La Corte Penal Internacional tiene desde 2018 un expediente consignado por seis países miembros del Grupo de Lima sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano durante las protestas de 2014 y 2017. Expertos estiman que el reciente informe de la Misión independiente de las Naciones Unidas podría servir para fortalecer dicho expediente y acelerar los tiempos de respuesta del organismo, así como también para que terceros países juzguen a los señalados con base en el principio de jurisdicción universal
A Nicolás Maduro le están siguiendo los pasos. Eso queda claro al leer las casi 500 páginas del informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela publicado en septiembre de 2020. En ese documento se detallan prácticas sistemáticas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Maduro es el primer presidente en ejercicio de la región en ser señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, mas no está solo. En el informe identifican a 45 funcionarios que en alguna medida también son responsables personales de los delitos descritos. El énfasis, no obstante, recae sobre tres personas: el presidente de la República, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y el ministro de la Defensa.
“Este es un informe que determina patrones de conductas, responsabilidades, cadenas de mando y que deja muy en claro la vinculación de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol en la violación de derechos humanos, bien sea por acción o por omisión”, dice el informe de la Misión cuyo mandato expreso era describir las violaciones contra los derechos humanos y determinar quién o quiénes eran los responsables de esos hechos.
El texto afirmó que la Misión tiene fundamentos razonables para creer que tanto el Presidente de Venezuela como los ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados. Acto seguido explican que: “Los autores directos de los delitos documentados en este informe son responsables de sus actos y deben ser debidamente investigados”.
“El carácter de Presidente o de alto funcionario no le quita la responsabilidad individual por los crímenes de lesa humanidad que perpetró. El propio Estatuto de Roma prevé que no se puede oponer el cargo de un funcionario público para evitar que responda por estos crímenes internacionales”, explicó la directora de la ONG Cepaz, Beatriz Borges.
Marino Alvarado, abogado y miembro de Amnistía Internacional sección Venezuela, destacó dos aspectos clave que atañe a los 45 funcionarios identificados: que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que cualquier país, amparado en el principio de jurisdicción universal, puede activar un juicio en contra de las personas señaladas.
El grupo de los infames
Si bien no se trata de una acusación formal, el señalamiento de la Misión ubica a Maduro entre un grupo de mandatarios y funcionarios que han sido identificados y están siendo investigados por violaciones masivas a los derechos humanos.
“Es particularmente grave pensar que ahora el régimen de Maduro entra en el selecto grupo de jefes de Estado y altos funcionarios que están individualizados por perpetrar crímenes de lesa humanidad, no por opinión de distintos factores de la sociedad civil, sino como resultado de una investigación exhaustiva realizada por un mecanismo independiente”, argumentó Borges.
Ese grupo al que se unen Maduro, Padrino y Reverol tiene al actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes cometidos desde 2006 en el marco de su guerra contra las drogas. También está Omar Al Bashir, quien era presidente de Sudán cuando recibió la acusación formal de la CPI por los crímenes perpetrados en Darfur desde 2003.
Filipinas era un país signatario del Estatuto de Roma, razón por la cual la CPI tenía jurisdicción para juzgar los delitos, sin embargo, tras recibir el señalamiento en su contra Duterte tramitó la salida del país de la vigilancia de la Corte, situación que se materializó en 2019. Al Bashir ha sido prófugo de la justicia internacional por más de 10 años, en parte porque Sudán nunca ratificó el Estatuto de Roma y también gracias al apoyo de otras naciones africanas que le permiten el libre tránsito por sus fronteras.
Kim Jong-il presidió Corea del Norte desde 1994 y también fue señalado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por violaciones masivas a los derechos fundamentales. Falleció antes de que la investigación terminara. Saddam Hussein, quien presidió Irak desde 1979, también fue señalado por crímenes de lesa humanidad y fue juzgado y sentenciado a muerte por un tribunal en su propio país. Muammar Gaddafi, mandatario de Libia desde 1979, fue acusado formalmente de crímenes de lesa humanidad en 2011 y falleció de manera violenta un mes después a manos de una turba.
La CPI tiene actualmente 28 casos abiertos contra individuos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y ha emitido 25 órdenes de captura internacional para llevarlos a juicio. Hay otros 10 países, entre ellos Colombia, Bolivia y Venezuela, que tienen expedientes abiertos en fase de investigación preliminar.
Al más puro estilo de las marchas y contramarchas que ha obligado de manera recurrente a opositores y oficialistas a ejercer el derecho a la protesta de manera paralela, Venezuela tiene dos investigaciones abiertas en la CPI, ambas en la misma fase preliminar.
La primera se denomina “Venezuela I” y se refiere a la acción que realizaron en septiembre de 2018 seis Estados signatarios del Estatuto de Roma, a saber, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, para que se investigaran los crímenes cometidos por el Estado venezolano entre 2014 y 2017. El segundo es “Venezuela II” y fue introducido por el propio Estado venezolano en febrero de 2020 para pedir una investigación por los supuestos delitos de lesa humanidad que “han resultado de la aplicación de medidas ilegales y coercitivas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela desde 2014”.
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