Víctimas y expertos en DDHH exigen activación de la justicia universal frente a los crímenes del régimen

Julio Borges advierte sobre incremento de la crisis económica a finales de año si continúa la usurpación de Maduro

 

La Comisión Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela organizó un foro sobre los resultados del informe de la Misión de Determinación de Hechos. El mismo contó la participación de víctimas de violaciones a los DDHH como Meudy de Albán, esposa del concejal asesinado Fernando Albán y Waleswka Pérez, viuda del Capitán Rafael Acosta Arévalo. Asimismo, estuvieron presentes defensores de DDHH como Carlos Ayala, Beatriz Borges, Katya Salazar de la Fundación para el Debido Proceso y José Miguel Vivanco de Human Rights Watch. Por el gobierno interino participaron el canciller Julio Borges, quien abrió el encuentro; el comisionado para la ONU, Miguel Pizarro; la embajadora Angelina Jaffe y el comisionado presidencial para los DDHH, Humberto Prado. Paola Alemán estuvo a cargo de la moderación del evento.

La conferencia arrancó con unas palabras del canciller Borges quien aseveró que es momento de que todos los países activen mecanismos de justicia para garantizar que la impunidad no triunfe en el caso de Venezuela. Seguidamente, Meudy de Albán explicó lo sucedido con su esposo: “Fue un proceso difícil de asimilar, desde un principio dije que no era un suicidio. Fernando, un hombre de familia, de convicciones católicas. Se fue de aquí lleno de proyectos, se fue a cerrar su cargo de Concejal y después regresar con nosotros”, reiteró.

La viuda del dirigente de Primero Justicia destacó que el informe es una punta de lanza para lograr justicia tanto en el caso de su esposo como el de miles de venezolanos que han sufrido atropellos. Asimismo, Waleswka Pérez, esposa del Capitán Acosta Arévalo, ratificó que su esposo murió producto de torturas. “Cómo yo le explico a mis hijos que ya papá se fue? Que papá están en el cielo. La manera como se lo llevaron secuestrado, duró 7 días desaparecidos, le echaban ácido a las heridas, le practicaban disparos cerca del oído, le ponían electricidad”. Pérez reiteró que Arévalo murió frente a un juzgado y que dentro del propio tribunal los torturadores seguían golpeándolo.

Por su parte, José Miguel Vivanco señaló que luego del informe, Maduro no podrá defenderse diciendo que esos crímenes ocurrieron sin su consentimiento y comparó el caso del dictador venezolano con Pinochet. “Cuando Pinochet estuvo detenido en Londres, sus abogados aceptaron que se habían cometido violaciones de DDHH, pero sostenían que Pinochet no estaba al tanto, no tenía conocimiento. Los dictadores utilizan este argumento para esconderse”, reflexionó. Katya Salazar de la Fundación para el Debido Proceso también tomó la palabra y detalló que se puede apelar a la justicia en cada país, debido a la falta de independencia judicial que existe en Venezuela.

Salazar también alertó sobre la relación de la corrupción con los crímenes de Lesa Humanidad: “Este informe relaciona corrupción con crímenes de lesa humanidad, dice que muchas de las personas entrevistas han señalado el aprovechamiento de los recursos del Estado para la perpetración de estos delitos atroces”. Carlos Ayala coincidió con Salazar en la activación de mecanismos de justicia internacional y reafirmó que existen dos tipos de víctimas en los delitos descritos. “Este informe es un honor a las víctimas y un paso adelante hacia la búsqueda de justicia. Es muy importante para la sociedad venezolana darse cuenta como hay un corte trasversal del perfil de las víctimas: por un lado, hay víctimas generalizadas y también selectivas. Además, un tercer grupo, militares”, aseguró Ayala.

La embajadora Angelina Jaffe destacó que es necesario pensar en cómo lograr una justicia imparcial una vez se logre la transición en el país. El comisionado Pizarro ratificó que los delitos enunciados en el informe forman parte de un patrón de violación a los DDHH: “7000 ejecuciones extrajudiciales no han sido producto de que a un funcionario se le escapó un tiro, en Venezuela existe el código 80, donde un funcionario pide autorización para matar. En Venezuela el tiempo se cuenta en vidas, no se cuenta en horas”, reveló el también diputado.

Por último, la abogada Beatriz Borges denunció las violaciones sexuales descritas en el informe y sentenció que las mujeres son obligadas a tener relaciones para mejorar sus condiciones de reclusión. El comisionado Humberto Prado cerró el evento instando a las víctimas a no callar su voz y continuar luchando por la justicia, la cual a su juicio llegará para quienes participaron en estos crímenes.

Nota de prensa