Desde sus inicios, el afán de la autodenominada revolución bolivariana por destruir y/o empujar a la inercia improductiva a todo aquel sector de la sociedad venezolana que, por diversas razones, nunca pudo controlar o doblegar, siempre fue infinito. El despectivo e injusto trato dado por años a las universidades autónomas, expresado, verbigracia, en la asignación presupuestaria otorgada a éstas, es una demostración palmaria de la malevolencia y el encono que en este sentido, y en tantos otros, caracteriza a dicho malhadado modelo de dominación política. En función de ello, si algo puede inferirse, es que el poder constituido en Venezuela detesta a las universidades y, por ende, a quienes las nutren; los universitarios, valga la redundancia conceptual.
Desde hace más de una década, los presupuestos asignados a las universidades autónomas vienen siendo por completo insuficientes, si se les mide en términos de lo requerido para garantizar el cabal funcionamiento de estas instituciones de educación superior. En la práctica, más que irrelevantes, son presupuestos inexistentes. Lo ocurrido con la cuota presupuestaria asignada para 2021 es una demostración palmaria de lo expuesto.
Basta traer dos casos a colación, para ilustrar el planteo. Por cada 100 bolívares solicitados para operar el año entrante, a la Universidad Central de Venezuela se le adjudicaron 2 bolívares con 27 céntimos. De manera similar, a la Universidad Simón Bolívar, por cada 100 bolívares solicitados, se le concedieron apenas 50 céntimos, la mitad de un bolívar. O sea, a la primera se le negó 97,73% de lo demandado; a la segunda, 99,5%. En ambos casos, decir cero sería decir lo mismo. Por supuesto, sobra aclarar que tales solicitudes estaban plenamente detalladas y justificadas, tanto como huelga puntualizar que con la irracionalidad aquí demostrada se trató igual a las restantes universidades autónomas.
A estas alturas, cualquier comentario adicional es ocioso. Nadie debería abrigar duda alguna de que las consecuencias de lo descrito se sienten con fuerza en el presente y se sentirán con mayor intensidad en el futuro. El asunto gira en torno a una sola palabra: atraso. El desmantelamiento de las universidades autónomas es, en enorme medida, el desmantelamiento del país, pues significa barrer sus posibilidades de desarrollo. No puede ser de otra manera. El contexto planetario lo aclara. Mientras en el mundo entero, durante la década pasada, la producción de conocimiento científico se multiplicó por cuatro, en Venezuela el caudal de productos de investigación científica se redujo cerca de 50%. En otras palabras, a la par que en el resto del planeta se produjo ciencia en abundancia, factor básico de la ecuación que resulta en crecimiento y progreso, en Venezuela se produjo miseria. Está claro que ello no fue por incapacidad o indolencia de los investigadores nacionales. Con presupuestos paupérrimos es muy poco, por no decir nada, lo que se puede hacer.
Lo que en la actualidad reciben las universidades nacionales como presupuesto a duras penas alcanza para pagar nóminas y esto siempre está en vilo. Al respecto, mes a mes, se vive de sobresalto en sobresalto. Por supuesto, son nóminas de hambre y así ningún investigador puede producir lo que de él se espera. Por derecho humano, está obligado a sobrevivir, no puede crear. El punto es que, por citar solo algunos elementos, no hay financiamiento a la investigación, es imposible actualizar el repositorio bibliográfico y es una quimera mantener, reparar y/o reponer equipos o comprar reactivos para los laboratorios. En fin, la intervención que tantos temen hace años se hizo realidad: se intervino inmovilizando.
Queda mirar adelante. Cuando el país cambie, quizás podamos rescatar la universidad. Deberíamos plantearnos esa prioridad.
@luisbutto3