Las relaciones amor-odio entre Suiza y la Unión Europea

Banderas de Suiza y la UE en Steinhausen (Suiza). ARND WIEGMANN REUTERS

 

Después de que los suizos votaran la semana pasada a favor de no limitar la inmigración de ciudadanos de países de la UE, Bruselas quiere firmar cuanto antes un acuerdo que enmarque sus relaciones con Berna. Pero Suiza se hace de rogar.

Incluso si Suiza y la Unión Europea firman tal acuerdo, es probable que sea sometido a referéndum, pues la derecha populista del UDC, el primer partido suizo, califica el texto, sobre la mesa desde 2018, de “dictado de Bruselas”.

Las relaciones entre Suiza y la UE son una especie de amor-odio. Los electores suizos dan una de cal y otra de arena desde hace años: tras haber dicho no a Europa en 1992, ratificaron los acuerdos bilaterales en 2000, antes de aprobar 14 años más tarde cuotas de migrantes europeos.

Bruselas no se queda atrás. Desde 2008, la UE pone como condición previa a la conclusión de cualquier nuevo acuerdo bilateral de acceso a su mercado la firma de un pacto marco institucional, con el objetivo de garantizar un mejor equilibrio de los derechos suizo y europeo.

Este “superacuerdo” pretende instaurar una actualización más dinámica de los pactos bilaterales de acceso al mercado interior y un tribunal arbitral paritario, con la posibilidad de introducir medidas compensatorias.

El campo de aplicación se limitaría a los cinco acuerdos de acceso al mercado que ya existen: libre circulación de personas, transportes terrestres, transporte aéreo, obstáculos técnicos al comercio y agricultura; así como a los futuros acuerdos, como en el ámbito de la electricidad.

Pero el proyecto está lejos de crear unanimidad en Suiza, que no tiene prisa por firmar.

A finales de 2017, Bruselas acrecentó la presión, incluyendo el reconocimiento del acceso mutuo de inversores a las bolsa suizas y europeas. Pero Berna anunció en 2019 que pretendía pedir “aclaraciones” sobre tres puntos: la protección de los asalariados, las políticas de ayudas de Estado y la directiva sobre la libre circulación de personas.

Desde entonces, las discusiones están en punto muerto, pues Suiza prefirió esperar a la votación del 27 de septiembre para ver en qué dirección soplaba el viento.

 

– “Línea roja” –

 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró como una “señal positiva” el resultado de la votación, esperando que Berna “aplique ahora rápidamente la firma y la ratificación” del acuerdo institucional.

Pero según una encuesta realizada en internet por el grupo de prensa Tamedia entre 15.000 personas, solo el 16% de los encuestados estaría de acuerdo con ratificarlo, mientras que el 18% está a favor de un abandono inmediato del texto; un 20% quiere que sea renegociado y más del 30% pide una aclaración del acuerdo.

Y entre los partidos políticos, los apoyos se debilitan.

Solo el Verde Liberal pide que el acuerdo sea sometido al Parlamento antes de finales de año. A la izquierda, el Partido Socialista y sindicatos temen que el proyecto tal y como está presentado ponga en peligro los salarios suizos, que son mucho más elevados que en el resto de la UE debido a la carestía de la vida.

La UE quiere concesiones sobre las medidas de acompañamiento a la libre circulación de personas y exige que Suiza someta la protección de los salarios al derecho europeo (directiva sobre los trabajadores expatriados).

“La protección de los sueldos es para nosotros la línea roja: la población en Suiza no está preparada para poner en cuestión dispositivos de control y de sanción de probada eficacia”, explicó a la AFP Benoît Gaillard de la Unión Sindical Suiza.

A la derecha, igualmente, se encienden las alarmas. La derecha populista del UDC exhortó a rechazar el acuerdo, criticando la idea de “jueces extranjeros”.

Incluso en el centro, el presidente del PDC, Gerhard Pfister, afirmó en una entrevista con Tages-Anzeiger que el acuerdo institucional con la UE no tiene futuro.

Unos días antes, un exministro del Partido Liberal Radical, Johann Schneider-Ammann, cuya formación está ampliamente a favor del pacto, declaró que el acuerdo es una pérdida de soberanía.

AFP