De acuerdo con su metodología, la Misión investigó 45 incidentes de violencia sexual perpetrados en el contexto de violaciones y delitos documentados en el presente informe.
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Se realizaron las investigaciones con base en información directa y en información reunida por fuentes confiables, incluidas organizaciones no gubernamentales. Veinte de los incidentes se detallan en 15 casos documentados a detalle en el informe.
Los 45 incidentes incluyeron 89 actos específicos de violencia sexual.
Varios incidentes involucraron múltiples víctimas.
De esos incidentes, nueve ocurrieron en el contexto de manifestaciones, 34 ocurrieron durante interrogatorios o detenciones de disidentes u opositores, y dos ocurrieron durante operaciones de seguridad.
En el 74% de los incidentes la violencia sexual fue perpetrado contra hombres y en el 30% contra las mujeres.
El mayor número de víctimas masculinas documentadas en esta sección se correlaciona con el mayor porcentaje de víctimas masculinas de las diversas violaciones y delitos investigados dentro del mandato de la Misión.
Los casos investigados y verificados por la Misión concuerdan con una tendencia más amplia de denuncias sobre violencia sexual y de género en Venezuela de 2014 a 2019 en los contextos bajo el mandato de la Misión, que aún no pueden considerarse exhaustivas, debido a la probabilidad de subregistro.
La revictimización por parte de funcionarios públicos y judiciales, la falta de asistencia a las víctimas durante los procesos de justicia, la falta de confianza en los operadores de justicia, y el temor a represalias, a menudo derivado de amenazas explícitas e implícitas, son todos factores que contribuirán a que no se denuncien todos los incidentes.
Las investigaciones de la Misión indican que el uso de la violencia sexual como técnica represiva durante circunstancias coercitivas como el arresto y la detención es generalizado y perpetrado por varios servicios de seguridad, y se practica sin investigación, enjuiciamiento o sanción adecuada.
Entre los actos de violencia sexual y de género documentados por la Misión incluyeron:
– Violación sexual, utilizando partes del cuerpo u objetos (tres casos confirmados)
– Amenazas de violar a personas o hacer que otras personas las violen (19 casos confirmados, múltiples víctimas durante las detenciones en grupo).
– Amenazas de violación u otros tipos de violencia de género contra familiares mujeres de las víctimas (cinco casos confirmados)
– Violencia sexual incluyendo el manoseo de senos, glúteos y genitales, azotes (diez casos confirmados).
– Desnudez forzada, incluso durante períodos prolongados (23 casos confirmados, múltiples víctimas adicionales durante las detenciones en grupo).
– Violencia dirigida a los genitales (masculinos y femeninos), los senos o el abdomen (en caso de mujeres), incluidas las palizas o la aplicación de descargas eléctricas (24 casos confirmados).
– Requisas corporales invasivas e innecesarias (contra hombres y mujeres) de personas detenidas o visitantes (cinco casos confirmados, múltiples víctimas adicionales).
Todos los actos de violencia sexual investigados por la Misión fueron cometidos por funcionarios del Estado en entornos coercitivos. Sin excepción, las víctimas se encontraban bajo la custodia o el control de los autores, en situaciones de castigo, coacción, discriminación o intimidación.
Por consiguiente, los actos de violación y otros actos de violencia sexual investigados por la Misión, cuando se consideran en el contexto de su comisión, pueden caracterizarse apropiadamente como actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La DGCIM y el SEBIN perpetraron la mayoría de los actos de violencia sexual documentados por la Misión (en 24 y 10 incidentes respectivamente), dirigiendo sus acciones contra hombres y mujeres que se percibían como vinculados a la disidencia militar o la oposición política.
En estos casos, funcionarios utilizaron la violencia sexual como medio de tortura, para obtener confesiones o información de las víctimas, infligiendo tanto dolor físico como humillación y angustia psicológica.
Estos hechos se llevaron a cabo generalmente en los centros de detención de los servicios de inteligencia, en particular la DGCIM Boleíta, el SEBIN El Helicoide y el SEBIN Plaza Venezuela (“La Tumba”), bajo el control de funcionarios de mayor rango.
La DGCIM también perpetró algunos de los actos documentados en las casas clandestinas, denominadas “casas seguras”, que mantenían.
Oficiales de la DGCIM, en particular, usaron la violencia sexual principalmente contra hombres pertenecientes o asociados con las fuerzas armadas.
Víctimas, representantes legales, y familiares describieron repetidamente incidentes de desnudez forzada, violencia selectiva contra los genitales y amenazas de violación sexual en la sede de la DGCIM Boleíta.
La Misión recibió información fidedigna de un hombre detenido que fue violado en la DGCIM Boleíta.
Teniendo en cuenta el nivel de coherencia entre los incidentes denunciados, junto con las descripciones detalladas de la tortura sexual, la Misión cree que la practica será más extensa de lo que se ha documentado hasta la fecha.
En El Helicoide, funcionarios del SEBIN amenazaron con violar a hombres, mujeres y sus familiares mujeres durante el interrogatorio, y propinaron golpes y patadas en los genitales de los hombres.
En La Tumba, el SEBIN mantuvo desnudos a los detenidos como parte de su “tortura blanca”. Un detenido confirmó a la Misión que lo mantuvieron desnudo en temperaturas heladas, bajo luces brillantes y en total aislamiento, lo que le provocó sentimientos de impotencia y la pérdida de toda sensación.
Siete incidentes que involucraron a múltiples víctimas se perpetraron cuando funcionarios de la GNB o PNB arrestaron a manifestantes. En esos incidentes, funcionarios utilizaron la violencia sexual para castigar a manifestantes por su participación en las protestas.
Estos incidentes incluyen la violación de por lo menos dos manifestantes hombres y agresiones sexuales contra varias manifestantes mujeres. Además, funcionarios de la GNB y la PNB amenazaron con violar a los hombres y mujeres detenidos, incluidas personas de la población LGBTI.
Por ejemplo, una testigo detenida en 2014 dijo a la Misión que funcionarios de la GNB retuvieron a una manifestante transgénero con los manifestantes hombres, y amenazaban con violarla cuando iba al baño.
La Misión sólo documentó dos incidentes de violencia sexual perpetrados en el contexto de las operaciones de seguridad, y no parece que la violencia sexual fuera una táctica utilizada con frecuencia en ese contexto.
Insultos homofóbicos y sexistas durante los actos de violencia investigados por la Misión
La Misión documentó que, en al menos 18 casos y con múltiples víctimas, funcionarios del SEBIN, DGCIM, GNB, PNB y FAES insultaron a hombres y mujeres con palabras homofóbicas y sexistas durante la perpetración de otros actos de violencia en su contra, incluida la violencia sexual.
Estos actos ocurrieron durante redadas domiciliarias, arrestos, interrogatorios y detenciones.
En varios incidentes de extrema violencia, funcionarios atacaron la masculinidad de las víctimas hombres durante actos de violación u otros actos graves de violencia sexual, equiparando ser un “sucio” “traidor” con la homosexualidad y la debilidad.
Expresiones de feminidad y homosexualidad siguen siendo consideradas como culturalmente incompatibles con la identidad militar y policial, y la DGCIM, en particular, utilizó conceptos machistas de masculinidad para humillar y degradar a disidentes militares durante los interrogatorios.
Además, el Código de Justicia Militar aun criminaliza actos homosexuales, castigándolos con prisión y destitución de las fuerzas armadas. Un testigo dijo a la Misión que una funcionaria que solía asfixiar a los detenidos decía cosas como, “esos son hombres que dicen ser comandos, vamos a ver cuál es su madera”.
Un detenido civil afirmó a la Misión que un oficial de la DGCIM le dijo que sólo le darían 220 voltios de electricidad en lugar de 440 porque era “mariquita”, antes de aplicarle descargas eléctricas a su cuerpo desnudo.
Un detenido militar contó a la Misión cómo los oficiales de la DGCIM sometían a los nuevos presos a un “juego” llamado “dar la teta”. Golpeaban a detenidos desnudos con un bate donde se había escrito la palabra “teta”. Oficiales sujetaban el bate de forma perpendicular en una pared y empujaban a los hombres desnudos hacia atrás, con el objetivo de penetrarlos analmente.
En otros casos, funcionarios de la DGCIM y del SEBIN amenazaron con violar o lastimar a sus familiares mujeres, atacando así al rol social de los detenidos. Un hombre dijo a la Misión que esas amenazas le hacían sentir avergonzado y culpable por no haber hecho lo suficiente para proteger a su familia.
Asimismo, funcionarios castigaron a mujeres por participar en manifestaciones o por comportarse de una forma contraria a las expectativas patriarcales de género.
Por ejemplo, durante la detención arbitraria de una niña de 13 años en Zulia en 2017, funcionarios de la PNB le manosearon los pechos, la entrepierna y las nalgas, mientras la llamaban puta por “andar con tantos hombres” en la protesta de ese día.
Un funcionario de la PNB apuntó con un arma a la cabeza de una mujer durante una protesta en Táchira en 2014 mientras que otro le dijo “Mata a esa perra”. Funcionarios le echaron vinagre en la cara y la golpearon, llamándola “perra” y “guarimbera hija de puta”.
Un guardia del SEBIN le acusó a una mujer de comportarse de manera promiscua por hablar con sus amigos varones durante la hora de visita, y la castigó quitándole sus derechos de visita.
La Misión también documentó casos en que funcionarios de seguridad insultaron a madres, esposas y novias, culpándolas de la ejecución de sus parientes varones o de otros actos de violencia
Funcionarios del Estado utilizaron los roles y estereotipos de género como armas durante la perpetración de violaciones y delitos analizados en el presente informe, ocasionando graves daños físicos, psicológicos y morales adicionales a las víctimas.
Algunos hombres y mujeres entrevistados por la Misión fueron testigos de actos de violencia sexual y no sexual perpetrados contra mujeres detenidas por motivos no políticos.
Dos testigos informaron a la Misión de un incidente ocurrido en diciembre de 2015 en el que escucharon la violación sexual de una mujer detenida en la oficina de arriba en la Sede de El Helicoide.
Dijeron a la Misión que escucharon a un funcionario decirle a la mujer “date vuelta” y “ponte en cuatro”, porque “ahora te toca”. Luego escucharon sus gritos de dolor.
Una testigo tuvo que trasladarse a otra zona de la celda porque no podía soportar escuchar.
Posteriormente, la víctima fue llevada a la celda de mujeres, donde confirmó que había sido violada.
Una testigo describió que escuchar a una mujer siendo violada era como una tortura para todas las mujeres de la celda.
El discurso discriminatorio se reflejaba en declaraciones homofóbicas y sexistas de altos funcionarios públicos durante el período del mandato de la Misión.
La mayoría de las mujeres y hombres cuyos casos se mencionan en el Capítulo optaron por no presentar denuncias formales por temor a represalias, estigmatización y desconfianza en el sistema jurídico.
Un joven violado por un funcionario de la GNB en febrero de 2014 se denunció pública y oficialmente por la violencia perpetrada contra él y los demás detenidos.
En lugar de brindar apoyo a la víctima o emprender una investigación efectiva, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz hizo declaraciones públicas desacreditándolo y poniendo en duda sus acusaciones.
Su caso fue ampliamente discutido en los medios tradicionales y redes sociales, lo que le provocó a él y a su familia una gran retraumatización. Es posible que al ver esa experiencia, otras víctimas de violencia sexual hayan decidido no denunciar.
Manifestantes fueron obligados a posar con molotov durante su detención, según informe de la ONU