Julio César Moreno León en nombre del Consejo Superior de la Democracia Cristiana:
“PEDIMOS NUEVAMENTE AL PRESIDENTE GUAIDO Y A LA ASAMBLEA NACIONAL QUE SOLICITEN A LA ONU EL PROGRAMA URGENTE DE AYUDA HUMANITARIA“.
La Condena de Naciones Unidas al régimen de Maduro por las torturas y crímenes contra personas indefensas contra la población civil y contra efectivos militares injustamente detenidos, ha causado indignación colectiva y repudio de los gobiernos democráticos y de la opinión pública nacional e internacional.
Ahora la defensa del régimen por parte de sus aliados y cómplices se torna más difícil y el ocultamiento de las atrocidades cometidas resulta imposible. Nos solidarizamos y compartimos esas denuncias dadas a conocer con claros detalles y rigurosa objetividad en el seno de las Naciones Unidas.
Sin embargo no es explicable que la violación sistemática y continua del derecho a la vida practicada en una política que hunde en la pobreza a la mayoría de la población, y que ocasiona diariamente la muerte de miles de compatriotas desamparados por un maltrecho sistema de salud pública, no produzca una respuesta similar por parte de la ONU.
Por ello planteamos nuevamente que la Asamblea Nacional y el presidente (e) Juan Guaidó soliciten oficialmente al Secretario General de ese organismo Antonio Guterres la activación de un amplio programa de ayuda humanitaria, coordinado por ONU con la colaboración de instituciones sanitarias y de expertos tanto internacionales como nacionales.
Algunos antecedentes nos permiten pensar que el ambiente internacional es propicio para que Naciones Unidas asuma el reto de ayudar a Venezuela.
El pasado año el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, luego de una visita oficial a nuestro país, informó sobre el colapso de nuestro sistema hospitalario y de las desastrosas condiciones sociales del país que según su palabras “tiende a deteriorase”.
El 28 de abril el Consejo de Seguridad de la ONU, a instancias de los países de la Unión Europea que integran ese Consejo y de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, debatió sobre la situación sanitaria de nuestro país agobiado por el COVID-19.
Salvo la posición del delegado ruso, los miembros del Consejo coincidieron en señalar que la pandemia en Venezuela es de “un riesgo devastador” y constituye una amenaza para la región.
Por su parte la organización Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins en un estudio conjunto sobre él COVID 19, coinciden en señalar que Venezuela va a camino a convertirse en el foco de expansión del coronavirus en los países vecinos y en el resto de la región.
Y proponen que la ONU coordine, planifique y realice con apoyo de la comunidad internacional una acción de largo alcance para ayudar a enfrentar el gigantesco reto venezolano.
En nuestro país, con igual preocupación en torno a los efectos de este flagelo se han pronunciado los sanitaristas que asesoran a la Asamblea Nacional y al presidente (e) Guaidó.
Igualmente lo han hecho la Academia Nacional de Medicina, los colegios y gremios de la salud junto a otros entes públicos y privados que participan en el combate por la salud y la vida de nuestros compatriotas.
Y recientemente la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela dieron a conocer sus preocupantes proyecciones sobre la propagación del COVID 19. Según esas proyecciones los contagios diarios se calculan para los próximos meses en decenas de miles. Y como consecuencia de nuestro destartalado sistema de salud las cifras de muertes pueden resultar de dimensiones catastróficas.
Por esas razones, en nombre del Consejo Superior de la Democracia Cristiana de Venezuela ratificamos al presidente (e) y a la Asamblea Nacional nuestra propuesta de solicitar a la ONU el programa urgente de emergencia sanitaria.
Estimamos que el régimen no está hoy en condiciones de sumar a su ya deteriorada imagen la responsabilidad de impedir la atención del más grave problema de los venezolanos que se debaten inermes entre la vida y la muerte.
Solo un programa concebido en estos términos y alejado de cualquier interés distinto a la protección de todos nuestros compatriotas, nos permitirá hacer frente con eficacia a la hecatombe social que nos amenaza.