Los venezolanos llevamos años luchando contra el hostigamiento, la persecución, la censura, las detenciones arbitrarias y la ilegítima privación de libertad, la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las ejecuciones extrajudiciales y las múltiples violaciones de derechos humanos a las que incurre el régimen reiterada y sistemáticamente a fin de perpetrarse en el poder, algunas de las cuales se recogen en el más reciente Informe de la misión internacional independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en el que se reafirma la comisión de crímenes de lesa humanidad y en el que se señala que “tanto Nicolás Maduro como los Ministros del Poder Popular para las relaciones Interiores, Justicia y Paz y Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados”.
La comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado criminal, así como los múltiples casos y condiciones en las que se encuentran quienes han sido arbitrariamente detenidos por causas políticas, han sido evidenciadas, documentadas y expuestas por los Organismos Internacionales en sus múltiples Informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo el del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), presentado en 2018. Sin embargo, se hace necesario que la comunidad internacional avance, de manera urgente, en la ejecución de acciones concretas en pro de la protección de la vida e integridad de los presos políticos y de todos los venezolanos expuestos a un estado de indefensión, sumidos en la más grave crisis humanitaria y enfrentados a un conglomerado criminal que goza de total impunidad.
Los venezolanos lo hemos intentado todo durante 21 años de lucha y a pesar de que la expresión de rechazo, repudio y condena de la mayoría ha sido clara y evidente para el mundo entero, el régimen persiste en la violación continuada de derechos humanos usurpando el poder a la sombra de la impunidad; nos enfrentamos a un conglomerado criminal que mientras se sienta en el extranjero a dialogar con algunos sectores y busca cometer un nuevo fraude electoral, en nuestro territorio amenaza, persigue y ejecuta. Necesitamos hoy más que nunca la fuerza de la justicia internacional para desalojar, sin más dilaciones, a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por ello apelamos a la Responsabilidad de Proteger adoptada por la ONU en su Cumbre Mundial de 2005.
Todo esto ratifica que pretender acudir a cualquier llamado electoral por parte del régimen es un despropósito, no sólo por cometer crímenes de lesa humanidad, sino también por tener acusaciones de narcotráfico y terrorismo por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos o por ser sentenciado por corrupción por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Queda claro que sólo con el desmantelamiento del conglomerado criminal que usurpa el poder en Venezuela es que podremos avanzar hacia una ruta que nos permita volver a elegir. Desde ya rechazamos y desconocemos cualquier intento de la comunidad internacional y de sus voceros y articuladores de pretender explorar condiciones electorales en Venezuela, cuando la primera y principal condición debe ser la salida de las mafias del poder.
A los representantes de la ONU en Venezuela: los venezolanos esperamos de ustedes, más que pronunciamientos, acciones que permitan lograr el cese de la usurpación, el rescate de la democracia y el Estado de Derecho, lo que sin duda traerá consigo bienestar y desarrollo para nuestros ciudadanos, con la garantía y el respeto de sus derechos, y será una contribución invalorable para la convivencia global pacífica en general. No solo exigimos justicia para todas las víctimas del aparato represor y torturador, sino acciones concretas que pongan fin a esta historia de terror que amenaza con acabar con la vida de muchos más venezolanos si no actuamos de inmediato pues el régimen criminal no se conforma y no detiene su arremetida contra la población.
Desde el Comité de Derechos Humanos, y en nombre de Vente Venezuela, les urgimos a atender con mayor celeridad, efectividad y eficiencia el imperativo universalmente reconocido de detener las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos con graves consecuencias humanitarias, haciendo valer su compromiso con la justicia internacional, poniendo fin a la impunidad.
Insistimos en la conformación de una Operación para la Paz y Estabilización (OPE) que ponga fin a este conflicto continuado, recupere nuestra soberanía territorial, garantice la asistencia humanitaria primaria urgente, promueva la reconstrucción de la infraestructura de los servicios públicos, la restauración de la ley y el orden y la promoción del Estado de Derecho para lograr la reinstitucionalización democrática y una verdadera transición, entendiendo que sin soberanía nacional, no hay Estado de derecho; y sin Estado de Derecho, no hay posibilidad de ejercer libre y efectivamente la soberanía popular, tal como ha quedado evidenciado en múltiples oportunidades.
Nota de prensa