El reciente pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana desenmascara una vez más al régimen y sus aliados en su absurda obstinación de realizar unas elecciones parlamentarias inconvenientes y fraudulentas desde todo punto de vista.
Se trata de un documento franco, valiente y contundente, apegado a la verdad y que sintetiza la mayoritaria opinión de los venezolanos. Si algo constituye la parte medular de este pronunciamiento es su denuncia responsable contra un régimen indolente que, junto a sus acólitos, privilegia sus intereses por encima de los intereses de los venezolanos.
Y es que necesitados como están de una Asamblea Nacional plegada a sus objetivos políticos y financieros –seguramente bien retribuidos a quienes le sirven de coyunda–, nada les importa el drama que sufre Venezuela. Prefieren destinar milmillonarios recursos del Estado para sufragar unas falsas elecciones, en lugar de invertirlos en la salud de los venezolanos, especialmente en el urgente combate contra el coronavirus.
Como lo ha hecho en cada ocasión que lo amerita, este pronunciamiento del Episcopado Venezolano constituye un lúcido llamado a la sensatez, en medio de la sordera del régimen y sus aliados, tercamente empeñados en realizar un proceso electoral que a pocos le despierta confianza, violentando la Constitución, las leyes y normas electorales, así como los lapsos que previamente deberían cumplirse.
“Los venezolanos queremos vivir en democracia”, señala el texto en comento. “Para ello es necesario celebrar elecciones de modo imparcial para todos los partidos políticos y de respeto del voto ciudadano. El régimen, más preocupado por mantenerse en el poder que en el bienestar del pueblo, ha convocado unas elecciones parlamentarias, valiéndose de un Tribunal Supremo de Justicia sumiso al Ejecutivo, de un Consejo Nacional Electoral ilegítimo y la confiscación de algunos partidos políticos, así como realizando amenazas y persecuciones a los dirigentes políticos e intentando comprar conciencias. Todo esto además de dibujar una ilegitimidad, provocará la abstención y la falta de confianza ante estas inciertas elecciones parlamentarias”.
El pronunciamiento va mucho más allá al denunciar “como inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución social y política de los verdaderos problemas, así como el cinismo de algunos factores políticos que se prestan a este juego desvergonzado, con el cual el régimen se consolida como un gobierno totalitario, justificando que no puede entregar el poder a alguien que piense distinto”. Y –a renglón seguido– condena, muy particularmente, la negativa del Ministro de Defensa “a aceptar un cambio de gobierno”, lo que, a juicio del episcopado católico “es totalmente inconstitucional y, por tanto, inaceptable”.
Si el régimen en verdad quisiera convertir este proceso electoral en una palanca para buscarle una salida auténtica a la tragedia que hoy agobia al pueblo venezolano debería aceptar estas críticas, desmontar el fraudulento proceso eleccionario en marcha y participar en una negociación política para designar un CNE, conforme las normas constitucionales. Sería lo menos que debiera hacer, si acaso es cierto que les conmueve el sufrimiento de la gran mayoría de los venezolanos, producto de su propio régimen inepto y corrupto.
Todo ello implicaría un nuevo registro electoral que incorpore a los cinco millones de compatriotas hoy fuera del país; devolver los partidos políticos -secuestrados por el chavomadurismo- a sus legítimas autoridades; eliminar el inconstitucional aumento de diputados a la Asamblea Nacional; dejar sin efecto las arbitrarias detenciones e inhabilitaciones contra dirigentes políticos opositores; y crear un clima de confianza nacional.
Si nada de esto es posible, entonces esas falsas elecciones serán otro fracaso más, pues no resolverán nada y, por el contrario, profundizarán aún más la actual problemática. Pretender realizar un proceso comicial de espaldas a la gran mayoría, despreciando a los adversarios y apoyándose en unos pocos lacayos dispuestos a todo para no seguir naufragando, sólo profundizará los males que hoy acogotan a los venezolanos.
Frente a esta situación el problema ya no es votar o abstenerse. El problema es votar para elegir. Y eso exige garantías plenas de que, en efecto, será reconocida la voluntad popular. En una democracia que se precie de ser tal, uno vota para elegir.
Pero cuando uno vota y no elige, porque a nuestros candidatos, aunque hayan ganado la elección, no se les reconoce el triunfo, o, habiéndoseles reconocido, los despojan de las atribuciones de su cargo y judicialmente se les sabotean y bloquean sus iniciativas, entonces resulta imposible decir que estamos en una democracia. Los casos de la Asamblea Nacional y los cuatro gobernadores electos por la oposición, así lo confirman. Lo mismo pasa cuando a la dirección legítima de un partido político el tribunal supremo le arrebata su representación jurídica, su tarjeta electoral y demás símbolos para entregárselos a unos cómplices del régimen, convertidos en falsos opositores, con lo cual arman un tinglado a su conveniencia.
No se trata de abstenernos entonces. Se trata de exigir el mínimo de condiciones electorales que legitimen los resultados de las votaciones. Lo otro sería dejarnos conducir como mansas ovejas al matadero…