La Corte Suprema eliminó el lunes una ley estricta de Luisiana que regula las clínicas de aborto, reafirmando un compromiso con los derechos de aborto en el primer gran caso de aborto de la administración del presidente Trump.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se unió a sus cuatro colegas designados por los liberales para dictaminar que la ley que exige que los médicos que realizan abortos admitan privilegios en hospitales cercanos viola el derecho al aborto que el tribunal anunció por primera vez en la histórica decisión Roe v.
En dos casos de aborto anteriores, Roberts había favorecido las restricciones.
La ley de Louisiana es prácticamente idéntica a una en Texas que el tribunal anuló, con Roberts votando en contra, en 2016.
“El resultado en este caso está controlado por nuestra decisión de hace cuatro años de invalidar una ley de Texas casi idéntica”, escribió Roberts, aunque no se unió a la opinión escrita por el juez Stephen Breyer.
El juez designado por los conservadores Clarence Thomas escribió un disidente agudo.
“Hoy, la mayoría de la Corte perpetúa su jurisprudencia infundada sobre el aborto al imponer una ley estatal perfectamente legítima y hacerlo sin jurisdicción”, escribió Thomas.
Los dos nombrados por Trump, los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, discreparon, junto con el juez Samuel Alito.
La presencia de los nuevos jueces es lo que alimentó las esperanzas entre los opositores al aborto, y los temores del otro lado, de que la Corte Suprema sea más probable que cumpla las restricciones.
Un juez de primera instancia dijo que la ley no proporcionaría beneficios de salud a las mujeres y que dejaría abierta una sola clínica en Louisiana, en Nueva Orleans. Eso haría demasiado difícil para las mujeres abortar, en violación de la Constitución, dictaminó el juez.
La Casa Blanca desestimó el fallo en un comunicado de la vocera de Trump, Kayleigh McEnany, quien también criticó a los “jueces no elegidos” que fallaron en contra de la ley estatal.
“En un fallo desafortunado de hoy, la Corte Suprema devaluó tanto la salud de las madres como la vida de los niños no nacidos al destripar la política de Louisiana que requería que todos los procedimientos de aborto fueran realizados por personas con privilegios de admisión en un hospital cercano”, dijo.
“En lugar de valorar los principios democráticos fundamentales, los jueces no elegidos se entrometieron en las prerrogativas soberanas de los gobiernos estatales al imponer sus propias preferencias políticas a favor del aborto para anular las normas legítimas de seguridad del aborto”.