Fueron seis años de infierno para Lawrence. Si nada insólito ocurre, el hijo de Íngrid Betancourt podrá percibir en Estados Unidos una indemnización multimillonaria para compensar el sufrimiento por el largo secuestro de su madre.
Nacido en California y de nacionalidad norteamericana, este mes presentó una demanda civil ante el Tribunal del Distrito Medio de Pensilvania contra las Farc y 17 integrantes, tanto de la antigua banda armada como de la nueva guerrilla. Reclama, con justa causa, por “los daños y perjuicios que se derivaron de actos de terrorismo internacional cometidos por las Farc y sus miembros (…) Le quitaron la madre durante sus años de formación causando que sufriera una angustia emocional que aún padece”, recalcan los letrados. “Los demandados son terroristas que han causado muertes y han incitado al terrorismo internacional”.
Los fondos saldrán del erario estadounidense y, probablemente, de las fortunas que esconden en bancos gringos los bandidos chavistas, disfrazados de empresarios, que incautan las autoridades de esa nación.
Iván Márquez, Grannobles, Romaña y Rommel figuran entre los demandados de las renovadas Farc-EP que residen en Venezuela, bajo el amparo de Nicolás Maduro. También, la exconvicta Sonia, que ya regresó a Colombia, así como Simón Trinidad, preso en Colorado por secuestro; César, último carcelero de Íngrid, que purga en USA una pena de 27 años, y otros siete criminales de segunda fila de esa guerrilla, encarcelados en diferentes penales de Norteamérica.
“Sabían que sus acciones provocarían que el demandante sufría daños, dado que la actividad terrorista, por su propia naturaleza, se dirige no solo a las víctimas sino, también, a sus familias”, anota la demanda.
El caso podría seguir la estela de los tres ciudadanos gringos –Stansell, Gonsalves y Howe– que permanecieron cinco años en los campos de tortura de las Farc. En sentencia reciente, la Corte Suprema de Estados Unidos, que, a diferencia de la nuestra, no come cuento a los terroristas, inclinó la balanza a favor de los tres. Y, conforme a una ley antiterrorista de 2018, determinaron que les paguen con los 53 millones de dólares que incautaron a un delincuente chavista, con negocios en Estados Unidos, que era socio del capo Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleos de Venezuela.
La triangulación es de una lógica aplastante. Si las Farc han sido y siguen siendo aliadas del Gobierno chavista, si son cómplices de sus actividades criminales, la plata que les agarren a cualquiera de ellos en USA la pueden emplear en compensar a las víctimas de nacionalidad estadounidense.
En la demanda, los abogados hacen un relato pormenorizado de las fechas que dejaron una herida más profunda en Lawrence cuando era un adolescente de 13 años, condenado a crecer con un dolor que le desgarró el alma. Idéntica ruta que siguieron miles de hijos de secuestrados, torturados de manera despiadada. Por falta de espacio, solo recojo unas pinceladas.
“A la edad de 13 años (…) se vio afectado al ver el dolor de su madre”, secuestrada el 23 febrero de 2002. Cuatro días más tarde, el comandante de las Farc anuncia que el Gobierno tiene un año para cumplir sus exigencias o la matan.
En mayo de 2003 se produce la masacre del gobernador Gaviria y sus compañeros cautivos. “Se horrorizó ante las noticias y creyó que su madre sería asesinada”. Como consecuencia de la incertidumbre, padece “noches de insomnio y miedo constante a perder a su madre”.
El 31 de agosto de 2003 “recibió una prueba de vida, la primera en la que sabía que seguía con vida desde julio de 2002”. En 2004 “se entera de que su madre casi muere por una huelga de hambre”. Afecta su rendimiento escolar.
En 2005 no creyó un mensaje de Raúl Reyes, entonces número dos de las Farc, asegurando que Íngrid seguía viva. Pensó que era lo contrario. En 2006 le atosigan “rumores” que indicaban que el cadáver de su mamá “estaba en una fosa común”.
En 2007, John Frank Pinchao, libre tras una fuga heroica, le contó que a su mamá, tras intentar escapar en cinco ocasiones, la encadenaban. Ese mismo año ocurre la masacre de los diputados de Cali, otro horror para Lawrence.
También en 2007 una carta y un video suponen un mazazo. Íngrid “decía que la muerte era mejor que vivir en las condiciones de rehén”, y el hijo “lo tomó como una despedida”. Sumido en la desesperanza, pensaba que no regresaría. “Se despertaba con un nudo en el estómago, temiendo que su madre moriría. No podía deshacerse de esa imagen en un banco en la selva”.
Por fin, el 2 de julio de 2008, Lawrence abraza a su madre. Pero, contrario a lo que cree el común de la gente, los retornos tras largos secuestros nunca son fáciles. Tenía 13 cuando le arrebataron a su mamá y la recuperó con 20. “Les tomó varios años al demandante y a su madre restablecer una relación”, anota la demanda.
Esperemos que la Justicia gringa le dé la razón a Lawrence, y el mundo comprenda que tanto o más sufren las familias como las víctimas directas.
Este artículo fue publicado originalmente en Semana el 15 de agosto de 2020