Sólo quien haya olvidado el importante papel jugado por la Iglesia en la protección y salvaguarda de los perseguidos políticos por la dictadura militar, independientemente de sus creencias religiosas, si las tiene, puede proponerse incendiar sus desvalidos templos, asaltarlos, destruirlos. Protegidos por la infamia de saberse a salvo de cualquier castigo. Un acto de absurda automutilación sin otro objetivo inmediato que dar satisfacción a la ira, al odio, a la venganza, a la impotencia. Sólo quien ignore el costo en vidas humanas y sacrificios materiales que pueden acarrear sus acciones vandálicas y el costo de sus acciones políticas si fueran respondidas por el establecimiento, tal como ellos parecen quererlo, con la desatada brutalidad de las fuerzas armadas, puede acometer el horror y el escándalo que provocan los incendiarios marxistas en la feligresía. Pues Chile, a diferencia de Cuba, es, para su fortuna, genéticamente católico. Y su religiosidad forma parte de la conformación espiritual de todos los chilenos Se entiende que los incendiarios, muchachos de corto entendimiento y escasa experiencia personal, no alcancen a comprenderlo. Lo que no se entiende es que muchos de los rescatados de las garras de la muerte por la generosa y benévola acción de la Vicaría de la Solidaridad, ya mayores y a cargo de la dirección de los partidos marxistas, propugnen la quema y devastación de las iglesias. No es sólo mal agradecimiento: es barbarie. Es estulticia.
Me resulta difícil comprender la tolerancia del establecimiento político y cultural chileno con el vandalismo incendiario de su extrema izquierda. Me resulta insólito que los medios celebren la conmemoración de “la revolución” del 19 de octubre, que no fue otra cosa que la aviesa y alevosa intervención del castro comunismo anti democrático desatado y coordinado desde el Grupo de Puebla y los gobiernos dictatoriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Me resulta aberrante que las autoridades se dejen chantajear por el ataque a las fuerzas de carabineros y renuncien a ejercer el poder que les entrega la ley para impedir la disolución del establecimiento mismo. Y más me preocupa que las autoridades del gobierno legítimo de Sebastián Piñera no actúen a nivel internacional y en los foros correspondientes, como la OEA y las Naciones Unidas, contra los gobiernos que auspician tales actos de barbarie.
Preocupa que las autoridades chilenas asistan impávidas al ataque, incluso a la destrucción de monumentos conmemorativos de héroes que forjaron la nacionalidad. Una faena de indisimulado ataque a las tradiciones históricas con la declarada intención de reescribirlas a favor de una ideología absolutamente ajena a nuestra conformación.
¿No hay en Chile fuerzas capaces de rechazar esta faena de zapa e impedir que continúe preparando el terreno para el asalto a la institucionalidad?