en La Paragua indican que está aumentando la presión desde el Gobierno por un control más centralizado de esta actividad minera.