Duque confirma que “Uriel”, comandante del Eln, murió en operativo

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El comandante Uriel, uno de los principales jefes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue abatido en una operación militar en el noroeste de Colombia, informó este domingo el presidente Iván Duque.

“Este es un golpe de suma importancia porque ha caído una de las figuras más visibles de esa organización terrorista”, declaró el mandatario en una alocución transmitida por redes sociales y realizada en el departamento de Chocó, donde tuvo lugar el ataque.

La muerte de Andrés Vanegas – nombre de pila del cabecilla insurgente de 41 años – es el mayor golpe propinado a la última guerrilla reconocida en el país bajo el mandato de Duque, en el poder desde 2018.

Según el presidente, Uriel era responsable de secuestros, asesinatos y reclutamiento de menores, y era “uno de los que se adjudicó” el atentado con coche-bomba llevado a cabo en enero de 2019 contra una escuela de cadetes en Bogotá, que dejó 22 víctimas, además del agresor.

A raíz de ese ataque, Duque sepultó los diálogos de paz iniciados con el ELN por su antecesor, Juan Manuel Santos.

En el mismo evento este domingo, el fiscal general, Francisco Barbosa, precisó que la muerte ocurrió durante “un enfrentamiento” con la fuerza pública en el selvático municipio de Nóvita, en el marco de la operación Odín, en la que participaron militares, policías y fiscales.

Contra el rebelde pesaba una orden de captura por los delitos de rebelión y terrorismo.

Constantemente activo en redes sociales, Uriel era una de las figuras más mediáticas del relevo generacional en el ELN, organización surgida en 1964, en plena Guerra Fría, y dirigida por guerrilleros con edades que promedian los 68 años.

En entrevista con la AFP en junio de 2019, este antiguo universitario que desertó las aulas para empuñar el fusil, aseguró no estar dispuesto a renunciar a los recursos que recibe su organización por la producción o tráfico de cocaína en sus zonas de influencia, ni al uso de minas antipersona, o a los secuestros.

 

– Tributos de guerra –

 

“Son tributos de guerra y como en cualquier otro espacio, cuando no se pagan los tributos, hay privación de la libertad para forzar ese pago”, declaró entonces el hombre que encabezaba el Frente de Guerra Occidental, uno de los de mayor actividad y expansión tras el pacto de paz con las FARC en 2016.

El cese de los secuestros y de toda “actividad criminal” es una de las condiciones impuestas por el gobierno colombiano para volver a sentarse en la mesa de conversaciones con la insurgencia guevarista.

El Chocó, en donde operaba, es el epicentro de una disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante del país que surgió a partir de paramilitares de ultraderecha desmovilizados en 2006.

También es uno de los puntos estratégicos de salida de cargamentos de cocaína que parten del Pacífico colombiano hacia Centroamérica y Estados Unidos. Así como un enclave de minería ilegal de oro, cuyos réditos, según la fiscalía, superan los del narcotráfico.

Reconocida como última guerrilla del país tras el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el ELN cuenta con unos 2.300 combatientes en el país y una extensa red de apoyo urbana.

La organización rebelde opera en el 12% de los 1.100 municipios colombianos, según investigaciones independientes, y la fuerza pública colombiana afirma que tiene presencia en Venezuela.

La ofensiva ocurre en medio de una de las mayores olas de violencia registradas en Colombia desde la firma de la paz con las FARC, que se traduce en al menos 69 masacres registradas en lo que va del año por el observatorio independiente Indepaz.

El país se encuentra inmerso en un conflicto de casi seis décadas que deja más de nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados.

AFP