Los Gobiernos de la UE iniciaron el jueves las conversaciones sobre una propuesta de la Comisión Europea para revisar las fallidas normas de migración, en un intento de resolver años de amargas divisiones y dar una mejor acogida a los refugiados que huyen de Oriente Medio y África.
La videoconferencia de los ministros de Interior de la UE es la primera oportunidad para intercambiar opiniones sobre el plan propuesto por el Ejecutivo de la UE el mes pasado, y especialmente sobre su parte más sensible, que obliga de facto a cada país de la UE a acoger a algunos refugiados.
Polonia y Hungría están totalmente en contra, aunque según la propuesta de la Comisión la UE pagaría a un país 10.000 euros (11.750 dólares) por cada adulto acogido.
Los reticentes miembros orientales de la UE, los estados norteños más ricos —donde muchos de los recién llegados aspiran a vivir— y los países de la costa mediterránea —que suelen ser el punto de entrada— han estado enfrentados sobre dónde ubicar a los refugiados desde la crisis migratoria de 2015, que demostró que las normas migratorias existentes en la UE eran inadecuadas.
En 2015, más de un millón de personas llegaron a las costas de la UE, abrumando las redes de seguridad y protección social y avivando también un resurgir de la ultraderecha. La UE recibe actualmente cada año hasta 1,5 millones de nuevos extranjeros netos que llegan legalmente a vivir y trabajar y solo 140.000 solicitantes de asilo llegan ilegalmente.
“Nuestro objetivo es que Europa se centre en aquellos que necesitan protección, lo que incluye, por supuesto, a los que huyen de la guerra civil”, dijo a los periodistas el ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE.
“Pero también queremos orden, lo que significa que en el futuro no dejaremos entrar a tanta gente que en realidad no necesita protección”, dijo antes de que comenzara la videoconferencia.
Según la última propuesta de la Comisión, los países de la UE estarían obligados a ayudarse mutuamente en virtud de la nueva idea de “solidaridad obligatoria”, ya sea aceptando a los migrantes, financiando su retorno a sus países de origen u ofreciendo asistencia material sobre el terreno en los países de acogida.
Sin embargo, si un país de la UE estuviera bajo una gran presión migratoria, la Comisión quiere un mecanismo de crisis que obligue a otros Gobiernos de la UE a acoger a las personas o enviarlas de regreso.
Si un migrante no pudiera ser enviado de vuelta en ocho meses —un plazo reducido, según expertos nacionales en migración y algunos responsables de la UE—, el país de la UE a cargo del proceso de devolución se vería obligado a acoger al migrante, algo a lo que se oponen ferozmente los Estados orientales.
Alemania quiere llegar a un acuerdo entre los Gobiernos e instituciones de la UE sobre el nuevo régimen de migración este año, pero el proceso podría tardar más tiempo.
Reuters