Rodrigo Diamanti, Leonardo Vivas y Génesis Dávila: La CPI y la justicia en Venezuela

Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional | foto Reuters

 

El informe presentado ante las Naciones Unidas por la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela (FFM, por su sigla en inglés) le ha dado a la fiscala de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, una oportunidad de oro para saldar su deuda con Venezuela y, al mismo tiempo, dejar un legado duradero.

El informe emitido recientemente por la FFM, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, corrobora lo que organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vienen advirtiendo, con un tono cada vez más perentorio, sobre los crímenes ocurridos en el país.

Tras examinar 2891 casos, la misión determinó que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma, tales como asesinatos, encarcelamientos a disidentes, torturas, violaciones a los derechos humanos, violencia sexual, desaparición forzada y actos inhumanos de carácter similar.

Sin embargo, la fiscala Bensouda se ha mostrado indiferente al respecto aún cuando cuenta con una larga lista de evidencias y señalamientos sobre la participación del alto gobierno venezolano en la comisión de tales crímenes, incluyendo al menos dos ministros y el propio presidente, Nicolás Maduro. La CPI necesita con urgencia iniciar la investigación formal de estos crímenes.

Creada en 1998, la CPI se encarga de perseguir y castigar a individuos que atentan contra el derecho internacional. Thomas Lubanga, exlíder rebelde congoleño, fue el primer condenado por la Corte en 2012 por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Esta también fue la primera decisión de la CPI sobre las reparaciones de las víctimas, proporcionando justicia a los afectados en la República Democrática del Congo.

Luego de años de presiones contra el régimen de Maduro sin que este haya disminuido en un ápice su vocación criminal, hay dudas sobre cómo la comunidad internacional puede ayudar a Venezuela a recuperar su democracia y salvar vidas. Pero si la CPI actúa en Venezuela, puede abrir la posibilidad de una salida definitiva sin impunidad al drama venezolano.

Pese a su contundencia, los hallazgos de la FFM no son enteramente nuevos. En 2018, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y un panel de expertos determinaron que había fundamentos para sostener que en Venezuela habían ocurrido crímenes de lesa humanidad en varias categorías. Como resultado de esos señalamientos, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaron a la CPI la apertura de una investigación en Venezuela sobre la comisión de tales crímenes. En 2019, Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ratificó la existencia de un patrón de persecución política contra la oposición venezolana, también señalado por su antecesor, Zeid Ra’ad Al Hussein, desde 2017.

Pareciera, entonces, que la OEA, los seis países que remitieron la situación de Venezuela ante la Corte e incluso la burocracia de las Naciones Unidas, que esta semana decidió renovar el mandato de la FFM por dos años más, han sido más activos en procurar justicia en Venezuela que la CPI. No solo han advertido a la comunidad internacional y a la mismísima Corte sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, sino que han recabado las pruebas, han identificado los patrones de ataque e incluso han identificado a los presuntos responsables, una labor que debería corresponderle a la Corte. La falta de diligencia de este tribunal los ha obligado a ocuparse de tan graves crímenes.

No existen razones para que la CPI no abra la investigación. Quien conozca la legislación y mecanismos operativos de la Corte sabe que desde 2018, cuando los seis países remitieron el caso de Venezuela ante sus instancias respectivas, la fiscala Bensouda estaba más que habilitada para iniciar la investigación. Pero ha preferido aprovechar los vacíos en el Estatuto de Roma sobre la temporalidad para abrir una investigación, dejando de lado que cada día que pasa es un día más para que la dictadura continúe en su vocación criminal impunemente.

¿Qué hacer? Casi 60 países en el mundo claman por la vuelta de la democracia en Venezuela. Más del 80 por ciento de ellos son signatarios del Estatuto de Roma. Una manera contundente de apoyo a la causa venezolana es que refieran el caso de Venezuela ante la Corte para dejarle claro al mundo la naturaleza criminal del régimen venezolano, y que solo podrá hacerse justicia en Venezuela con la ayuda de la Corte Penal Internacional.

Tan pronto la fiscalía abra la investigación, podrá emitir sus primeras órdenes de arresto, si no necesariamente para Maduro, al menos para los ministros de Defensa, Padrino López, y del Interior, Néstor Reverol, ambos señalados en el informe de la FFM.

Venezuela necesita justicia. Este es el momento de actuar para la fiscala Bensouda. De no hacerlo, sobre todo luego del informe de la misión, su credibilidad podría quedar seriamente cuestionada por mantener el statu quo de un régimen criminal que ha creado el colapso humanitario más severo del continente americano, hoy acrecentado por la crisis de la COVID-19 y con el peor drama migratorio de la historia de las Américas.

La fiscala Bensouda tiene dos opciones muy claras: seguir sin iniciar la investigación sobre Venezuela o aprovechar la oportunidad de dejar un legado con la apertura de la primera investigación de la CPI en América Latina y, así, proporcionar un mensaje rotundo al régimen de que la justicia llegará.

La primera opción le permite a la dictadura ganar todavía más tiempo para avanzar en su intento de apoderarse de todos los resquicios de libertad que mal que bien perviven en Venezuela. La segunda, puede salvar vidas y dejar sentado que el sistema internacional de justicia no va a dejar impune los actos del régimen.


Rodrigo Diamanti es presidente la de la ONG de derechos humanos Un Mundo Sin Mordaza. Leonardo Vivas es sociólogo venezolano especializado en política y derechos humanos. Génesis Dávila es presidente de la ONG de derechos humanos Defiende Venezuela.

Este artículo se publicó originalmente en la versión en español del The New York Times el 9 de octubre de 2020