Está semana todas las empresas de Carabobo fueron sorprendidas con la información, buena parte vertida en redes sociales y no por canales oficiales o medios de comunicación formales, sobre una nueva obligación: a partir ahora todos los establecimientos comerciales e industriales, del sector priorizado y no priorizado, deberán realizar una solicitud por escrito especificando cantidad de trabajadores y producción ante la Secretaría de Economía Productiva y Turismo (SEPTUR) a los efectos de controlar su funcionamiento en el contexto del Coronavirus.
Estas empresas tiene que entregar un manual de procedimientos de Bioseguridad (conforme a lo dispuesto en la gaceta oficial N°41891 emitida el 1 de junio pasado) y tener vigente el permiso de Conformidad Sanitario emitido por Contraloría Sanitaria (ubicada en Bárbula – Naguanagua, lo cual complica el cumplimiento de trámites para quiénes no están ubicados en ese municipio considerando las limitaciones al libre tránsito por la cuarentena). Con solo leer todo esto ya uno se cansa, ¿De verdad todo esto es necesario?, ¿Se necesita más burocratismo para enfrentar la pandemia? ¿El gobernador o alguien en la SEPTUR ha leído el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos? ¿O es que todo esto es para incentivar la prometedora y rentable industria de la gestoría y el “dame algo pa’ los frescos”? Porque, al pan pan y al vino vino, entre una onerosa e injustificable multa y el sueldo paupérrimo de los funcionarios, el punto medio muchas lamentables veces es la extorsión.
Todo esto tenía que entregarse el pasado 10 de Julio pero, como lo que reina es la desinformación, tuvo que darse una prórroga hasta el 30 de Julio. A partir de entonces iniciarían las inspecciones en todos los establecimientos comerciales e industriales. Es decir, hacer que unas personas (funcionarios) se encuentren con otras personas (trabajadores de las empresas) aunque la recomendación universal es el distanciamiento social.
Todo está asfixia de papeles y burocracia, en un contexto de crisis, sin tutela judicial porque recuérdese que las actividades de tribunales están suspendidas, solo puede provocar discrecionalidad de los funcionarios públicos, desestimular la producción y la actividad económica, potenciar la informalidad de la actividad económica y, para completar, sin ningún beneficio tangible porque la información que está requiriendo la SEPTUR puede ser obtenida cruzando las bases de datos de las alcaldías, que tienen registro de los contribuyentes del impuesto de actividades económica, el registro trimestral de rotación de empleados que tiene el Ministerio del Trabajo y los datos de los asegurados en el IVSS registrados en el sistema “Tiuna”. ¿No disque son “un solo gobierno”? Buena oportunidad de probarlo colaborando y compartiendo información antes que entorpecer la miniaturizada actividad económica.
Esta forma de actuar de la SEPTUR, inventarse un procedimiento administrativo inútil (al cual no se le conoce siquiera fundamento legal), para que en 15 días las empresas (sin discriminar grandes o pymes, industrial o comercial) tengan manuales que se fiscalizarán (¿En medio de la pandemia?) Solo nos confirma la propensión a usar el miedo que causa la pandemia para acrecentar el carácter invasivo de quienes detentan el poder. No comprenden que gobernar no es un asunto de un actor imponiendo su voluntad sobre otros sino generar confianza e interacción armónica entre distintos actores (Estado, Gremios, Empresas, Sindicados, Trabajadores).
El gobernador Lacava será responsable si esta flagrante inobservancia de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos trae consigo más informalidad empresarial, más precariedad laboral o el cierre de empresas en un contexto tan adverso para la actividad económica. Hoy el desempleo de cualquier persona es casi una condena de muerte por inanición Sr. Gobernador, es mejor que ponga más atención a lo que hacen sus funcionarios en la SEPTUR, hacer políticas públicas es un asunto delicado y los errores se pagan caro.
Creo pertinente que si la SEPTUR tiene interés en cumplir un rol decentemente positivo en el actual contexto de crisis debería llamar a consultas a los actores relevantes en este asunto y, más que decir, tener disposición de escuchar, revertir decisiones y comprender que el rol de los ciudadanos no es decir “amén” a cuánta burrada se les ocurra sino propender a soluciones inteligentes a los desafíos actuales.
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica