José Ignacio Torreblanca: Tortura electoral

“No te pienso dar las gracias: no se puede agradecer que se libere a quien nunca debió perder su libertad”, le espetó Felipe González a Fidel Castro cuando, coincidiendo con una visita suya a La Habana, el Comandante liberó a algunos presos como supuesto gesto de distensión. Para González, esa práctica era pura y sencillamente “comerciar con carne humana” y no la consideraba aceptable. El pensamiento de fondo era sencillo: Castro disponía de un stock tan elevado de disidentes a los que poder encarcelar y luego liberar que siempre iba a ganar el juego. Y peor aún: ¿cómo no pensar que los más de diez millones de cubanos que no estaban en la cárcel también eran presos políticos de Castro?

Todo esto viene a cuenta de la decisión del régimen venezolano de liberar a 110 opositores como supuesto gesto de buena voluntad hacia la oposición y la comunidad internacional. Detenidos injustamente, juzgados sin pruebas o ni siquiera juzgados, torturados, inhabilitados, exiliados, acosados, ninguno de ellos tiene la más mínima garantía de que podrá ejercer sus derechos políticos de forma libre y sin riesgo para su integridad física. Porque las puertas de las cárceles venezolanas, estas sí, sí que son giratorias.

De momento, al negociar con Henrique Capriles marginando a Juan Guaidó, reconocido por la UE, España incluida, como presidente encargado, Maduro ya ha logrado dividir a la oposición en torno a su participación en las próximas elecciones legislativas de diciembre. Presentarse o no es una decisión endiablada. El régimen venezolano no aceptará unas elecciones que pueda perder. Perdió las legislativas del 2016 y vació la Asamblea Nacional de competencias hasta sustituirla por una asamblea constituyente paralela. Perdió las presidenciales de 2018, que la Unión Europea calificó como fraudulentas negándose a reconocer a Maduro como presidente legítimo, pero siguió adelante haciendo que Maduro fuera elegido por la inconstitucional Asamblea Constituyente.

Ahora con cinco millones de exiliados, una comisión nacional electoral en manos del régimen y los opositores inhabilitados o encarcelados y sus partidos intervenidos, Maduro quiere asaltar la última institución que goza de legitimidad democrática: la Asamblea Nacional. La oposición tiene que decidir entre no presentarse y ser invisible, legitimando la victoria de Maduro, máxime si algunos rompen filas y lo hacen, o presentarse, aceptar un resultado amañado y legitimarlo con su presencia.

En tiempos, las dictaduras eran mucho menos sutiles. Ahora han descubierto que las elecciones también pueden ser una forma de torturar a la oposición. No dejemos a Maduro seguir haciéndolo.


Este artículo se publicó originalmente en El Mundo (España) el 13 de septiembre de 2020