Fiscalía de Maduro inicia investigación contra funcionarios del gobierno encargado por presunto “robo de activos en el Caribe”

FOTO DE ARCHIVO: El fiscal jefe de Venezuela, Tarek William Saab, ofrece una conferencia de prensa un día después de que el gobierno de Venezuela dijo que frustró un intento de incursión de “mercenarios terroristas” de Colombia, Caracas, Venezuela, 4 de mayo de 2020. REUTERS / Manaure Quintero / Foto de archivo

 

 

Este jueves, 17 de septiembre, el Fiscal General de Venezuela al servicio de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, a través de una rueda de prensa aseguró que el Ministerio Público del régimen abrirá una investigación contra involucrados de una presunta “red criminial que pretendía robar activos de Venezuela en el Caribe”.





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“El pasado 14 de septiembre, fue conocida una denuncia contra varios supuestos funcionarios del “autoproclamado e inexistente” Gobierno interino sobre el cobro de sobornos para la firma de un contrato destinado a otorgarle poderes a un consorcio de empresas radicadas en Miami para que robe activos del país en el exterior y los ponga al servicio de ese grupo de criminales,” aseguró Saab.

Sobre esto, el funcionario chavista destacó que “hemos designado a la Fiscalía 67ª Nacional para que investigue estas denuncias y a todos los involucrados”.

Explicó que esto se trata de un nuevo acto de “piratería delictiva contra Venezuela”.

“Éste es un nuevo acto de piratería delictiva contra Venezuela para el beneficio personal de unos cuantos apátridas que mientras se enriquecen hacen padecer al pueblo venezolano”.

Asimismo, informó de una presunta denuncia. “se pudo conocer que el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), conformado por las empresas Lock in Capital y Global Risk Management, cuyos directores son los ciudadanos Jorge Reyes y Pedro Antar presentaron en 2019 al diputado en desacato de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, una propuesta para apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos, además de cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país que se encuentran distribuidos en 19 países que forman parte de la alianza Petrocaribe”, comentó.

Según Saab, los representantes de Guaidó “solicitaron un pago por 750.000 dólares estadounidenses”, para la adjudicación del mencionado contrato.

“Los encargados de adelantar dichas negociaciones por instrucciones de Guaidó, y que se encuentran investigados por este caso son Fernando Javier Blasi-Blanchard (…) Magin Eduardo Blasi-Blanchard, hermano de Fernando Javier Blasi-Blanchard y responsable material de llevar a cabo el cobro de los 750.000 dólares solicitados para la adjudicación del mencionado contrato; Javier Leonardo Troconis, Comisionado Presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos (…) José Ignacio Hernández González, exprocurador nombrado ilegalmente por Juan Guaidó; Luis Augusto Pacheco Rodríguez, presidente de una ficticia Junta Directiva Ad Hoc de Petróleos de Venezuela nombrado ilegalmente por Guaidó”.