Juan Guaidó: La entrega de mi partido al chavismo es parte de la trampa electoral

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. | Foto: Presidencia VE

 

Juan Guaidó ha tenido una semana atareada, y cómo no enfrentando una dictadura. Días en los que su equipo ha seguido sometido a persecuciones y medidas judiciales mientras él mismo ha sido acusado de encabezar una supuesta trama para «robar» las reservas internacionales del país. Además, el chavismo impulsa su agenda para socavarle el suelo institucional parlamentario. Pero también ha habido triunfos, como el reconocimiento británico, ya no solo político sino legal, de que es él el legítimo gobernante de Venezuela. En la Asamblea Nacional que encabeza se ha decidido no convalidar farsas electorales convocadas por Maduro, mientras una hoja de ruta de acción se va definiendo.

Por Rocío Colomer

En ese contexto, recibe a LA RAZÓN, aunque con distanciamiento social. Guaidó acepta una entrevista, a través de Zoom, desde el mismo lugar donde ha encabezado las sesiones parlamentarias y las reuniones con autoridades de otros países.

El Tribunal Supremo de Justicia ha entregado su partido, Voluntad Popular, a dos diputados aliados del chavismo, para que participe de la elección convocada para diciembre. ¿Cómo lo evalúa?

Lo primero es el esquema de persecución de la dictadura, que empezó no solo con quitar tarjetas a partidos políticos ante un posible árbitro electoral sino que comenzó con la extorsión y sobornos de algunos diputados, ahora sancionados por la UE, Estados Unidos y Suiza. Es un esquema de extorsión, sobornos y persecución a la dirigencia política. Ha sido un esquema bien elaborado. Parte de tratar de forzar una participación en una trampa electoral. Es difícil catalogar como elección lo que tienen propuesto, sin partidos políticos, arrebatándolos a sus legítimos dirigentes, con persecución, presos políticos y el árbitro electoral, Vladimir Padrino López (ministro de Defensa) hablando como un activista de a quién se le entrega o no el poder en Venezuela. Forma parte del esquema de persecución de la dictadura, de la violación de derechos humanos. Incluso en el informe reciente de Michelle Bachelet sale reflejado este elemento de quitar derechos políticos al venezolano.

Sobre las palabras de Padrino de que la oposición no podrá ejercer el poder en Venezuela, ¿hasta qué punto demuestran que el chavismo no está dispuesto a someterse a un proceso democrático?

Es doblemente delicado lo dicho por Vladimir Padrino. Evidentemente viola la Constitución y todo lo que tiene que ver con las normas, eso es obvio. No es secundario, pero hay una dictadura en Venezuela. Aunque existe un elemento muy delicado: la Fuerza Armada es y será un elemento clave de cara a una transición. Por eso son tan graves las declaraciones. Ayer se hizo un exhorto desde la Asamblea Nacional rechazando estas declaraciones y haciendo un llamamiento al Ejército a desligarse de esta declaración que viola nuestra Constitución.

La cúpula militar sigue respaldando a Maduro. ¿Cómo se podría conseguir la fractura dentro de las filas militares?

Lo que le conviene a Venezuela, más que una fractura del Ejército, es que haya una posición constitucional, con respeto a la soberanía, al ejercicio del voto, a la libertad de elegir. Eso no ha pasado hasta el momento. Hemos visto destellos, como lo que fue el 30 de abril de 2019, pero no ha sido suficiente. Maduro sigue usurpando el poder. Aquí el gran debate es la aproximación a la solución. Vamos a insistir en lo que ha sido la Ley de Garantías y Reconciliación. No ha sido suficiente, y por eso las sanciones internacionales son muy importantes para que se entienda que hay responsabilidades en las acciones y las violaciones a los derechos humanos y que no se va a respaldar ninguna farsa electoral.

Es una paradoja exigirle condiciones electorales democráticas a un gobierno que no lo es. ¿Cómo convertir lo que va a ocurrir en diciembre en algo que aporte a un cambio de gobierno?

Lo que va a ocurrir es un evento político propuesto por la dictadura. No es una elección. Y no es un asunto semántico. Es un ejercicio de soberbia por parte de la dictadura creer que van a estar ahí por seis meses más. ¿Pudieran estarlo? Sin duda. Han demostrado que resisten, que no les importa ningún tipo de dolor ciudadano, del venezolano, ni la presión internacional. No estamos exigiéndoles condiciones a una dictadura. Estamos luchando por condiciones. Para llegar a un entendimiento hacen falta condiciones, que son diez y las enmarcamos en la frase «elecciones libres, justas y verificables». Nosotros queremos votar, elegir.

¿Qué hacer el 6 de diciembre?

Aquí hay muchas alternativas y es parte del debate. El comité de postulaciones (para nombrar una nueva autoridad electoral) continúa activo. El Consejo Nacional Electoral que lo nombra es la Asamblea Nacional. Hay alternativas que pueden derivar en una votación, en un proceso de exigencias, en un proceso de lucha. Ni siquiera estoy hablando de boicot. La alternativa que presentemos tiene que ser de cara a la participación, a la movilización, no a inhibirnos. No puedo ser más preciso porque el detalle está en pleno debate.

Varios actores de la oposición han planteado que el Parlamento pudiera tener una «continuidad administrativa» más allá del tiempo de su legislatura. Usted lo ha mencionado. Otras voces lo rechazan… ¿Qué pasaría con una Asamblea Nacional liderada por Guaidó en el caso de que esas elecciones de diciembre no se consideren válidas para elegir nuevos diputados?

El mandato del gobierno encargado que es producir una elección realmente libre según nuestro artículo 233 de la Constitución. El 5 de enero de 2021 sin duda es un tema que tenemos que precisar. Ahora, es un despropósito hablar en este momento de eso. Si ese escenario llega, lo que no puede existir es un vacío de poder. Es una situación que tiene antecedentes en Venezuela, pero lo ideal no es discutir la condición del Parlamento. Hay formas previas de validación, de consulta, de elección, antes que llegue ese momento para poder ejercer legítimamente los cargos.

El fallo del Tribunal Superior de Londres le brindó una victoria al reconocerlo como único presidente legítimo. ¿Es un sostén para continuar con su presidencia interina más allá de 2021?

Es un reconocimiento que va más allá de lo diplomático. Hay un pronunciamiento judicial de una corte independiente, que genera mucha confianza. La cifra que se protegió en Inglaterra, es de entre 1.200 y 1.400 millones de dólares. La significación de la protección de esos recursos es precisamente para que no se lo sigan robando y sirva para la reconstrucción de Venezuela. Sin duda se trata de un reconocimiento muy claro al gobierno encargado y un desconocimiento a Maduro que es visto como dictador en la mayoría del mundo occidental.

Ese proceso electoral ya ha sido cuestionado por EE UU, la UE, la OEA, y ahora Bachelet. ¿Qué significa en términos prácticos?

Es una tragedia para los que queremos elegir y cambiar a Venezuela. Ya vimos en 2017 y 2018. Lo que implica en la práctica es que no va a tener ningún tipo de reconocimiento lo que derive de esa trampa que trata de montar la dictadura. También que, mientras dure la dictadura, aquí en Venezuela no va a haber capacidad de recuperación. Solamente habrá aislamiento, lo cual nos impacta a todos.

Hace un año le preguntábamos sobre posibles conversaciones con Cuba y otros aliados del régimen como Rusia o Irán. ¿Se ha podido avanzar en esos contactos?

Ya la dictadura no tiene aliados sino proveedores y países que los ayudan a rebotar algún tipo de propaganda. Si lo vemos en perspectiva, el retroceso diplomático ha sido claro para la dictadura, el acceso a recursos es mucho menor, hoy se reconoce que el país atraviesa una Emergencia Humanitaria.

La decisión del Tribunal de Londres suma recursos a las manos del gobierno interino, pero sin posibilidad de acceder al poder institucional en Venezuela. ¿Se usarán esos recursos?

Se van a salvaguardar esas reservas en oro que están en el Banco de Inglaterra. Son recursos muy necesarios en Venezuela y no hay complejos para utilizarlos en favor de los venezolanos, pero ha sido muy complejo, producto de la ausencia de burocracia establecida para usarlos. Tenemos el caso más reciente de los 80 millones de dólares aprobados por el Parlamento, que ha sido un proceso de casi cuatro meses para poder establecer los mecanismos, las licencias de la OFAC en EE UU, la infraestructura mínima de rendición de cuentas, para finalmente plantear las transferencias a la OPS, al programa Héroes por la salud y al propio Parlamento. Nuestro objetivo con el oro era protegerlo del régimen de Maduro.

¿Qué puede pasar si Trump pierde las presidenciales de noviembre? ¿Puede cambiar la visión si triunfa Joe Biden?

Tenemos excelente relación con la Administración Trump, a quien le agradecemos la determinación en el respaldo a la causa venezolana. Pero también contamos con el respaldo del Congreso de EE UU. Estuve en el discurso del Estado de la Unión, tuve una reunión con la portavoz Nancy Pelosi. Ha sido una política bipartidista el rechazo a una dictadura en Venezuela. Nuestra relación con el presidente Trump y la Casa Blanca es óptima, y confiamos plenamente en el respaldo que seguirá teniendo Venezuela.

Se reunió con Pelosi. ¿Le ratificó el compromiso con la causa de Venezuela?

No solamente lo confirmo yo. Ellos han sido portavoces de esta causa. Previo a haberme reunido con Pelosi, estuvimos en un mitin en Miami donde estuvieron todos los senadores y congresistas tanto republicanos como demócratas. No es un tema de creer en un respaldo sino que se ha materializado en apoyo constante a la causa, a las sanciones, a la presión, y ha habido interacción constante desde el Congreso y desde la Administración Trump.

¿Cómo encajaron las revelaciones del ex asesor John Bolton en las que dice que Trump dudó del apoyo y hablaba del «niño Guaidó» frente al «duro Maduro»?

Si nos situamos en el 5 de enero de 2019 pocos me conocían. El debate lo hubiese tenido cualquiera. Verlo de manera distinta al contexto donde se toma una decisión sería errado. Con hechos se ha demostrado el apoyo al gobierno encargado. Un año después, la invitación al Congreso y a la Casa Blanca demuestra un respaldo firme y determinado.

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