Ocho pruebas del coronavirus dieron positivo en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) luego de la jornada ocurrida a mediados de julio cuando se aplicaron los test a los funcionarios y detenidos. Las únicas medidas tomadas son ubicar a los contagiados en un área de aislamiento que no ofrece garantía alguna de atención óptima. La esposa de un oficial, detenido por conspiración, reveló: “Algunos militares llamaron el jueves pasado, pero de otros no se sabe nada. Nadie allí da información. Pero el Gobierno está más preocupado por Alex Saab que por el estado de los detenidos en la DGCIM o el SEBIN”.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
“No coloques mi nombre, porque ya me advirtieron que se vengarían con mi esposo o con mis hijos. A la casa de uno, que está preso con mi esposo, llamaron el otro día, y porque la esposa había publicado un tuit reclamando justicia para él, le dijeron que quitara eso o si quería que su esposo pagara por lo que ella hacía”, relata a Infobae la esposa de un oficial señalado por Traición a la patria e instigación a la rebelión, quien está preso en la DGCIM y a quien no ve desde hace cinco meses.
“Alex Saab dice que lo trasladaron desde el aeropuerto a una celda donde permaneció encerrado dos días, sin comida o luz, pues a mi esposo, cuando lo detuvo la DGCIM, [nos] negaron que estuviera en sus instalaciones, nos enviaron a hospitales y a la morgue”.
“Dos semanas después supimos, de manera extraoficial, que estaba en la DGCIM Boleíta. Fui todos los días a preguntar por él. Los funcionarios siempre repetían que no estaba, hasta que uno muy jovencito me dijo: ‘Señora, no lo puede ver hasta que se cumplan los 45 días del acostumbramiento’. Le pregunté qué era eso y me respondió: ‘Es el tiempo establecido en la ley para que él pueda tener visitas o llamadas’. Usted, Saab, se queja por dos días, la DGCIM tuvo 45 días a mi esposo secuestrado”, dice la esposa de un oficial.
“Después los abogados nos contaron que eso es ilegal, pero ningún organismo del Estado actúa para restablecer la seguridad jurídica. Quizá por eso sentí mucha rabia cuando leí la carta de Alex Saab al primer ministro del archipiélago africano, Ulisses Correia; ese individuo se queja de que tiene 57 días detenido ilegalmente. Pues le digo que mi esposo, un oficial honorable de la Fuerza Armada venezolana, tiene más de dos años en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Caracas, sin una sola prueba en su contra”.
“¿De qué se queja Saab si hasta atención médica ha recibido? A mi esposo y a casi todos los oficiales, que tienen allí más de dos años, aun siendo activos, apenas si alguna vez los han llevado a un hospital; solo eran vistos cada determinado tiempo por médicos forenses que se hicieron los ciegos ante los signos de tortura y hasta se permitieron pasar la consulta médica sin revisarlos, sin auscultarlos y custodiados por dos de quienes los torturaron”.
“Muchas esposas, incluso hijas y madres hemos sido amenazadas. Eso ocurre en la Dgcim desde que estaba el ahora premiado a general Rafael Antonio Franco Quintero, después le siguió un hombre maligno como el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares y ahora el general Carlos Enrique Terán Hurtado. ¿Usted cree justo que ni siquiera podamos denunciar las condiciones en las que tienen a nuestros esposos? ¿Que se nos diga que si decimos algo por las redes sociales o los denunciamos nuestros esposos van a pagar? No soy la única a la que le ha pasado eso, nos ha pasado a la gran mayoría”.
“Ese Alex Saab señala que el Gobierno de Nicolás Maduro lo recompensó con la nacionalidad y con el cargo de enviado especial. Pues déjeme decirle que mientras a ese individuo, denunciado por no ser nada honesto, le dieron nacionalidad y hasta inmunidad diplomática, a nosotros nos quitaron nuestros documentos, allanaron la casa de mi suegra, nos robaron, nos amenazaron, se llevaron nuestros teléfonos y usaron los contactos que había en ellos para enviarles mensajes denigrantes contra mi esposo, que tiene una carrera militar intachable”.
Falta Bachelet
Dice la esposa del militar: “Cuando a mi esposo lo detuvieron, así como a otros oficiales, algunos fueron brutalmente torturados, como también ocurrió con el doctor Manuel Marulanda, que es civil, a quien golpearon en las manos para que nunca más volviera a operar, como se lo dijeron los torturadores. Desde entonces han pasado muchas cosas, entre esas, que dejaron morir al ex presidente de CITGO Nelson Martínez y torturaron y mataron al capitán de corbeta Acosta Arévalo”.
“Él, Saab, se queja de haber perdido casi 20 kilos de peso, pues en la DGCIM hay presos que han perdido incluso 45 kilos. Ahora mismo los detenidos han bajado brutalmente de peso porque no permiten que les llevemos alimentos, y la comida que dan en la DGCIM es muy poca y con casi nada de proteína. Los que más sufren son los que deben seguir dietas por razones de salud”.
Sin poder evitar el llanto continúa: “No solo mi esposo está preso, con él estamos todos, esposa, hijos, padres, hermanos, todos estamos presos. Es una cadena que nos ata a la incertidumbre, al miedo, a la interminable espera por una llamada. Imagínese la angustia que vive cualquier ser humano en el mundo ante la pandemia, pero agréguele la particularidad de lo que ocurre en Venezuela, con la crisis que representa el precio de los alimentos y lo caótico de los servicios públicos. A ese escenario agréguele la tragedia de la violación a los derechos humanos, con tribunales cerrados, con la inacción de la fiscalía y la defensoría del pueblo, con el temor a que nos maten a un familiar o se contagie y muera”.
“Quizá lo peor es sentir que no hay ante quien recurrir. Cuando la alta comisionada Michelle Bachelet vino al país y se reunió con nosotros, nos oyó y parecía conmovida, creímos que las cosas mejorarían un poco, pero cambiaron para peor. Desde que ella vino al país la impunidad es más acentuada, y cuando cambiaron a sus delegados en Venezuela de inmediato se notó el cambio, el acercamiento de ellos al Gobierno de Maduro. Yo no volví a pedirles que actuaran. ¿Para qué? Así uno entiende cómo la señora Bachelet solo quiere que sus delegados hagan cursitos en Venezuela, pero ignoren la brutalidad y denegación de justicia que están sufriendo nuestros familiares presos, además de los que están en otros centros de reclusión como el SEBIN o cárceles como la militar de Ramo Verde”, finaliza diciendo.
Es inaudito que Saab le diga a Cabo Verde que Venezuela siempre lo tratará con mayor respeto y le presentará más oportunidades que Estados Unidos y que él puede ayudar como representante de Venezuela más de lo que Estados Unidos lo hará en 100 años. Su nacionalidad venezolana aún es dudosa, como también es la de guerrilleros y terroristas que ahora tienen cédula y pasaporte venezolano.