Para derrocar al NarcoMadurismo que subyuga a los venezolanos debemos incidir en los 5 segmentos que lo sustentan. El primero es la represión armada en sus distintas modalidades. El segundo es el control social que ejercen los elementos armados versus los ciudadanos. El tercero es la hegemonía económica sustentada en el rentismo petrominero. El cuarto es lo implementado por el control comunicacional y el quinto, la instrumentación del “Arco Minero”, que si bien, no sirve para gobernar, es suficiente para sostener la estructura de la organización de crimínales que lo mantienen en el poder.
El propósito de estas notas van encaminadas a atender al último referente: el “Arco Minero”, su incidencia y la necesidad de su desarticulación con el objetivo de golpear al régimen de Maduro.
No cabe la menor duda de que hemos avanzado en tan noble propósito. Basta ver los dos últimos informes de la alta comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, cuestionando al régimen por sus crímenes de lesa humanidad, deterioro ambiental, desplazamiento de indígenas y violación de los DDHH de las comunidades originarias o no; todo en el caso del “Arco Minero” certifica cuanto afirmamos.
Paralelamente a ello, el pronunciamiento sobre Venezuela, suscrito por el Parlamento de la Unión Europea, da cuenta de esos hechos en la misma dirección que la ONU. Y sumémosle a ello las sanciones y el seguimiento hecho por EEUU a quienes comercializan con El Oro de Sangre. Es así como hemos ido construyendo una narrativa que incide nacional e internacionalmente, contribuyendo a la deslegitimación del régimen de Maduro. Ayudando a que sea percibido como un dictador violador de los DDHH, autor de crímenes de lesa humanidad, como narcotraficante, traficante de oro de sangre, incurso en ilícitos cambiarios, corrupto, promotor y protector de terroristas y, hoy, circula una órden de captura con precio millonario a su cabeza y junto a sus más cercanos colaboradores.
Por eso debemos continuar en la estrategia de denunciar y criminalizar al Oro de Sangre y al Arco Minero de la Muerte, como una política criminal que articula droga, minerales en conflicto, grupos terroristas y cúpulas castrenses que le dan sostenibilidad al régimen. Y es a propósito de esto que privilegiamos la estrategia política y no el leguleyismo de aprobar una nueva ley de minas, que en ningún caso es superior o mejor que la vigente. Por el contrario, el ante proyecto en cuestión le allana a Maduro el camino a la legalización de sus crimenes ecológicos, étnicos, hídricos y sociales producto de la carroñería minera.
Y, adicionalmente, contamos actualmente con la Ley de Protección de la Megareserva de la biodiversidad del Orinoco y la Amazonía venezolana, aprobada por unanimidad en la legítima AN en noviembre del 2018; una ley paragua para proteger a este vasto territorio nacional al sur del rio padre que equivale al 50% de nuestra geografía nacional y funge como el preámbulo a una disposición de la mejor Venezuela que está por venir, para revertir el modelo extractivista que ha prevalecido en los últimos 200 años.
Lo que oculta este anteproyecto de ley es legitimar todas las operaciones en marcha y ampliar la frontera mínera destruyendo el sur de la nación, que por decir lo menos, es el cinturón ecológico que hace viable el norte de Vzla. Es de ahí, donde el país se puede abastecer de los dos elementos indispensables para avanzar: agua y electricidad, entre otros. Por ello nuestra preocupación y ocupación sobre el particular.
Américo De Grazia
Italia 14 de Septiembre del 2020