La directora Ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suju, con la colaboración de los abogados Ana Cristina Monteiro y Alejandro Mena, ha denunciado hoy, ante la Procuraduría General de Portugal, los casos de tres ciudadanos luso-descendientes encarcelados en Venezuela, víctimas de detención arbitraria, torturas y tratos crueles y violaciones al debido proceso, inducidos desde las altas esferas del poder.
“Hemos acudido a la Justicia portuguesa, ya que tal y como está establecido en su normativa vigente y en los convenios internacionales suscritos por Portugal que prohíben expresamente la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, el Estado portugués tiene la obligación de garantizar la vida e integridad física de sus nacionales, dentro y fuera del país, e investigar los crímenes de Lesa Humanidad que son de trascendencia Internacional, para que no queden impunes”, declaró la doctora Suju.
“En Venezuela no hay Estado de Derecho, afirmación incluso hecha por la propia alta comisionada de DDHH en su último informe, y en estos casos de persecución política, no ha habido una investigación seria, independiente e imparcial que determine a los culpables de las torturas sufridas por Vasco Da Costa, el Mayor Adrián de Gouveia y el Coronel Rodríguez Dos Ramos”.
Hemos solicitado a la Procuradora la apertura de una investigación formal acerca de los crímenes relatados, y que ejerza la tutela judicial efectiva para estas víctimas.
Nota de prensa